El gobernador Miguel Lifschitz presentó este lunes en Santa Fe a la Comisión para la Reforma del Código Procesal Civil y Comercial.
La misma será convocada e integrada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, junto a representantes de los tres poderes del Estado y especialistas en la materia.
El régimen procesal Civil y Comercial regula la vida cotidiana de las personas: derecho de familia: divorcios, adopciones, filiación; derecho del consumidor; derecho sucesorio: herencias, testamentos, etcétera; conflictos entre vecinos; conflictos de la propiedad horizontal; accidentes donde intervienen automóviles u otros siniestros; incumplimiento de todo tipo de contratos, incluidos alquileres y desalojos y ejecuciones de cheques y pagarés.
Lifschitz recordó la exitosa reforma estructural del sistema penal en la provincia: “Hay que tomarla como ejemplo y desarrollar una receta parecida a la hora de abordar la temática del Código Civil y Comercial” y destacó también “la importancia de arrancar con una mesa donde están representados los tres poderes del Estado, con las autoridades del Gobierno, de la Legislatura, del Poder Judicial, junto a actores específicos de la sociedad que nos pueden aportar sus conocimientos y experiencia, es un punto clave”.
También resaltó que “haya dirigentes políticos que asuman esto como propio, fundamentalmente los legisladores, porque hace que este tema pueda avanzar en el debate legislativo para lograr los acuerdos políticos indispensables para que proyectos de esta envergadura puedan ser sustentables en el tiempo y ser verdaderas políticas de Estado que comprometen a dos o tres períodos de gobierno”.
“La reforma del Código Procesal Civil y Comercial que abarcará a muchísimos ciudadanos en su vida cotidiana tendrá que reflejarse en los procedimientos y organización del Sistema Judicial en pos de brindar un mejor servicio”, dijo Lifschitz.
Por último instó a trabajar “para que en el próximo ejercicio legislativo podamos estar abordando este proyecto y pensar en una rápida implementación en los próximos dos años”. Además, el gobernador ratificó “el compromiso con la reforma de la Justicia, apuntalando desde lo presupuestario, en la gestión operativa del día a día” y también reconoció “la iniciativa y liderazgo del propio Poder Judicial, a través de los miembros de la Corte para impulsar estos cambios tan profundos en el sistema de Justicia de la provincia de Santa Fe”.
La tarea de la comisión redactora, y de las subcomisiones habilitadas para analizar temas específicos y/o plantear aspectos normativos y de implementación, culminará con la elaboración de un anteproyecto de ley a ser presentado antes del 18 de diciembre de 2017. El objetivo es la búsqueda de procedimientos que optimicen el servicio de justicia y solucionen los conflictos de la ciudadanía de forma ágil y eficiente.
MEJORAR EL SERVICIO DE JUSTICIA
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Rircardo Silberstein, recordó que “una de las decisión del gobernador fue trabajar conjuntamente con el Poder Judicial, las universidades y los colegios profesionales, para mejorar el servicio de justicia en la provincia”.
“Santa Fe siempre fue de avanzada, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de 1962, en su momento, fue de vanguardia en la República Argentina; esta provincia fue una de las primeras donde se discutió el Consejo de la Magistratura para la preselección de jueces; y el Código Procesal Penal que tiene la provincia de Santa Fe es de avanzada en todo el país”, detalló.
“Hoy cuando en todo el país se está discutiendo la modernización de los códigos procesales, Santa Fe nuevamente se coloca en la vanguardia para poder empezar a trabajar”.
A continuación, Silberstein indicó que los sistemas judiciales son “un modo de producción de verdad dónde se resuelven los conflictos de todo sociedad, y esto está condicionado por la cultura; hoy se da una paradoja en la Argentina y la provincia, hay un Código Civil y Comercial nuevo y una Constitución que reconoce numeroso derechos y tratados internacional, sin embargo el reconocimiento concrete de tales derechos se dilata en el tiempo”.
“Cuando uno habla de sistemas judiciales, hay que abordarlos de manera integral, los retrasos que hay no es sólo un problema de jueces, es de todos los actores que interactúan; es mucho más complejo analizar esta problemática y si no lo hacemos de manera integral no vamos a poder lograr una respuesta atinada”.
“Esto se debe trabajar cómo acontece en esta mesa, a través de consensos, tienen que estar todos los que participan de la prestación del servicio de justicia; pero esto no basta porque el problema y decisión de la transformación del sistema es un problema político por eso también está el Ejecutivo, el Legislativo y la Corte, que en última instancia resuelve la aplicación. Sin alguno de los tres, y sin trabajan en consensos, nunca vamos a poder dar una respuesta satisfactoria a la sociedad”.
“Porque reformar el Código Procesal Civil y Comercial: se nos está pidiendo un sistema que de una respuesta, cómo podemos responder y aplicar los derechos de una manera más eficiente, no basta con pensar una reformar del código sino debemos pensar también en las estructuras organizativas del propio poder; y cómo reformar: tenemos que tener en cuenta todos los procedimientos para resolver el conflicto de manera eficiente, así cómo las posibilidades tecnológicas”.
“No puede haber una reforma del sistema judicial si no se tiene en cuenta el interés general, más allá de los intereses sectorial. El desafío que tenemos en esta mesa es la posibilidad de dar una respuesta a la sociedad santafesina, para que pueda vivir y tener una justicia mucho mejor”, concluyó Silberstein.
VANGUARDIA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, celebró que “la decisión política de encarar este proceso de reforma en la Justicia Civil en la provincia. Todos coincidimos en que tenemos que buscar una justicia más cercana a la gente y eficiente, que significa sin perder calidad una justicia más rápida”.
Erbetta dijo que “tenemos una legislación de fondo del siglo 21 pero dependemos de su instrumentación de un sistema de organización pensado prácticamente de la época de Las Colonias y sino asumimos esto tal vez vamos a perder la brújula. Este reconocimiento es clava para aprovechar la oportunidad política de una reforma que puede lleva a Santa Fe, como ha ocurrido en otros fueros, a la vanguardia de lo que es la situación del Sistema Judicial en la República Argentina”.
PLATAFORMA PARA LOS CIUDADANOS
Se pondrá a disposición una plataforma web www.santafe.gob.ar/cpcc para los ciudadanos interesados y los usuarios del sistema de justicia que podrán acceder libremente a información relevante sobre el tema, dejar sugerencias e interactuar a través de mecanismos de consulta y participación.
Además se trabajará en conjunto con universidades y colegios profesionales para difundir este proceso de reforma, mediante la organización de foros, jornadas y congresos.
PRESENTES
Estuvieron presentes, en acto que se realizó en la Asociación Dirigentes de Empresas (ADE) de la capital santafesina, el vicegobernador Carlos Fascendini; el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti; el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; el senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón; los ministros de la Corte Suprema de la provincia Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rafael Gutierrez, Mario Netri y María Angélica Gastaldi; el procurador General de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre; y la diputada Clara García.
También, participaron los secretarios de Coordinación Legal y de Políticas Judiciales, Leandro Maiarota, y de Justicia, Javier Prono; los subsecretarios de Asuntos Registrales, Matías Figueroa, y de Justicia, Juan Manuel del Cerro; el coordinador de la Comisión Técnica, Rodrigo Gimenez; el vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Dalmacio Chavarri; los presidentes y vicepresidentes del Colegio de Magistrados, Ariel Ariza y Roberto Dellamónica; y de los Colegios de Abogados de las cinco circunscripciones; vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la 1° y 2° circunscripción; y representantes de universidades públicas y privadas y del Sindicato de Trabajadores Judiciales.