En la última sesión del Concejo ingresaron para el tratamiento dos notas que alertan sobre un supuesto mal funcionamiento del Instituto Municipal de Previsión Social de Venado Tuerto, entre otras cosas, se puntualiza el maltrato de personal y evasión de dictamen jurídico en beneficios jubilatorios. El Concejo resolvió invitar a una reunión a los denunciantes, para interiorizarse con mayor profundidad de lo que estaría aconteciendo.
La primer carta lleva la firma de una actual empleada del instituto, que pone a conocimiento de los ediles un intolerable “acoso laboral y agresión personal” que sufre desde hace tiempo de manos de la presidenta Mónica Boladeras, las cuales la llevó a presentar licencia debido al daño anímico causado.
“Hace 22 años que trabajo en el Instituto; sin embargo, el clima de armonía y respeto imperantes que alguna vez fueron un factor más en el fortalecimiento de mi sentido de identificación y pertenencia al servicio del Instituto, hoy se torna doloroso. El nivel de acoso y agresión personal de que la presidenta Mónica Boladeras ha venido haciéndome objeto desde prácticamente su asunción, no puedo seguir callándolo”, explica en la misiva.
En este sentido denuncia “agresiones verbales, hostigamiento, maltrato y humillaciones soportadas, fruto de una personalidad inestable que pareciera sentirse con el poder y el derecho de hacer de su cargo un ejercicio de sumisión de quienes están bajo sus órdenes”; aduciendo también reacciones intempestivas y descalificadoras, acusaciones de confabulación y engaño, sumado a reiteradas amenazas de suspensión.
“Vengo padeciendo esto desde hace dos años y no doy más. Desde hace más de un año estoy con tratamiento psicológico y ahora completando con asistencia psiquiátrica, por lo que presentó certificado médico que prescribe licencia, dado que por mi estado anímico se me aconseja no acercarme al instituto”.
La otra nota cursada proviene de un contador público, quien optó por dejar de prestar servicio en el Instituto, y pide informes respecto al manejo financiero de la institución. En este aspecto cita que desde noviembre de 2012 hasta la fecha los nuevos beneficios jubilatorios se aprueban por el directorio “sin el correspondiente Dictamen Jurídico, el cual permite -entre otras cosas- conocer si un beneficiario jubilado-pensionado es legítimo acreedor a una jubilación-pensión”.
Asimismo solicita que se difundan los motivos por los cuales el Instituto no cumple con el principio de control interno –“todo lo que se recauda, se deposita”-, visto que los saldos de existencia de Caja en los últimos seis meses expresan montos superiores a 50.000 pesos, según mencionan los balances de tesorería, aprobados por el directorio. “Esta práctica atenta con la sana administración de fondos y a su vez plantea una exposición innecesaria y riesgosa a la seguridad”.
Por último cita el caso puntual de un empleado jerárquico cuya jubilación fue aprobada y otorgada sin que previamente hayan ingresado a las arcas del instituto fondos relativos a sus aportes personales y patronales. Como así también, pago de reajustes en 2012 a otros jubilados y pensionados que fueron otorgadas con anterioridad en el 2015.