El gobernador electo, Miguel Lifschitz, volvió a expresar su disidencia con el acuerdo abreviado que involucra a 18 miembros de la llamada Banda de Los Monos, que implicó de parte de los imputados la confesión de múltiples delitos cometidos para asegurar negocios económicos a cambio de penas moderadas. “Hay una necesidad de ejemplaridad en determinados casos y entiendo que este es uno de ellos. Hay un requerimiento de que exista firmeza desde el Estado para demostrar qué tipo de delitos importa más perseguir por las consecuencias sociales que provocan. A mí me parece que en este sentido este acuerdo abreviado no cumple ese objetivo”, señaló.
El destino de este procedimiento, que atrajo una polémica jurídica y política vigente, deberá ser resuelto a corto plazo por un tribunal colegiado integrado por los jueces de Sentencia Edgardo Fertitta, Julio Kesuani y José Luis Mascali. Es un trámite previsto por las leyes vigentes en el que se entremezclan cuestiones dignas de debate público. La más importante controversia pasa por el hecho de que a la causa por asociación ilícita por delitos diversos se agrega otra en la que Ariel “Guille” Cantero estaba procesado por ser autor material de homicidio en un caso con expectativa de prisión perpetua. En el abreviado se modificó la calificación de ese delito y el rol de Guille que terminó en alivio para él con una pena fijada en nueve años.
“Creo que tiene que haber penas ejemplares en casos graves y también una relación de equivalencia entre delito juzgado y pena. Pero en mi opinión lo más importante frente a estos ilícitos es la actitud que asume el Estado, la preocupación que demuestra frente a ellos y esa convicción manifestada en cómo esos hechos se persiguen”, dijo el actual senador rosarino, que asumirá como gobernador el 10 de diciembre venidero.
—¿Qué impresión tiene sobre este procedimiento ahora que ha avanzado y está bajo análisis de los jueces de Sentencia?
—En principio me parece valioso respetar las decisiones judiciales y destacar la independencia de los poderes. Es reivindicable el funcionamiento autónomo de la Justicia, nos gusten más o menos los veredictos o sentencias que produce. Pero así como digo esto también afirmo que todos los poderes del Estado están expuestos a la crítica, lo que es una cualidad de la democracia, y sus decisiones sometidas al examen de la sociedad, de las figuras públicas y de los medios, que justamente es lo que enriquece el sistema.
—Durante la campaña dijo que las penas acordadas a este grupo tenían sabor a poco. ¿Qué aspecto le parece más discutible?
—Puestos sobre el caso concreto de este abreviado a mí me parece que hay, desde el Estado, una necesidad de ejemplaridad en determinados casos. Particularmente acá entiendo que por las implicancias sociales y políticas que han tenido los delitos investigados, que tuvieron un largo desarrollo en el tiempo y provocaron gran preocupación en la comunidad, hay un requerimiento de que exista firmeza desde el Estado para demostrar qué hechos importa más perseguir por sus consecuencias sociales. En este punto más allá de la legalidad que tiene este proceso, que no está en cuestión, a mí me parece que este abreviado no está cumpliendo ese objetivo.
—¿En qué sentido?
—Aunque en este trámite se cumplan los requerimientos legales para avanzar, el grupo investigado no reúne, a mi entender, los méritos para que este caso se tramite en un abreviado. Eso me parece una mala señal para la ciudadanía. Los abreviados deberían servir para agilizar las resoluciones judiciales ante delitos de menor gravedad e impacto público y no para casos como estos, en donde sería bueno que la sociedad pueda ver, en un proceso abierto y público, cuál es la prueba reunida para acusar. Creo que una cosa pendiente que nos deja este caso es la necesidad de revisar la legislación vigente en materia procesal penal referida a los juicios abreviados.
—Hubo juicios recientes donde se pudo examinar la prueba públicamente, como el triple crimen de la Villa Moreno, lo que en los casos sensibles supone algo ventajoso.
—En este caso yo me inclinaría a decir que es importante analizar el factor de la preocupación social. Creo que tiene que haber penas ejemplares en casos graves y una equivalencia entre el delito juzgado y su pena. Pero lo más importante, frente a estos ilícitos, es la actitud que asume el Estado, la preocupación que demuestra frente a ellos y esa convicción manifestada en cómo esos hechos se persiguen. Yo creo que debiéramos haber tenido otro nivel de exigencia. Uno es respetuoso de lo que finalmente decidan los jueces que seguramente estará ajustado a derecho. Pero interpreto que estos tres magistrados que ahora van a decidir si homologan o no el abreviado están frente a una gran responsabilidad y una gran oportunidad porque la sociedad no es indiferente al caso que acá se tramita.