La investigación sobre una organización de empresarios, escribanos y contadores dedicada aapropiarse de inmuebles y blanquearlos en maniobras de lavado de activos va por la captura de al menos cinco miembros que todavía están fuera del alcance de la Policía de Investigaciones y que deberán sumarse a las diez personas que están detenidas desde este miércoles.
Desde el seno de la pesquisa encarada por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación trascendió el motivo por el que uno de los 21 lugares allanados en busca de pruebas fueron las oficinas del diario La Capital, en Sarmiento al 700: es que el gerente general de ese multimedio, Pablo Abdala, tiene desde entonces un pedido de captura nacional e internacional por hallarse involucrado en la causa que impulsa el fiscal Sebastián Narvaja.
La policía allanó el despacho de Abdala en el diario y su domicilio particular, en el country Carlos Pellegrini, en Fisherton. En coincidencia, el ejecutivo salió del país días antes de que la jueza Mónica Lamperti autorizara la cadena de allanamientos y detenciones. Según trascendidos, Panamá sería uno de los destinos del ejecutivo.
Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que el pedido de captura ha sido librado. Abdala fue gerente comercial de La Capital en los 90, cuando el grupo Uno, de Daniel Vila y José Luis Manzano, compró el matutino y lo integró a su multimedios. Desde 2008 se desempeña como gerente general. En Tribunales lo esperan para interrogarlo sobre presuntas relaciones comerciales con algunos de las personas investigadas en cuanto al origen de negocios inmobiliarios de los que supo participar.
Junto con Abdala, hay otros nombres del show business rosarino que están enredados en la investigación. Por ejemplo, el financista Jorge Oneto, titular de una sociedad de bolsa y de la desarrolladora inmobiliaria OP Developers, que construyó y comercializó la torre Acqualina, en Alem y San Luis. También Leandro “Lelo” Pérez, vinculado a la concesionaria Reyna Automotores y con 15 minutos de fama el año pasado por mantener un affaire con la mediática Victoria Xipolitakis. También el responsable de la empresa de implantes dentales Marcelo Jaef, de profesión contador, quien en algún momento mantuvo un enfrentamiento judicial con su hermano Salvador, odontólogo, precisamente por esa institución.
Los hechos recolectados e investigados por la Unidad de Delitos Económicos se remontan a 2010 por lo menos. Fueron denuncias de particulares que descubrieron que habían sido desapoderados de sus inmuebles -campos, casas y departamentos en su mayoría- a través de la adulteración de poderes, escrituras y otros documentos, y la simulación de operaciones de compra venta inmobiliaria que jamás existieron. Luego, según explicó el subsecretario de Investigación Criminal y Policías Especiales, Rolando Galfrascoli, los delincuentes no vacilaban en amenazar a los despojados ante el primer atisbo de reclamo. Y más tarde se activaba la maniobra de lavado de activos, con el aporte de inmobiliarias, estudios contables y escribanías, a través de sucesivas transferencias de dominio, de manera de terminar perdiendo la huella registral del inmueble birlado e incorporarlo al patrimonio legal de empresarios de primera línea en Rosario.
Fuente: Rosarioplus