Primero fue el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien salió a criticar la decisión del Juez Penal de Venado Tuerto, Benjamín Révori, por la cual le otorgó la libertad a los integrantes de la organización delictiva que se quedó con 32 inmuebles y mil hectáreas de campo en el sur de Santa Fe, lo que sumaría una estafa cercana a los mil millones de pesos. Luego fue el turno del propio fiscal de la causa quién en declaraciones posteriores a las maratónicas audiencias desarrolladas en los últimos días, expresó que lo sorprendió la decisión del magistrado. Y posteriormente, fue el senado provincial, Lisandro Enrico, quien cuestionó la resolución mediante una nota enviada a los medios de comunicación.
Por supuesto de la misma manera en las redes sociales y en los posteos en los diferentes diarios digitales el repudio a la decisión fue unánime.
Cabe recordar que los 16 imputados por la causa de una manera u otra se salvaron, por ahora, de quedar detenidos en una unidad carcelaria. Así la cronología de los hechos indican que el último viernes el primero en “zafar” fue el contador oriundo de Buenos Aires (partido 3 de Febrero) Walter Díaz Franco, quien pidió acogerse a la figura del arrepentido y por dicho motivo se lo benefició con la prisión preventiva domiciliaria. A la vez Révori le otorgó la libertad a Milena Fischer (empleada del estudio presidido por el implicado como el cabecilla de la banda, Antonio Di Benedetto) y le dio por cuestiones de salud, la prisión domiciliaria a Juan Carlos Rullo.
Seguidamente, la medida más inesperada del magistrado fue la resuelta el sábado mañana cuando le otorgó la libertad condicional bajó una caución de un inmueble por el valor de 170.000 dólares al abogado Antonio Di Benedetto, sindicado por el fiscal Matías Merlo como el jefe de la asociación ilícita
En tanto el mismo día por la tarde quedaron bajo libertad condicional el escribano Eugenio Casadei; el gestor, Raúl Jaime, Luis Alberto Bentati, Alberto Long, Ángel Emilio Moreale, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, Alejandro Dall’Armellina, Roberto Miguel Sainz, Danisa Elisabet Pintos y María de los Ángeles Sarría. Aunque está última seguirá en prisión domiciliaria por una causa por estafa anterior.
Las quejas contra Révori
“Realmente no esperábamos está resolución porque las cuantiosas pruebas presentadas antes el juez, entre ellas las escuchas que comprometen a los implicados en las maniobras, eran suficientes para dictarles la prisión preventiva. Pero parece que en la Justicia sólo van presos los ladrones de gallinas y no aquellos que actúan con guantes blancos y se apropian de inmuebles ajenos. Esos gozan de un beneficio especial y esto es un mensaje muy malo para la sociedad”, sostuvo el fiscal Matías Merlo.
A su vez, Merlo recordó que “los primeros allanamientos se realizaron a mediados de 2017 y entonces no se dió con los inculpados, aunque sí se pudo saber que esas personas tenían información de antemano de que se iban a realizar los procedimientos”. Y dijo no poder entender cómo, “entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 (el abogado Antonio) Di Benedetto, considerado el jefe de la asociación ilícita, siguió manteniendo conversaciones con los demás implicados y otras personas cuyas identidades prefiero reservar, pero en esta oportunidad para ver cómo «se podía arreglar la causa»”.
En ese sentido, el funcionario también mencionó que “en una denuncia registrada en enero en la comisaría 12ª de Venado Tuerto por un caso de estafa similar a la que nosotros investigamos, pudimos comprobar que Di Benedetto paró su elevación a la Fiscalía”. En una escucha sobre ese hecho se oye al abogado decirle a la víctima: “Te vamos a dar una mano, no te preocupés”.
“En base a eso se siguió avanzando y se pidió la intervención de más teléfonos. Así supimos que los líderes de esta asociación ilícita persuadían a personas y obraban para influir en la causa. Por eso nos llamó la atención que el juez aceptara la figura de la asociación ilícita pero desestimara la peligrosidad procesal de sus integrantes, lo que al fin lo llevó a dictarles la libertad con restricciones y no la prisión preventiva que nosotros pedimos”, dijo Merlo.
Y luego agregó: “Estoy convencido que estas organizaciones delictivas de cuello blanco las tenemos que atacar y caerles con todo el peso de la ley, porque muchas veces parece que solo cae para el ladrón de bicicleta –que desde luego también debe sancionarse- y no en este tipo de casos.
Pullaro insistió, “Alentamos las investigaciones contra las organizaciones criminales de cuello blanco” y sumó, “No queremos impunidad para nadie, y todos los poderes debemos entender que la sociedad nos pide señales claras de lucha contra las mafias”.
A su vez el ministro relató, “La medida del juez produce preocupación. Ayer justamente estuve en Venado Tuerto, no hubo persona con la que me crucé que no me mencionara el tema y me pidiera por favor ministro que no queden impunes y mañana estén libres porque son de “guantes blancos”. Lamentablemente hoy fue lo que pasó”.
Con opiniones similares se sumó el senador, Lisandro Enrico, remarcando: “La resolución de otorgar la libertad a los principales involucrados en las causas de estafa en Venado Tuerto, es otro golpe a la credibilidad de la justicia en nuestra ciudad”.
Posteriormente, argumentó: “No se condice que semejante nivel de delitos imputados amerite la libertad provisional otorgada a los autores de delitos, cuya gravedad exigían otro nivel de decisiones. Lo que resulta incongruente es que para otros delitos de menores volúmenes de lesiones jurídicas, la justicia aplicó la prisión preventiva, y para estos delitos de una magnitud mayor, permitió la excarcelación”.
Enrico aprovechó para rememorar que: “La reciente reforma al Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, la cual he impulsado como senador, modificó aspectos como las medidas cautelares en el proceso para que los jueces tengan las herramientas legales para poder ampliar los supuestos de aplicación de la prisión preventiva. Por ello, resulta irritante que ante esta causa que exige tomar todas las medidas de protección se actúe con la liviandad que adoptó el Juez Benjamín Révori”.
Y cerró subrayando: “Pero más allá de los aspectos legales y procesales, lo que más preocupación nos genera es ver cómo día a día se va derrumbando la confianza de la sociedad en la justicia y la degradación en el respeto que los ciudadanos tienen por los jueces”.
Sin peligrosidad procesal
Vale aclarar que la resolución del juez Revori, no implica que en el futuro y según avance la investigación los 16 imputados culminen detenidos.
Es que lo que determinó el magistrado es que para él no existe peligrosidad procesal ya que no quedó demostrado en la exposición del fiscal Matías Merlo que los imputados puedan en libertad entorpecer el avance de la investigación o intentar fugarse.
De todos modos el mismo juez en sus fundamentos avaló las acusaciones del fiscal ya que sostuvo que los implicados en la maniobra delictiva “conformaron una asociación ilícita que se extendió en el tiempo, en forma permanente y con roles determinados”, por lo que avaló los acusaciones presentadas por la Fiscalía. Incluso argumentó que de llegarse a una condena “la misma sería de cumplimiento efectivo”.