La Legislatura santafesina parece haberse comprado ayer un pleito judicial al aplicarle a dos funcionarios judiciales designados por concurso una sanción que la ley no prevé. Los juicios políticos son para destituir a funcionarios cuyos cargos deben ser sometidos a este procedimiento ya sea por la comisión de delitos o mal desempeño en sus funciones, pero no habla de la suspensión hasta el último día de sus mandatos (no se sabe si seguirán cobrando sus sueldos) que ayer la sesión conjunta de ambas Cámaras les impuso al titular del Servicio Público de la Defensa, Gabriel Ganón, y al fiscal regional de Reconquista, Eladio García.
Hubo 29 diputados y 16 senadores que levantaron la mano para suspender a Ganón hasta el último día de su gestión, en abril de 2017, junto a la prohibición de que ingrese a los edificios de la repartición que conducía hasta ayer. Idéntica fue la sanción a García, cumpliéndose así lo que habían anticipado los miembros de la Comisión Bicameral de Acuerdos en sendos acuerdos que, en rigor, fue uno solo copiado con el nombre de cada acusado tal cual lo anticipó en su edición de ayer este diario.
No hubo acuerdos. A la certeza de que el próximo capítulo seguro y anticipado desde hace días por el defensor de Ganón, el constitucionalista Domingo Rondina, tendrá como escenario los estrados judiciales adonde presentarán una demanda por persecución política entre otras causales; se le cruzó ayer un sorpresivo rumoreo político pasado el mediodía cuando el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, lo desmintió ante la prensa: “De ninguna manera puede haber un acuerdo político para suspender a estos funcionarios. Cada legislador tiene plena libertad para votar y de ningún modo hay acuerdo político para actuar nada más y nada menos que en un proceso de este tipo. No hay ningún acuerdo político ni ha habido reunión que condicione un proceso de este tipo”, dijo.
García, de origen radical (al igual que el ex Fiscal Regional de Santa Fe, Ricardo Fessia, quien renunció durante el gobierno anterior) y Ganón, un ultrakirchnerista demasiado notorio, habrían sido “peones caídos en el marco de acuerdos que con el año electoral en el horizonte buscan enviar mensajes a uno y otro sector”, sostuvo una fuerte versión que circuló en la Legislatura y que fue considerada “descabellada” hasta que la desmentida de Silberstein le otorgó, como sólo pasa en política, alguna verosimilitud. No ya a la versión como tal, sino a la posibilidad de un trasfondo político a las sanciones. Fundamentalmente, dicen algunos, porque quedó claro que la Comisión Bicameral no encontró causales de destitución lisa y llana, figura sí que está prevista.
Persecución. A Ganón le pidió el juicio político el senador Lisandro Enrico (UCR-General López) pero los centenares de fojas que se reunieron en su presentación no alcanzaron para que la Comisión Bicameral lo hallara incurso en las causales de destitución: comisión de algún delito o mal desempeño.
Ganón siempre fue un provocador del poder político con sus declaraciones públicas y ayer se autodenominó un perseguido político. No hizo falta que refiriera el por qué. “La Corporación judicial me persigue por orden de la Corte Suprema de Justicia”, se victimizó contra una estructura a la que criticó desde que asumió en 2011, incluso llegando al exabrupto personal contra la figura de Rafael Gutiérrez, entonces presidente del máximo tribunal.
El vicegobernador Carlos Fascendini presidió ayer la sesión conjunta (cuyo quórum se compone por la mitad más uno de cada Cámara) que comenzó pasado el mediodía y cerca de las 16 concluyó con la suspensión de los acusados. A García lo acusó el senador justicialista Raúl Gramajo por mal desempeño e incluso en el último tiempo lo denunció por amenazas.
Nueve causas. El 28 de julio, luego de dos intentos fallidos, el senador Enrico logró que la Legislatura resolviera abrir el proceso contra el titular del Ministerio Público de la Defensa y consideró haber hallado nueve causales de destitución: actuación indebida e ilegítima, parcialidad política incompatible con el cargo (por su militancia en acto del FpV), privación del derecho de defensa a los agentes policiales, manifestaciones públicas indecorosas, agraviantes e impropias de su cargo, impartir instrucciones que son violatorias del Código Penal y del Código Procesal Penal, intervención procesal indebida siendo defensor general, actuación procesal indebida en una causa de Justicia de menores, designación irregular del abogado Enrique Font, y el uso del tiempo de su jornada de trabajo para fines ajenos a los de su función”.
El defendor de Ganón, Domingo Rondina, le respondió ayer que “en poco tiempo una sentencia nos dará la razón, los restituirá en sus puestos, los indemnizará, y quienes condujeron este proceso serán sancionados. Las leyes 13.013 y 13.014 no admiten la suspensión como sanción final del proceso, así que la decisión es totalmente nula”. Y se escandalizó porque —dijo— “nunca se vio en Santa Fe un proceso tan viciado, tan violatorio de las garantías más básicas que debe asegurar un Estado de Derecho. Lo ocurrido es un grave error, un pésimo antecedente y un mal augurio”.
Agregó Rondina que al “ser suspensiones, el recurso de inconstitucionalidad que interpondremos tiene efectos suspensivos, por lo que seguirán en funciones. Cualquier sanción a estos magistrados, a quienes no se les pudo formular ningún reproche objetivo, es injusta y será recurrida. Si bien me alegra que no haya habido destitución (con todas sus consecuencias accesorias) la suspensión es también una injusticia. Nuestra defensa técnica demostró que no había motivos suficientes ni proceso válido para la destitución de Ganon y García. Como no lograban consensos para destitución se aprobó una inventada sanción de suspensión para García y Ganón”.
Nota de La Capital/
por Jorge Sansó de la Madrid