La investigación se centra en una asociación ilícita formada por 15 “peces gordos” de la ciudad. Hay al menos 50 inmuebles que fueron apropiados de manera ilícita. “Atacamos al delito económico de cuello blanco”, celebró Rolando Galfrascoli, subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales
La punta del ovillo fueron decenas de denuncias por la apropiación ilegal de inmuebles. El primer reclamo data del 2010. “Los legítimos propietarios se presentaban en la fiscalía sorprendidos por una estafa de este tipo. No lo podían creer”, detalló el fiscal Regional de Rosario Jorge Baclini sobre el punto de partida de la investigación. En total, hay más de cincuenta escrituras que cambiaron de manos a través de juicios fraudulentos, usurpaciones violentas y documentaciones falsas.
del gobierno provincial, con Daniel Corbellini, jefe de la Policía de Investigaciones.
El primer cálculo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Complejos y Económicos de Santa Fe, a cargo de la causa, apunta a una defraudación que supera los 50 millones de pesos. “Es un piso, creemos que el monto es más elevado. Estamos hablando de 20 propiedades investigadas en el nuevo sistema penal y otras 30 que corresponden al viejo sistema”, le admitió a Rosarioplus.com una fuente de peso de la investigación.
Entre las apropiaciones ilegales hay tres campos de importantes dimensiones del sur de Santa Fe. Las mayores estafas se realizaron con casas y departamentos del macrocentro. Empresarios, escribanos y contadores participaban de la espuria maniobra. “Estamos hablando de una asociación ilícita conformada por 15 personas”, señaló el fiscal Sebastián Narvaja. Hay empresarios, escribanos y contadores involucrados. Nueve ya fueron apresados. El viernes serán imputados.
Y si bien el origen del dinero no proviene de la venta de droga sino de la apropiación de los inmuebles, Narvaja trazó un vínculo entre algunos detenidos y el tráfico de estupefacientes. “Algunos de los involucrados están mencionados en causas de narcotráfico”, reconoció.
Sobre la modalidad de la estafa, el fiscal que señaló que “la red ilegal” operaba a través de varios pasos: por lo general, los escribanos primero certificaban el traspaso del inmueble con falsas escrituras. Luego, lo hacían “pasar de mano en mano” con el fin de aparentar legitimidad de los bienes adquiridos. “Acá aparece el delito de lavado de activo”, subrayó.
“Entre los damnificados hay personas mayores. Por lo general buscan propietarios con poca capacidad de reacción. Las víctimas se enteraban mucho después de la defraudación”, explicaron los investigadores.
Rolando Galfrascoli, subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales de Santa Fe, ponderó el arduo trabajo de investigación que demandó la causa. “Atacamos al delito económico de cuello blanco”, graficó.
Fuente y fotos: Rosarioplus