Los diputados provinciales por el Frente Social y Popular, Mercedes Meier y Carlos del Frade, presentaron esta mañana siete proyectos de comunicación, declaración y pedidos de informes en relación a distintos temas vinculados a la historia cotidiana de los santafesinos.
“Entre tarifazos y despidos, hay que defender el derecho de las mayorías santafesinas. Por eso, más allá de la Asamblea Legislativa por el nombramiento de jueces de pequeñas causas, entendemos que es fundamental generar conciencia y hechos políticos en relación a temas prioritarios como seguridad, trabajo, medio ambiente, educación y acceso a viviendas dignas”, sostuvieron los diputados del Frente Social y Popular.
Los proyectos expresan el rechazo al decreto 228 del presidente Mauricio Macri que declara la Emergencia en Seguridad siguiendo los postulados de la DEA y repitiendo la matriz implementada en países como Colombia, México y Brasil, con un costo social enorme pagado por los sectores populares y, en forma paralela, la continuidad de los negocios paraestatales como el narcotráfico y los mercados negros de armas.
Entre los proyectos presentados, se solicita información sobre la realidad de los penales santafesinos y la cantidad de armas existentes en los arsenales de la policía provincial; el control de los 500 metros de resguardo alrededor de las comunidades para que no se fumigue; la evolución del centro experimental de Las Gamas, en el departamento Vera; la necesidad de proteger a los vecinos de 27 de Febrero y Ayolas, en la zona sur de Rosario, no sólo desalojados sino también amenazados; y que se informe cómo se está implementado el jardín de cuatro años para todas las niñas y todos los niños de la provincia.
En forma paralela, los diputados provinciales del FSP, instaron a debatir, una vez más, la realidad de los números provinciales “donde las exenciones impositivas -3.800 millones de pesos según el presupuesto 2016 y que fue rechazado por el bloque- favorecen a las grandes empresas que, además, en el caso de las exportadoras no pagan ingresos brutos desde 1991”. “Una verdadera obscenidad que en caso de revertirse generarían miles de millones de pesos para el gobierno y, por lo tanto, no sería necesario aumentar los servicios públicos tal como se anuncian”, sostuvieron Mercedes Meier y Carlos del Frade.