El juez de primera instancia, Nicolás Falkenberg, explicó hoy que “en ningún momento” se le informó que entre los números que se lo solicitaron intervenir estaba el del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, audios que se filtraron a los medios y suscitaron una encendida polémica en la provincia.
Frente a esta situación, Pullaro ofreció una conferencia de prensa en la criticó con dureza la filtración de las escuchas e informó la decisión de presentar una denuncia para que se investigue cómo y quién está detrás de los hechos.
Según Pullaro, a partir de un diálogo telefónico que él mantuvo con el jefe de la Unidad Regional V, Adrián Rodríguez –quien tenía pinchado el teléfono porque era investigado en la causa por irregularidades en el pago de horas extras a agentes de la policía, conocidas como horas Ospe–, el fiscal Roberto Apullán (a quien Pullaro no mencionó en toda la conferencia de prensa) pidió la intervención de la línea telefónica oficial que le fue asignada al ministro de Seguridad.
Esa situación no se sabe por cuántos días se prolongó, pero la información que se acumuló en todas las llamadas que hubo en ese lapso trascendió las fronteras del Mnisiterio Público de la Acusación.
En declaraciones a LT10, Falkenberg aclaró que habitualmente “hay numerosísimas intervenciones que se van suscitando con motivo de menciones de ciertas personas que son trasladadas por parte del director de la investigación que es el fiscal”.
“Hay una resolución mía en la que se intervienen cinco líneas. En un primer momento se solicitaron mayores detalles. Después se insistió en dos oportunidades mencionando la importancia porque se estaba constatando la comisión de ilícitos en curso de ejecución”, añadió.
Esperamos que en los próximos días, la Corte Suprema de Justicia dicte una sentencia con medidas favorables a los vecinos del sur de Santa Fe que sean acatadas por las tres provincias y el gobierno argentino.
El juez Nicolás Falkenberg se refirió a los audios que lo tienen como protagonista al ministro Maximiliano Pullaro.
“El dato que yo quería contar es que en ningún momento se informó que los números a intervenir pertenecían al señor ministro de Seguridad”, aclaró el magistrado.
En ese sentido, Falkenberg explicó que Cuando se trata de delitos en curso de ejecución, es una práctica común que el fiscal, en este caso María Laura Martí, solicite una intervención telefónica.
En este caso, contó el juez que se insistió en la necesidad de que la intervención se realice de forma inmediata por “la fluidez de las conversaciones y a la gestación de futuros delitos”, y “se manifestaba el desconocimiento de la titularidad (de las líneas)”.
La Capital