Los concejales del bloque oficialistas anunciaron que presentarán en la próxima sesión legislativa un proyecto de ordenanza que plantea la necesidad de otorgar una excepción al Plan Territorial, para la puesta en marcha de dos empresas que han expresado su deseo de comenzar a trabajar en la ciudad.
Se trata de la reapertura de las estaciones de servicio de Castelli y Mitre, y de Lavalle y 25 de Mayo; generando allí más de 30 puestos de trabajo. Ambas estaciones se encuentran ubicadas en las zonas identificadas como “Z1” y “Z2”, y por tanto tendrían vedada su reapertura.
“Lo que se pretende es otorgarles un uso condicional por un plazo de tiempo limitado, con un fuerte control del estado municipal y sometiéndolos a condiciones claras que minimicen los riesgos que pueda generar su funcionamiento. Para ello debemos modificar el ordenamiento territorial”, explicó Marenghini.
“En el marco de esta crisis laboral que atraviesa el país en general y la ciudad en particular, tenemos que priorizar la generación de empleo”, señaló.
El concejal justicialista viene siguiendo de cerca la evolución de la difícil situación laboral que atraviesa la ciudad, en el marco de la crisis económica que vive el país. “Nos hemos reunidos con trabajadores, con empresarios; y a partir de ello generamos una serie de proyectos que atiendan esta situación. Estamos viviendo despidos en empresas grandes, medianas y pequeñas, contratos temporales que no se renuevan, comercios que cierran y empresas en situación de crisis. Frente a eso el intendente Freyre nos ha pedido que no nos quedemos como testigos silenciosos“, planteó Marenghini.
Respecto a la vulneración de lo pautado en el Plan Territorial, Marenghini planteó que “la reglamentación del Plan Territorial es una foto, una imagen estática que planifica el desarrollo de la ciudad; pero nosotros tenemos la obligación de adaptarlo a la coyuntura, que va variando y generando nuevas necesidades y realidades. De todas formas, lo que nosotros pretendemos es abrir el debate. Para nosotros, hoy por hoy, que la gente no tenga trabajo es un drama que se impone por su propio peso, y creemos que eso es lo que tenemos que priorizar”.
Según explicaron los ediles justicialistas la excepción estaría supeditada a la realización de un estudio de impacto ambiental, y a un compromiso por parte de los empresarios de realizar los trabajos, las obras e inversiones que surjan como necesarias a partir de ese estudio de impacto ambiental.
“Existe hasta hoy un uso prohibido principalmente por el tránsito. Después por cuestiones de seguridad ambiental, ante el riesgo que genera lo inflamable del material comercializado en ese tipo de comercios. Lo que pretendemos es permitir un uso condicional y temporal, supeditado a la presentación del estudio de impacto ambiental, y al hecho concreto de que los interesados inviertan todo lo que sea necesario para disminuir al máximo los riesgos y pasivos que pudiera arrojar como resultado ese estudio“, precisó.
“La confirmación que hiciera el propio responsable de ANSES Venado Tuerto, que es funcionario del gobierno nacional, de que en los últimos dos meses se incrementó en un 50% la demanda de seguros de desempleo es una luz roja ya encendida. Estamos viviendo un verdadero drama social”, concluyó.