El suspendido director de la aduana, Juan José Gómez Centurión, presenta hoy una denuncia contra el abogado Maximiliano Rusconi. Acusa al reconocido letrado de ser el autor de una maniobra destinada a involucrarlo en casos de contrabando. Para Gómez Centurión la maniobra obedece a su investigación sobre una mafia organizada para el ingreso de containers no declarados o “subdeclarados”.
Rusconi defiende a los hermanos Miguel y Alejandro Paolantonio, acusados de liderar una organización dedicada al contrabando, en una causa en la que instruye el juez Marcelo Aguinsky. Rusconi saltó a la fama cuando aceptó representar al ex asesor informático de Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, aunque ya era reconocido por ser letrado de varias figuras controversiales.
Gómez Centurión fue desplazado de su cargo tras una acusación anónima que recibió el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich. Sin embargo, y aunque no estableció plazos para su vuelta a la Aduana, esta mañana el presidente Mauricio Macri respaldó al ex funcionario, al avalar lo que definió como “impresionante contrabando” descubierto por Gómez Centurión. “Cuando se pidió que se abran los cientos de containers que estaban sospechados antes de ingresar, muchos se fueron para Uruguay”, dijo desde China el primer mandatario.
Según el programa del conductor Luis Majul ( “La Cornisa” -América TV), Gómez Centurión reseña en su presentación que Rusconi lo había acusado de “falso testimonio” e “irregularidades en la recolección de pruebas”.
Para el también extitular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña, la denuncia de Rusconi ante la Cámara Federal y el anónimo que llegó al ministerio de Seguridad se difundieron “casi al mismo tiempo y la manera” en la cual fueron presentadas tienen “un mismo tono”.
Se trataría de una operación coordinada con el objeto de apartar a Gómez Centurión de la Aduana, días después de que el exfuncionario denunciara y presentara ante la justicia irregularidades por 14.000 millones de dólares.
Los Paolantonio
Rusconi es el representante legal de los hermanos Miguel y Alejandro Paolantonio, acusados de liderar una organización dedicada al contrabando, en una causa en la que instruye el juez Marcelo Aguinsky.
Los Paolantonio están acusados de sacar la mercadería sin pagar impuestos a través de la empresa Transportes DTM.
Rusconi también acaba de obtener la representación de Lázaro Báez y trabaja en la defensa del contador Andrés Galera procesado como presunto testaferro de José López.
Asimismo defiende, en el expediente por la muerte del fiscal Alberto Nisman, al hasta ahora único imputado, Diego Lagomarsino.
Un equipo que trabaja con Gómez Centurión notó que entre la denuncia formal de Rusconi y la acusación anónima que llegó al ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich hubo una diferencia de apenas cuatro minutos.
La primera se presentó a las 12:35 ante la Cámara Federal y la segunda (anónima) fue recepcionada por el funcionario Pablo Noceti y entregada al secretario Guillermo Soares Geche en el Ministerio de Seguridad.
La cartera que conduce Bullrich recibió un sobre cerrado papel madera en donde se describía “los negocios” entre Gómez Centurión y el empresario Barreiro Laborda y otros al que se adjuntaba un CD con escuchas telefónicas.
Gómez Centurión encargó “un análisis semiológico” porque sospecha que “la lógica argumental y sintáctica de las dos denuncias son muy parecidas y podrían haber salido del mismo emisor”.
El exoficial del Ejército recibió el llamado de Alberto Abad a las 18.45 del mismo viernes en que entraron las denuncias, en el cual se le informaba que se lo separaba de manera preventiva de la Aduana, por disposición del presidente Mauricio Macri.
“Esto quiere decir que entre la primera acción de Rusconi y la decisión del Presidente pasaron apenas 6 horas y diez minutos”, conjeturaron los abogados del excarapintada
Además de esta “sospechosa maniobra de coordinación”, los representantes legales de Gómez Centurión solicitaron que se efectúe “una pericia técnica para certificar que “los audios fueron manipulados editados y sometidos a regrabaciones”.
Según deducen los letrados del extitular de la Aduana, en los registros presentados ante el Ministerio de Seguridad se perciben “cortes abruptos en la secuencia de audio; diferencia de nivel de volumen y ruidos transitorios”.