Ayer asistieron a la sede del Concejo Municipal los dos empleados del Instituto Municipal de Previsión Social de Venado Tuerto (IMPS) que habían elevado una nota alertando sobre el mal funcionamiento de la entidad y el maltrato al personal.
Lo cierto es que Adriana Gorini y Alfredo Blanco se encargaron de confirmar lo sostenido en la misiva y en dar mayores detalles que sorprendieron a los propios concejales. Así entre varias cosas relataron anécdotas sobre la manera en que la actual presidenta del Instituto, Mónica Boladeras, trata a los trabajadores del lugar y a ciertas arbitrariedades a las que recurre cotidianamente.
Por ahora los ediles evalúan distintas opciones que van desde pasar el caso a la comisión de investigación y control del mismo legislativo y la de citar a más empleados del lugar para escuchar otras versiones al respecto o directamente interpelar a la propia Boladeras. De todos modos cabe destacar que en agosto de este año se le vence el mandato por lo cual no sería de extrañar que solo terminen dejando pasar el tiempo para luego tratar de no renovarle el cargo.
Lo cierto es que Adriana Gorini es una empleada de IMPS que se encuentra por licencia bajo tratamiento psicológico, mientras que Alfredo Blanco era el contador de la entidad y acaba de renunciar. Ambos acusan a la presidente de la entidad de acoso y persecución hacia sus personas. Mientras la primera dijo haber tenido que realizar un tratamiento psicológico como consecuencia de los maltratos sufridos, el segundo sostiene que tuvo que declinar de su cargo luego de haber tolerado una persecución que incluyó apercibimientos.
De esta manera Gorini se explayó sobre distintos hechos que demostrarían su denuncia de acoso laboral, agresiones verbales, hostigamiento, maltrato y humillaciones. Entre ellos algunas de las “historias” contadas hasta revisten la calidad de insólitas, así por ejemplo relató que la presidenta obliga a sus empleados a esperarla con el desayuno preparado y que si el mismo no tiene ciertas características los encargados de prepararlo son víctima de un escarmiento.
Por su parte el contador además se explayó sobre ciertas irregularidades en el manejo financiero de la institución. En este aspecto confirmó que desde noviembre de 2012 hasta la fecha los nuevos beneficios jubilatorios se aprueban por el directorio “sin el correspondiente Dictamen Jurídico, el cual permite -entre otras cosas- conocer si un beneficiario jubilado-pensionado es legítimo acreedor a una jubilación-pensión.
También denunció que en el Instituto no se cumple con el principio de control interno –“todo lo que se recauda, se deposita”-, visto que los saldos de existencia de Caja en los últimos seis meses expresan montos superiores a 50 mil pesos, según mencionan los balances de tesorería, aprobados por el directorio
Y a su vez se refirió a un caso puntual de un empleado jerárquico cuya jubilación fue aprobada y otorgada sin que previamente hayan ingresado a las arcas del instituto fondos relativos a sus aportes personales y patronales. Como así también, pago de reajustes en 2012 a otros jubilados y pensionados que fueron otorgadas con anterioridad en el 2015.