La justicia federal citó a declarar a más de 40 personas, entre ellas al gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en condición de testigo, en la causa en la que se investiga la presunta comisión de los delitos “defraudación a la administración pública” y “lavado de dinero” a través del programa de construcción de viviendas sociales Sueños Compartidos. Más de 200 millones de pesos fueron desviados de su fin específico.
El gobernador presentará declaración como testigo al haber sido intendente de Rosario cuando se puso en marcha el plan de viviendas que derivó en un hecho de corrupción. “Me parece bien que la causa se active después de estos años. Estamos dispuestos a contribuir para el esclarecimiento el caso”, señaló el mandatario.
Luego de aclarar su predisposición, afirmó: “En Rosario nunca manejamos dinero, nos limitamos exclusivamente a ser controles de obra y a elevar informes técnicos, por lo que nunca tuvimos injerencia en los fondos”.
Según el titular de la Casa Gris, antes de firmar fueron a analizar las obras de la Ciudad de Buenos Aires donde era jefe de gobierno Mauricio Macri, y en Tigre, bajo la intendencia de Sergio Massa, y constataron “la calidad de viviendas” y decidieron que era importante para la ciudad el proyecto. Curiosamente, ni Macri ni Massa fueron citados.
“Vamos a colaborar con la justicia y llevar la información para que haya claridad respecto de cómo fue la operatoria en Rosario. Desconozco como funcionó el mecanismo en otras provincias”, afirmó. En la ciudad las obras se comenzaron a concretar en Juan José Paso y Travesía con el fin de resolver un problema urbano para más de 500 familias, en su mayoría de origen Toba.
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