PoliticaDetalles de la investigación de Bonadio que incluye a Freyre y también al ex intendente de Rufino como imputados

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En la causa que ayer salió a la luz por el pedido de informe que realizaron los concejales radicales, Leonel Chiarella, Juan Ignacio Pellegrini y Santiago Meardi, no solo figura en carácter de imputado el intendente venadense, José Luis Freyre, sino también el ex mandatario de Rufino (hoy concejal), Gustavo Dehesa y otros 96 jefes comunales de todo el país. La mayoría de los mismo ya testificaron ante el magistrado (Freyre lo hizo el 31 de julio y Dehesa el 6 de junio) aunque todavía falta una tanda que cerraría recién el 26 de octubre, por lo tanto por lo menos hasta dicha fecha no se tendrá noticia alguna sobre cómo quedará cada uno de ellos ante la justicia.

Mientras tanto ayer el caso tomó trascendencia nacional y un canal porteño destacó la información sobre su capítulo en nuestra ciudad haciendo alusión al ocultamiento por parte de Freyre de la imputación judicial.

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Cabe destacar que la causa tiene como principales imputados a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y a los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis; quienes fueron los primeros que comparecieron  y se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). En dicho programa se beneficiaron 190 municipios entre 2013 y 2015 pero el magistrado por ahora investiga a 98 de ellos.

El expediente comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo.

En la auditoría, según consta en un resumen de la causa al que accedió se concluyó que, entre 2013 y 2015, el programa “funcionó con serias deficiencias de control interno, que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos“.

La denuncia se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa. Por ello pidió un “relevamiento del resto de los 194 expedientes“.

El ex intendente de Rufino, también se encuentra imputado
El ex intendente de Rufino, también se encuentra imputado

El análisis alcanzó 120 municipios y alrededor del 75% (unos 90 distritos) tuvieron irregularidades, como la falta de un mapa crítico” para identificar lugares “vulnerables”; la aprobación de proyectos sólo a partir de trámites administrativos; la falta de control interno en la ejecución de planes, y las solicitudes de comunas que no reunían los requisitos, pero igualmente recibieron giros de dinero.

La investigación apunta hacia los intendentes, algo que Capitanich, al presentarse ante Bonadio, abonó. El 1º de noviembre del 2017 dejó un escrito y planteó que los “responsables” de la ejecución fueron los jefes municipales y que la Jefatura de Gabinete solo  era responsable de la transferencia de fondos. Entre 2013 y 2015, Ambiente era una secretaría que dependía de la Jefatura de Gabinete. Capitanich fue ministro coordinador entre noviembre de 2013 y febrero de 2015. En 2014, según determinó una auditoría que realizaron Ambiente y la Sigen, se giraron $ 275.065.082 a 64 municipios, de los cuales 49 eran de Chaco, provincia que gobernó Capitanich, actual intendente de Resistencia. El 29,4% de los fondos totales del programa fue a municipios chaqueños.

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En 2013, los giros a municipios fueron por $ 182.856.775; en 2015, por $ 132.215.069. En los tres años bajo la lupa se acumuló un total de $ 590.136.927.

Una auditoría del Ministerio de Ambiente sobre los municipios chaqueños incluidos en el plan concluyó que no se justificaron “los criterios técnicos y valorativos para otorgar más de $173 millones el mayor gasto del programa a una provincia que en conjunto genera el 0,81% de los residuos sólidos urbanos a nivel nacional”. En el caso del municipio chaqueño de Santa Sylvina, “se hace mención al reciclado de residuos patológicos, que son controlados por otra legislación”, dice el informe.

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El 30 de octubre del 2017 declaró Abal Medina, jefe de Gabinete entre diciembre de 2011 y noviembre de 2013. Presentó un escrito en el que explicó sus “competencias y accionar” con los fondos.

Aníbal Fernández, investigado en la causa por su segundo período como jefe de Gabinete, que comenzó en febrero de 2015, declaró el 18 de octubre. Contestó preguntas, cuestionó la denuncia y negó irregularidades.

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El caso de Venado

Nosotros firmamos un convenio allá por el 2012 por 8 millones de pesos, de los cuales solo recibimos 2 millones de pesos. Acá está el convenio que firmamos (mostrando los papeles), el comprobante de la transferencia bancaria desde el gobierno nacional y las facturas que se rindieron”, dijo ayer el intendente José Luis Freyre.

Luego aseguró que se utilizó el dinero como correspondía y que se contaba con las facturas respectivas de cada uno de los gastos, es más aclaró que con fondos propios se invirtieron casi 30 millones en la nueva planta de residuos.

De todos modos por ahora en la causa figura como imputado y tendrá que esperar que la investigación judicial se desarrolle para saber qué pasará con dicha causa y si finalmente Bonadio determina su inocencia.

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