Luego del fracaso de la sesión de este miércoles en Diputados, donde se iban a tratar proyectos para aminorar el impacto de la suba de tarifas, el Gobierno se reunirá con los jefes parlamentarios de Cambiemos para hallar una solución al conflicto.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, encabezará este jueves en Casa Rosadaun encuentro con los principales referentes legislativos de la UCR y la Coalición Cívica. El objetivo: hallar una posición común que pueda consensuarse con la oposición.
El Gobierno evalúa dejar en suspenso la próxima etapa de ajustes de las tarifas de los servicios públicos tras la escalada de la inflación, que en marzo se posicionó en 2,3%.
Si bien la decisión final está en manos de Mauricio Macri, todo apunta a que se postergarán algunos de los incrementos que ya fueron pautados. El Presidente ya cuenta con distintas opciones que le prepararon los funcionarios del área energética. Hacia adelante, restan por aplicarse alzas en las tarifas de luz, gas y transporte público.
Deberá convalidar qué aumentos se llevarán a cabo y cuáles no. No obstante, la decisión política ya está tomada: el Presidente quiere cumplir con lo dicho en el Congreso, el 1° de marzo último, cuando en la apertura de las sesiones ordinarias anunció que “lo peor ya pasó”.
La previa
El mayor malhumor social por la constante suba de precios venía siendo detectado por las distintas encuestas de opinión pública. De hecho, para este jueves se estaban organizando desde las redes sociales diversas protestas en contra de las tarifas en varios puntos del país.
Pero el tema tomó un verdadero impulso político cuando Elisa Carrió puso el grito en el cielo.
“Lilita” advirtió que iba a presentar un proyecto de resolución para que Marcos Peña diera explicaciones sobre los cuadros tarifarios y los controles que se les aplican a las compañías de servicios públicos.
El radicalismo -socio de Macri en la alianza Cambiemos- acompañó el reclamo de Carrió, y directamente pidió una moderación en las alzas tarifarias.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, habló de “errores políticos” al referirse a los aumentos concedidos por el Ejecutivo.
El radicalismo sospecha que parte de esos ajustes serán utilizados para que las empresas recuperen algo de la rentabilidad perdida durante el kirchnerismo. Y que, por lo tanto, no tienen nada que ver con la necesidad de achicar el desequilibrio de las cuentas públicas.
Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, sinceró el debate que se da puertas adentro: “Tenemos un planteo interno en el Gobierno de gente que pide que los aumentos se dilaten un poco, que se hagan más lentos”, admitió el senador, uno de los interlocutores más cercanos del jefe de Estado.
De todas maneras, recordó que el camino tomado ha respetado cierta dosis de gradualismo: “Este año estamos pagando los incrementos que tendrían que haber sido el año pasado. No por las elecciones, sino porque era muy duro en ese momento”, afirmó.
En este contexto, Marcos Peña dijo que accederá a darle explicaciones a Lilita. Y trató de “actitud demagógica e irresponsable” al reclamo de Cristina Kirchner de retrotraer los niveles tarifarios a inicios de 2017.
Por lo pronto, en Casa Rosada están decidiendo qué hacer con las subas que ya están en agenda. Es decir, con las que aún no han sido aplicadas pero que fueron comprometidas por el Gobierno ante las compañías.
Aranguren se adelantó
Un indicio de que el esquema previsto sufrirá alteraciones lo dio el propio ministro de Energía, Juan José Aranguren (uno de los “halcones” del Gobierno), partidario de los reacomodamientos de las tarifas y el más apuntado por Carrió, UCR y la oposición.
En una planilla oficial, ya rebajó el precio al que debería llegar la tarifadel gas para el próximo año: corrigió esa meta de u$s6,80 por millón de BTU (unidad de medida del gas) a u$s6,40. Esa merma implica de por sí un menor reconocimiento a las compañías gasíferas que vienen reclamando incrementos.
Además, fuentes oficiales y analistas del sector admitieron a iProfesional que el precio del gas en boca de pozo (es decir, el que recibe el productor antes que sea transportado y distribuido en la red) podría permanecer un tiempo más en torno al valor actual (u$s4,70), pese a que el cronograma vigente haga referencia a una suba en octubre (a u$s5,30).
Este ajuste, del 13%, se trasladaría al costo de los hogares. En el esquema del Gobierno, el precio del gas al consumidor debería elevarse cerca de un 20% adicional en el segundo semestre, si se mantuviera el plan original.
En otras palabras, el metro cúbico para el segmento residencial, que hasta el año pasado incluía 53% de subsidios, debía pasar al 37% (subsidiado) en 2018 y a tan sólo 10% en 2019.
El precio del fluido no es el único incremento en carpeta. Todavía resta un retoque en la energía eléctrica, en el tramo de la generación.
En su momento, Aranguren estimó que las tarifas de luz subirían entre un 25% y 30% hasta fines de 2019, más los ajustes semestrales por inflación.
En el calendario también queda un 26% de suba en las boletas de Aysa (agua potable), empresa que atiende en la Ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano bonaerense.
Pero el golpe más duro para el bolsillo llegará del transporte público, para el que también se viene cumplimentando un cronograma.
El boleto mínimo en el área metropolitana se elevó de $6 a $9 bajo el régimen multimodal y debería escalar a $10 en junio.
También está previsto un ajuste para el subte: el pasaje debería elevarse de los actuales $7,50 a los $11.
Estos incrementos se harán. Lo que evalúa ahora el Gobierno es dejar en un impasse cualquier ajuste durante el segundo semestre, una puerta que dejó abierta el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
El Ejecutivo reconoce, puertas adentro, que los aumentos en colectivos, trenes y subtes pegan directamente en el poder adquisitivo de los ciudadanos que diariamente se movilizan a sus trabajos. Y que ir más allá de lo ya anunciado podría trabar el crecimiento económico y potenciar la ya complicada dinámica inflacionaria.
Iprofesional