Los principales bloques de la oposición no se ponen de acuerdo sobre el papel que deben desempeñar las Fuerzas Armadas en esta etapa de la Argentina. Pero todos coincidieron ayer en el mismo reclamo: la reforma que pretende instrumentar el Gobierno no puede resolverse por decreto, sino que debe pasar por el Congreso.
Por diferentes caminos y por ahora sin coordinación entre sí, las bancadas de diputados del Frente para la Victoria (FPV), del Frente Renovador, del Bloque Justicialista, del Movimiento Evita y de Libres del Sur dieron los primeros pasos para avanzar en la derogación del decreto 683/18, con el que el presidente Mauricio Macri habilitó la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y en otras tareas de seguridad interior.
“Con un decreto reglamentario el Gobierno intenta legitimar la intervención militar en las llamadas ‘nuevas amenazas’, como el narcotráfico y el terrorismo, lo cual resulta absolutamente inconstitucional”, se sostiene en los fundamentos de un proyecto para derogar el decreto de Macri, presentado ayer por el jefe del bloque del FPV, Agustín Rossi, otros diputados de esa bancada y la integrante del Movimiento Evita Lucila De Ponti.
“Nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley, en este caso la ley de seguridad interior, que establece los excepcionales supuestos en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la materia”, agregaron los diputados. Optaron por un proyecto de ley, que cuenta con un antecedente paradójico: en 2014, la entonces diputada Patricia Bullrich presentó una iniciativa para derogar el decreto de Néstor Kirchner que acaba de modificar Macri.
En la misma línea, los diputados Victoria Donda (Libres del Sur), Daniel Arroyo (Frente Renovador) y Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) darán una conferencia de prensa mañana, a las 12.
Estos sectores señalan como punto más preocupante del decreto de Macri que se haya modificado el artículo del decreto de Kirchner que circunscribía la intervención de las Fuerzas Armadas a una agresión externa de un “ejército estatal extranjero”.
El massismo fijó postura por medio de un comunicado, en el que anunció la presentación de un proyecto de resolución para rechazar el decreto presidencial y solicitar el envío de un proyecto de ley. “Una de las funciones que le competen al Congreso es dictar las normas para la organización y gobierno de las Fuerzas Armadas, siendo la Cámara de Diputados la que debe iniciar el tratamiento de la legislación sobre esta temática”, indicó la jefa del bloque del FR, Graciela Camaño.
La diputada recordó que en 2017 su bloque presentó un proyecto para ampliar las funciones de las Fuerzas Armadas. “Sería oportuno y conveniente que el Congreso legisle para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate de delitos complejos. No se puede hacer por decreto”, señaló.
Una posición similar mostró el presidente del Bloque Justicialista. “Estamos de acuerdo con pedir que se derogue el decreto y se habilite en el Congreso la discusión sobre criterios de una seguridad interior moderna y democrática”, dijo.
El diputado aclaró, de todos modos, que no coincide con el contenido del decreto presidencial: “No nos negamos a buscar aportes operativos de los militares en zonas de frontera, pero no debe ser una competencia ‘ordinaria’ de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior”.
Kosiner agregó que, sin modificar la ley, “el Gobierno debería convocar al Consejo de Seguridad Interior para coordinar el aporte de infraestructura y logística delMinisterio de Defensa a la política de seguridad en área de frontera para la lucha contra el narcotráfico”.
Fuente: La Nación