Finalmente hoy la megaestafa que fue denunciada en agosto del año pasado por el gobierno provincial a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la que luego se sumó otras denuncias de particulares afectados y que involucra irregularidades en la venta de inmuebles en Venado Tuerto, San Eduardo, Maggiolo; tuvo un importante avance con la realización de 14 allanamientos en la mañana de hoy. Nueve de dichos allanamientos fueron a domicilios particulares, cuatro a escribanías (una de Amstrong y tres de Venado) y a un estudio jurídico. Si bien trascendieron informalmente algunos datos sobre los nombres involucrados desde la justicia prefirieron evitar precisiones para no entorpecer el avance de las investigaciones.
Así pasado el mediodía de hoy los fiscales, Matías Merlo, Juan Pablo Lavini Rosset y el subsecretario del Ministerio de Justicia de la provincia. Matías Figueroa, realizaron una conferencia de prensa para detallar lo sucedido.
Al respecto, Merlo, quien está a cargo de la Agencia Fiscal creada dentro del Ministerio Público de la Acusación para investigar delitos complejos, confirmó que las medidas judiciales realizadas hoy tienen que ver con la causa comenzada en el 2016 por supuestas estafas inmobiliarias y acotó sin demasiadas precisiones: “Recabamos diferente material que puede servir para la investigación penal preparatoria y poder ir desentrañando estas denuncias que fueron planteadas”. Y confirmó que por ahora no hay personas detenidas, “ahora vamos a analizar el material secuestrado y luego tomaremos las medidas pertinentes”, adelantó.
Asimismo, Lavini Rosset, aclaró que “en los próximos días realizarán nuevos procedimientos” y deslizó que luego del análisis del material secuestrado decidirán posibles imputaciones.
A la vez destacó el trabajo de coordinación realizado entre el personal de la fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI).
Y luego explicó el origen de la causa: “Se trata de maniobras inmobiliarias donde aparecen algunos indicadores comunes, coincidencias de personas que nos hacen pensar en delitos organizados y no en estafas aisladas. Ese el esfuerzo que estamos haciendo para demostrar esa modalidad delictiva”.
Posteriormente hizo alusión a la participación de profesionales en las maniobras ilícitas: “Siempre hay un trasfondo de ilegalidad en las cuales es necesario alguna escribanía o algún abogado entendido en la materia. Ya que se hace referencia a adulteración de poderes generales para ventas o de alguna escritura de una persona que falleció. Estamos hablando de delitos calificados porque quienes los cometen deben tener poderes especiales”.
Así evitando dar nombres manifestó: “Nosotros tenemos múltiples personas sospechadas de participar de los hechos. Aquí puede haber personas que colaboran con esa modalidad delictiva hasta quienes terminan apareciendo como compradores de buena fe. Es una investigación compleja y que tiene distintos actores con diferentes responsabilidades”.
Por su parte, el Figueroa (quien había llegado a Venado para recorrer las instalaciones del viejo hospital) indicó que desde el Ministerio de Justicia, volvieron a presentar en los últimos días una nueva denuncia de la venta fraudulenta de un inmueble. “En este caso es una propiedad de Venado que se transfiere en el 2015 y quien figura como titular distrital había fallecido en el año 2000. Esto también lo detectamos porque estamos haciendo un rol activo desde el Registro de la Propiedad de seguimientos de escrituras de X profesionales”.
Y cerró resaltando: “Desde el gobierno provincial queremos que se investiguen estos tipos delitos, que tienen que ver con el robo de inmuebles o lo que de llaman delitos de guantes blancos. Y que los responsables sean investigados, juzgados y que también tengan una condena ejemplar”.
Algunos de los domicilios allanados en Venado Tuerto fueron 25 de mayo al 600, Castelli al 700, Iturraspe al 600, Alvear al 1100, Castelli al 900, Belgrano al 1900, Alvear al 800, Roca al 600, Chapuis al 2600, Saavedra al 600 y Marenghini al 200
La última denuncia
La provincia, a través de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, presentó una tercera demanda judicial contra la banda de profesionales por la venta fraudulenta de un lote de 800 metros cuadrados por un valor cercano a los tres millones de pesos
El modus operandi es similar a los anteriores. El titular del terreno es Enrique Plebani, fallecido en el año 2000. Sin embargo, en 2015 uno de los escribanos investigados presentó un documento de compraventa que según la presentación es ilegal ya que el supuesto vendedor había muerto 15 años antes. “La parte compradora es Raúl Alberto Jaime”, indice el escrito. Se trata de un gestor. Ambos profesionales mencionados en la denuncia fueron allanados este miércoles.
“A medida que buscamos datos, siguen saliendo más casos. Vamos a seguir aportando a la investigación desde el Ejecutivo”, dijo Figueroa quien precisó que existen cinco o seis nombres de profesionales que se repiten en las estafas y que integran la banda investigada por fraudes inmobiliarios.
Foto gentileza Santiago Córdoba