Durante las presidenciales 2015 los tres principales frentes electorales del país pusieron a nombre de jubilados, pensionados y monotributistas incautos o simplemente “presta-nombres” millones y millones de pesos.
La Justicia volvió a detectar en las PASO de 2015 algunas de las anomalías que ya habían sido señaladas en 2007, en donde la campaña del presidencial de Cristina Fernández fue utilizada para lavar dinero del narcotráfico, situación en la que hoy están involucrados Ibar Pérez Corradi y el ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli.
Es porque la Cámara Electoral es muy estricta en el control y origen de esos fondos y de esa manera la responsabilidad caía toda sobre personas extrañas al manejo del los fondos.
La información se desprende de la auditoría realizada por la Cámara Nacional Electoral sobre los informes de financiamiento para las últimas PASO que presentaron los principales partidos políticos. Donantes sin capacidad económica, aportantes fantasmas, reconocidos asesores que no fueron declarados y millonarios gastos de pre-campaña fuera de la ley son algunas las prácticas que ejecutaron Cambiemos, el Frente para la Victoria (FPV) y UNA.
Así por ejemplo Cambiemos puso 36 millones de pesos de su campaña presidencial a una jubilada de 68 de Villa Celina, La Matanza. Stella Maris Sandoval fue la responsable económica de la alianza Cambiemos, que encabezó Mauricio Macri, pero que también contuvo a los entonces precandidatos presidenciales Elisa Carrió y Ernesto Sanz, infomaron fuentes judiciales. Stella Maris está secundada por otra jubilada. María Armanda Inza, de 82 años. Ninguna de las dos reconoce haber manejado ese dinero, y lleva una vida más vale de escasez en los populares partidos bonaerenses.
Los partidos políticos evitan designar a dirigentes activos porque la ley de financiamiento electoral fijó como castigo para los responsables económicos la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados.
Eso mismo le sucedió, por ejemplo, al kirchnerismo en la campaña presidencial de 2007. La Justicia detectó que la campaña de la entonces candidata Cristina Kirchner había sido utilizada para lavar dinero del narcotráfico y por eso fueron procesados esta semana los responsables de esa campaña.
De acuerdo a la autotomía de la Cámara Nacional electoral, fue la campaña Daniel Scioli, sin embargo, la que sufrió las observaciones más agudas. El conflicto comenzó cuando tres supuestos donantes que aparecieron en la lista preliminar se presentaron ante la Justicia para negar dicho aporte. Entonces el FPV presentó una rectificación del informe, que estaba compuesto originalmente por mayoría de empleados públicos, según reveló una investigación del sitio Chequeado. Reemplazaron, entonces, 212 aportantes por otros nuevos donantes. Desde el partido respondieron por escrito a la Justicia que todo fue parte de “un error administrativo”.
Pero la nueva lista de donantes también sufrió llamativas observaciones en la auditoría: la Cámara detectó más de 200 aportantes que no cumplían con las condiciones financieras mínimas para realizar dichas contribuciones. Son monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 60.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000.
Cambiemos también tuvo que dar explicaciones por este tema, ya que la Cámara Electoral detectó a 95 de sus donantes en la misma situación. De acuerdo a lo revelado hoy por La Nación no es el primera vez que cambiemos tiene irregularidades con las contribuciones privadas a Cambiemos. La Justicia sospecha que 19 personas realizaron aportes indirectos de sus empresas -que están prohibidas- por casi $ 1 millón. Según reveló otra investigación de Chequeado, Macri recibió bajo esta modalidad aportes por $ 3 millones de contratistas del Estado.