El gigante brasileño JBS tenía todo arreglado con Minerva, otra mega empresa del mismo país, la venta todas sus plantas en Argentina (entre ellas la ubicada en nuestra ciudad), Paraguay y Uruguay, pero un juez federal de Brasilia ordenó detener el negocio para no entorpecer las investigaciones del escándalo de corrupción que tienen como eje a la mayor procesadora de carnes del mundo. De esta manera se abortó la esperanza de que la nueva firma decidiera poner en funcionamiento nuevamente el frigorífico de Venado Tuerto.
Al respecto cabe recordar que dicha planta permanece cerrada desde el 3 de enero del 2012 fecha en la que se realizó el primer despido en bloque de casi 500 trabajadores, aunque unos 34 empleados que se negaron en acogerse a la figura del retiro voluntario y resistieron hasta el 21 de agosto del mismo año, fecha en la finalmente fueron despedidos.
De hecho el 22 de enero del 2016 poco después del cambio del gobierno en nuestra país desde JBS habían adelantado la oportunidad de reapertura en nuestra ciudad teniendo en cuenta el cambio del panorama político, sin embargo esa opción de frustró debido a que esos “cambios” no fueron tan profundos como se esperaba en la industria cárnica y además por que la empresa se encuentra envuelta en el escándalo de corrupción que tiene en vilo a todo Brasil. Ahora lo posibilidad de reapertura a futuro parecía acercarse una vez más con el cambio de propietario,de hecho los titulares de Minerva habían adelantado su interés en reflotar las distintas plantas, pero esta opción también se frustro.
Lo cierto es que la información da cuenta que JBS decidió desprenderse de varios activos y pactó la operación relatada líneas atrás por una cifra cercana a los US$ 300 millones, pero dicha venta estaba supeditada a la medida cautelar que pesaba sobre dichos activos desde que el mes pasado firmó un acuerdo de colaboración con la justicia que reveló una enorme red de sobornos y puso en jaque al presidente Michel Temer.
Así el juez Ricardo Soares, del 10º Tribunal Federal en Brasilia, señaló que es “prematura cualquier decisión para liberar la venta de acciones” como habían pedido los dueños del frigorífico, los hermanos Joesley y Wesley Batista.
El gigante brasileño JBS
En su acuerdo de delación premiada, los hermanos Batista se comprometieron a pagar una multa récord de US$ 3200 millones y solicitaron a la justicia permiso para vender sus activos en el Mercosur, que habían sido adquiridos en la última década con financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), para abonar el castigo. En la Argentina, JBS posee cinco frigoríficos (en Rosario, Venado Tuerto, Pontevedra, Jesús María y Berazategui), además de una planta para hamburguesas (en Pilar) y un centro de distribución; en Paraguay cuenta con tres frigoríficos, y en Uruguay, uno.
El último lunes, JBS había revelado también un plan de desinversión de US$ 1800 millones, con el que pretende recortar sus deudas y la pérdida del valor de la compañía tras el estallido del escándalo; indicó que procura vender sus participaciones en la empresa de lácteos brasileña Vigor, en la avícola británica Moy Park y en el criadero vacuno estadounidense Five Rives Cattle Feeding. El juez Leite recordó que los préstamos que recibió JBS del Bndes están todavía bajo investigación por presuntas irregularidades y que en su acuerdo de delación premiada los Batista se comprometieron a esclarecer los hechos y presentar pruebas en un plazo de 120 días que aún corre.
“No hay razón para que, antes de expirado ese plazo, se levante la cautelar”, escribió el magistrado federal, quien también subrayó que la pretendida venta no había sido autorizada por el Consejo de Defensa Económica (Cade), y que el propio Supremo Tribunal Federal (STF) analiza en estos días si revisará el acuerdo de delación premiada de JBS, considerado por muchos -el gobierno de Temer incluido- demasiado leve para la magnitud de la trama de corrupción que desplegó la compañía entre los principales partidos políticos y órganos del Estado.
El miércoles mismo, Joesley Batista prestó nuevas declaraciones sobre el caso a la Policía Federal, en la llamada Operación Bullish. Según la policía, hay indicios de “gestión temeraria y fraudulenta” del Bndes para financiar la expansión de JBS entre 2007 y 2011, a la que prestó un total de US$ 2400 millones que le permitieron a la empresa convertirse en la mayor procesadora cárnica del mundo.
“JBS va a presentar todos los recursos posibles dentro de los plazos”, se limitó a afirmar el director de relaciones con inversores de JBS, Jeremiah O’Callaghan.
No fue la única medida judicial que enfrentó JBS. Por instrucción del gobierno de Temer, la Abogacía General de la Unión (AGU) solicitó al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que congele todos los activos pertenecientes al gigante cárnico y a sus accionistas mayoritarios para garantizar que la compañía pueda reembolsar a las arcas estatales los prejuicios que sufrió el Bndes en sus acuerdos con JBS, estimados en unos US$ 255 millones.
La AGU se decidió a actuar tras la divulgación del plan de desinversión de JBS que, para la entidad estatal, está en “avanzado proceso de deshacerse de sus bienes en el país”.
En la Argentina, Minerva no tenía presencia. Había quedado al margen de la ola de compras que se desató en 2005, primero con la llegada de JBS y luego con Marfrig. Como atractivo para entrar en el mercado local, los especialistas visualizaban la cuota Hilton, cortes de alta calidad con destino a la Unión Europea.
Fuente: Venado 24/ La Nación