A pesar de las negociaciones iniciadas por grupos de bonistas que sí entraron al canje durante 2005 y 2010 para renunciar voluntariamente a la cláusula Rufo, la presidente Cristina Fernández determinó que igualmente no accederá a pagar los 1500 millones de dólares que exige el fondo NML y el fondo Aurelius que tuvo falló favorable del juez Thomas Griesa.
Debe recordarse que la semana pasada un grupo de bonistas europeos y el Deutsche Bank ofrecieron remover la cláusula RUFO para destrabar los pagos y reanudarlos en el vencimiento del 30 de septiembre.
La cláusula vence además en diciembre de este año, pero según dejó trascender un operador presidencial en el gobierno “no hay intención de pagar, aun si todos los bonistas renunciaran a la RUFO y tampoco en diciembre cuando vencerá”.
Debe recordarse que la cláusula RUFO –incorporada por voluntad del propio Néstor Kirchner y también Roberto Lavagna en 2005– les reconoce a los bonistas que canjearon sus títulos en 2005 y 2010 el derecho a demandar a la Argentina si ésta les mejora la oferta a los acreedores que no aceptaron aquellos canjes. Reclamarían, así, cobrar la diferencia, que el Gobierno estimó en unos 120.000 millones de dólares.
Desde el 30 de julio, esos tenedores de bonos no pueden cobrar sus vencimientos como lo venían haciendo porque Griesa bloqueó los pagos del Estado argentino hasta que éste cumpla el fallo favorable a NML y Aurelius (US$ 1500 millones), que no pagó con la insistente excusa de no activar la cláusula RUFO.
Hasta hace pocas semanas, la Casa Rosada dejaba trascender que esperaría a que en diciembre se venciera la cláusula RUFO y entonces el Gobierno quedaría liberado para negociar con NML y Aurelius una forma de pago por el total: un tramo cash y sucesivos bonos, escalonados y a largo plazo. Ahora, ya no esperan más hasta enero de 2015.
De acuerdo a fuentes cercanas a la jefa de Estado y al ministro de Economía, Axel Kicillof, hay una “consternación e indignación total con Griesa y los Fondos”, por lo que Kicillof logró convencer fácilmente a la Presidenta para que sólo les reconozca a los litigantes y a todos los holdouts (7% del total de acreedores) el monto equivalente al que cobran los bonistas que aceptaron las reestructuraciones de 2005 y 2010, es decir con una quita del 65% del capital original.
“Ese fallo no es justo. Detrás de NML viene el resto, un 7% de la deuda de 20.000 millones”, ratificaron en Economía. En el mercado aseguran que serían 18.000 millones.
Para evitar ese bloqueo, Cristina envió el martes al Congreso un proyecto de ley de nuevo canje de bonos y de cambio tanto de domicilio de cobro -de Nueva York a Buenos Aires- como de agente de pago, del Bank of New York Dellon (BoNY) al Fideicomiso del Banco Nación.
El juez neoyorquino dijo que el anuncio era “ilegal e inválido”, y ordenó a las entidades norteamericanas no avanzar porque recibirían fuertes penas. Los adversarios de Kicillof en el Gobierno temen que esto desaliente a la mayoría de los bonistas a adherirse y todo fracasaría, lo que derivaría en otra tanda de juicios y holdouts. Además, el artículo 10 del proyecto del pago soberano local de la deuda ya insinúa que el Gobierno desconocerá el fallo de Griesa. Autoriza a Economía a depositar en el Nacion Fideicomiso para los holdouts los “fondos equivalentes” a los que se prevé en la ley 26.886, nunca superior a los que perciben los bonos canjeados en 2005 y 2010.
“Hasta que termine su mandato en 2015, ella no quiere pagar todo, sino lo mismo que los del canje“, dijo un operador presidencial, preocupado por las consecuencias del canje y crítico de la gestión de Kicillof.