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Fiscales rechazan la ley que cambió la forma de removerlos del cargo

Politica

La Junta de Fiscales compuesta por el Fiscal General y los cinco Fiscales Regionales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Provincia de Santa Fe se reunió ayer para cuestionar una ley sancionada la semana pasada con la que los legisladores se otorgan a sí mismos la atribución de remover fiscales y defensores.

“Nos llama poderosamente la atención el modo secreto, sin discusión previa y en extremo veloz con que la Legislatura modificó el jueves pasado el régimen de remoción de los fiscales y fiscales adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo, circunstancia que refleja su dudosa constitucionalidad conforme al artículo 120 de la Constitución nacional que marca que los fiscales deben actuar con independencia”, dijo el fiscal general Jorge Baclini.

En ese sentido los fiscales se pronunciaron en favor de que el gobernador Miguel Lifschitz reconsidere la acelerada sanción de esa ley para remediar la situación, es decir, vetarla.

También criticaron la flamante ley los jueces agremiados en el Colegio de Magistrados de la provincia de Santa Fe y la Asociación de Magistrados y del Servicio Público de la Defensa de la República Argentina (Adepra).

Iniciativa de legisladores

La ley fue una iniciativa exclusiva de legisladores, sin el impulso del Poder Ejecutivo, para cambiar el mecanismo para desplazar a los fiscales del MPA, el órgano que se ocupa de investigar los delitos cometidos en el ámbito provincial, y los defensores del Servicio Provincial de Defensa Penal, que contiene a los defensores públicos. El mecanismo de remoción anterior en el caso del MPA se trataba de un juicio oral con la participación de representantes del Colegio de Abogados, de legisladores, un fiscal regional y el fiscal general solo para desempatar.

Baclini explicó ayer que el sistema constitucional de división de poderes se centra en un control político de los órganos superiores del MPA (Fiscal General, Fiscales Regionales y Auditor General de Gestión) donde la Legislatura sí participa como juzgadora. Pero que los fiscales y fiscales adjuntos deben estar sometidos a controles jurídico-disciplinarios plurales, tal como estaba previsto en la norma derogada hace cinco días, para evitar arbitrariedades o iniciativas de remoción cuando, por ejemplo, se investiga al poder político.

Pérdida de independencia

“Para nosotros esto tiene una gravedad notoria. El modelo al que se pasa con la nueva ley traslada todo al control legislativo. Con eso se desestructura todo el funcionamiento del MPA, su autonomía e independencia, porque se queda sujeto al control político”, dijo Baclini. Precisamente el contexto de esta sanción es una investigación de fiscales rosarinos por supuestos delitos económicos al menos a cuatro senadores provinciales.

“En función de la gravedad institucional, la Junta de Fiscales solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien estudiar la posibilidad de hacer uso de sus facultades constitucionales para remediar la situación, que coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de la calidad institucional en el concierto en las provincias argentinas”, indicó el comunicado de los fiscales. La nueva ley recogió también la opinión negativa del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta.

El gobernador Lifschitz recibirá la semana próxima a integrantes de la Asociación de Fiscales de la provincia de Santa Fe que manifestarán los riesgos institucionales que a su criterio entraña la nueva ley.

La Capital

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