Recibirá un extra desde el Ejecutivo de 40 mil millones de pesos por la actualización del llamado “fondo del conourbano”. El dinero que pavimentará la continuidad de Vidal provendrá del ajuste que se realizará sobre los haberes jubilatorios.
Felicidad bonaerense
Exultante estaba María Eugenia Vidal ya calificó así a la jornada de este jueves, luego de la firma del Pacto Fiscal de la Nación con las provincias. No es para menos, la gobernadora bonaerense es la gran ganadora del acuerdo: en 2018 recibirá un extra desde el Ejecutivo nacional de 40.000 millones de pesos. Para 2019, serán 65.000 millones.
En un contexto de ajuste (y redefinición de ganadores y perdedores) y de reducción gradual de ingresos brutos -el principal tributo provincial- la pregunta es por el origen de los recursos. Lo cierto es que hoy los gobernadores del oficialismo y la oposición dieron hoy su respaldo al Gobierno para que avance con el cambio de la fórmula de ajuste jubilatorio, que ahora estará atado a la inflación lo que en este marco supondrá el reemplazo de la fórmula precedente (ver debajo).
Sottovoce ya se admitía que el cambio en la movilidad era reducir el gasto en Seguridad Social. En borradores del propio Gobierno se admitía que implicaba para 2018 una reducción en torno de los $ 100.000 millones en la partida de Seguridad Social con relación al proyecto de Presupuesto del año próximo.
Se seguían las recomendaciones del FMI según su “Report 16/346” era tomar esa medida, incluyendo una rebaja en el cálculo del haber inicial, porque “permitiría reducir la suba del presupuesto destinado a jubilaciones en alrededor de un 20% del PBI por dos razones: las jubilaciones subirán más lentamente y las jubilaciones iniciales serán ligeramente menores“.
Esta movilidad impacta en más de 17 millones de personas: son jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y Asignación Universal por Hijo (AUH)
Esa reducción se produciría porque con el cambio en la fórmula los jubilados y demás beneficiarios del sistema recibirían en 2018 un aumento inferior al que se desprendería de la actual fórmula.
Cambio de fórmula
La diferencia se debe a que actual ley de movilidad ajusta los haberes y las prestaciones de la Seguridad Social cada 6 meses ( en marzo y septiembre) no según la suba de los precios sino en base a otros índices, como salarios, recaudación impositiva y demás ingresos del sistema. Y esos índices vienen creciendo a tal punto que en el proyecto de Presupuesto 2018 el Gobierno estimó una suba del gasto de Seguridad Social en el 22,1%, en gran parte por la movilidad. Otra parte se explica por los aumentos de la Reparación Histórica.
De aplicarse la actual fórmula, las prestaciones de la Seguridad Social terminarían de recuperar lo perdido–unos 10 puntos– en 2016. Con el cambio de fórmula, y sin haber recuperado lo perdido hasta ahora en estos 2 años, las prestaciones durante 2018 concluirían unos 6 puntos por debajo del nivel de 2015.
Además, el ajuste de la prestaciones sólo por la inflación asegura que se mantenga constante el nivel de esas prestaciones pero las excluye de las mejoras que pueda tener la economía o los salarios reales. Por eso, una alternativa sería sumar al ajuste por inflación una especie de plus atado al crecimiento, una especie de “cupón PBI”, o por incremento del salario real.
Otro punto es que la movilidad por la inflación promedio no toma en cuenta que los jubilados y demás beneficiarios tienen unacanasta de consumo diferente al resto de la población por el peso de los gastos vinculados a la mayor edad, como medicamentos y salud, que están aumentando por encima del promedio, como lo marca la Defensoría de la Tercera Edad. Y lo mismo pasa con los sectores de menores recursos.
