El Fiscal Regional, Dr. Leandro Martín junto a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron el viernes en Pavón al 700 un allanamiento que comenzó pasadas las 21.30 en una vivienda donde funcionaba un taller de motos.
El local no contaba con habilitación municipal para funcionar y en el mismo se encontraron cerca 30 de motos (en su mayoría sin patente ni documentación registral que permitiera conocer su procedencia o tenencia legal) y una importante cantidad de autopartes y repuestos.
Hasta el lugar se hicieron presentes autoridades municipales y los inspectores de Tránsito que procedieron junto al personal policial a retirar la totalidad de los motovehículos y repuestos que serán trasladados a dependencias oficiales para su debida identificación.
La vivienda y el taller pertenecen a un hombre que sería empleado municipal y que al momento de apersonarse las autoridades judiciales y policiales habría aducido que sólo lo hacía por “hobby”.
Al lugar se llegaron personas que decían ser dueños de algunas de las motos secuestradas pero que si bien habrían obrado de buena fe, no podían acreditar la titularidad ya que no contaban con la documentación correspondiente. En algunos casos sólo contratos de compra venta que como es de conocimiento no resultan suficientes ni sirven para demostrar ser el titular registral.
Lo cierto es que este procedimiento se realizó días después que surgiera una fuerte polémica entre el senado Lisandro Enrico y el Municipio local, ya que el primero denunció la existencia en nuestra ciudad de talleres de motos clandestinos y reclamo al Ejecutivo que proceda con inspecciones y determine la situación de legalidad de cada lugar. Ante esto fue el ahora secretario de Gobierno, Jorge Lagna quien salió a responderle y le pidió al legislador provincia que denuncie ante la justicia la existencia de los talleres clandestinos de motos y retrucó quitándole responsabilidad a la provincia al respecto: “el imperio sobre la investigación delictual está en cabeza de la Provincia, por mandato constitucional; a saber, la Policía, y con el nuevo sistema procesal penal, el Ministerio Público de la Acusación“.
De hecho conocido la realización del allanamiento desde el Municipio ayer enviaron un comunicado a los medios aduciendo: “Es dable aclarar que se trataba de una vivienda, sin siquiera fachada alguna de comercio, razón por la cual obviamente no era objeto de habilitación municipal, ya que no es función del área de Inspección municipal investigar, y mucho menos allanar una vivienda particular. Es decir, que el procedimiento se hizo conforme a la ley, con la participación de Fiscalía y la Policía”.
Fuente y fotos: LT 29/ Canal 8