El Ministerio de Seguridad pondrá en marcha la Policía de Acción Táctica en toda la provincia, un área que dependerá de la cartera que dirige Raúl Lamberto, y estará integrada por unos 700 uniformados. Con ese nuevo cuerpo, el gobierno pretende darle mayor jerarquía a la Guardia Rural Los Pumas y a los Bomberos Zapadores, que según el ministro, fueron el patio trasero de la fuerza. La Policía de Acción Táctica se gestó para intervenir en patrullajes y en la prevención del delito en los barrios sobre todo de las dos principales ciudades de la provincia como Santa Fe y Rosario.
“Vamos camino a hacer realidad un viejo anhelo, especialmente de las Agrupaciones Cuerpo, y es tener una Policía de Acción Táctica especialmente creada con jefatura propia en toda la provincia de Santa Fe”, señaló el ministro de Seguridad.
Aunque aún no se designó al jefe de esta nueva área, en la cartera de Seguridad apuntaron que se pondrá en marcha en las próximas semanas. Es que los tiempos apuran a esta cartera, porque está previsto que en diciembre se vayan a otros destinos es probable que regresen al conurbano bonaerense los 1.500 efectivos de las fuerzas federales que patrullan las calles de Rosario desde el 9 de abril pasado, cuando desembarcaron tras un megaoperativo delineado por el secretario de Seguridad, Sergio Berni. En el caso de Rosario la Policía de Acción Táctica intentará suplir la función que actualmente realizan los gendarmes y prefectos.
Idas y vueltas
Las idas y vueltas en la reforma de la Policía convive con una coyuntura compleja en el plano de la seguridad pública, con problemas serios en las dos principales ciudades de la provincia, como Santa Fe y Rosario, donde la violencia supura de una forma cada vez más descarnada a partir de un incremento de los índices delictivos.
En el gobierno han tenido dificultades para la puesta en marcha como se planeaba en un principio de la Policía Comunitaria o también llamada de proximidad en Rosario, donde no lograron persuadir a los ingresantes a este nuevo cuerpo concebido con otro perfil: un agente que está en la calle y se vincula con los vecinos a través de la prevención del delito. En Rosario se inscribieron 2.581 aspirantes pero sólo quedaron unos 170. No lograron seducir a la sociedad para que se sume a esta fuerza, con sueldos de más de 9.000 pesos. A mediados de mayo unos 40 efectivos comenzaron a patrullar el barrio Las Flores este y otro tanto lo hicieron en Barranquitas en Santa Fe. Como no cuentan con más efectivos se le complicó al Ministerio de Seguridad expandir la presencia de la Policía Comunitaria a otros barrios. Después de la llegada de las fuerzas federales a Rosario, el plan inicial era que esta Policía capacitada por la Nación formara parte de la transición en el territorio donde hoy actúan gendarmes y prefectos. Ahora se pondrá en marcha la Policía de Acción Táctica, pero los efectivos que forman este cuerpo no tienen una capacitación especial y con perfil comunitario, como se pretendía antes, sino que son policías en actividad que provienen de otros sectores de la fuerza, como la sección Cuerpos. Con estos efectivos aspiran en el Ministerio de Seguridad a alcanzar los 5.500 uniformados destinados a Rosario. A la par sumarán otro tanto a la Policía de Investigaciones, al pasar a esta área que depende del Ministerio de Seguridad y no de las Unidades Regionales los efectivos que se encuentran en las secciones de Unidades Especiales. Este traspaso es bastante lento porque se realizan entrevistas personalizadas con los fiscales regionales, que son los que están a cargo de las investigaciones en el nuevo sistema procesal penal.
Pocos retirados
Otra decepción fue la posibilidad de sumar policías retirados a la fuerza, una medida que apuntó a poder lograr que efectivos que hacen tareas en puntos fijos puedan salir a patrullar las calles. A pesar de que el gobierno les mandó una carta personalizada al domicilio de cada policía retirado y lo dispuso a través del decreto Nº 1650/14 sólo lograron que se anotaran 125 sobre un total de 2.600 que estarían en condicionar de retornar a la actividad.
La reestructuración de la Policía anunciada en noviembre pasado por el gobernador Antonio Bonfatti encontró escollos en la compleja coyuntura y en la escasa predisposición de la fuerza a ser permeable a los cambios, que apuntaban a mejorar el funcionamiento y a transparentar una estructura que tiene 148 años y que en muchos casos quedó obsoleta para intervenir en una realidad muy compleja y diferente a la de hace un siglo y medio.
En octubre se llevarán a cabo los concursos para los ascensos 2012, una apuesta que según remarcaron en la cartera de Seguridad romperá con décadas de oscuridad en la asignación de cargos dentro de la Policía. Son legendarias las anécdotas que cuentan que históricamente muchos de los ascensos se compraban y estaban hasta tarifados. Así quedó derogado el Régimen de Promociones Policiales de 1992, basado en juntas de calificaciones integradas exclusivamente por personal policial. Ahora los jurados estarán conformados por representantes de los ministerios de Seguridad, de Educación, de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia y un funcionario policial de dirección de jerarquía superior a la del postulante a propuesta del jefe de Policía y un miembro del personal policial en actividad elegido entre sus pares. Se anotaron unos 3.800 efectivos para cubrir poco más de 4 mil cargos.
A pesar de que el gobernador lo anunció en noviembre del año pasado, aún no se concretaron los cambios en las estructuras de las unidades regionales de la Policía. El objetivo era eliminar las 19 unidades regionales que existen actualmente y contar con áreas más pequeñas. La idea es que haya cinco unidades, una por cada nodo regional, donde ya fueron designados los delegados políticos de seguridad. A la par, como lo anunció Lamberto, estaba previsto que se designaran jefes policiales en 51 localidades de la provincia, pero aún no lo lograron instrumentar. La apuesta de fondo de estos cambios, según interpretan en la cartera de Seguridad, es dotar -a través de otra estructura institucional- de un mayor control civil y político a la fuerza. El jefe de Policía de ciudad deberá tener una relación más directa con la población y con las instituciones políticas y sociales de cada localidad.
Fuente: El Litoral