El fallo judicial que ordenó pagar sueldos, asignaciones familiares y vacaciones a un grupo de presos en la provincia de Buenos Aires abrió un debate sobre la legalidad y la legitimidad de la decisión. La equiparación de los derechos laborales de los internos a las condiciones de trabajo libre trajo consigo una catarata de críticas, pero también disparó la necesidad de indagar sobre su impacto en la realidad santafesina intramuros.
Al respecto, el actual secretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe, Pablo Cococcioni, habló sobre las particularidades que existen en las unidades carcelarias de la provincia, si existe el pago de algún estímulo para los presos que trabajan, y el costo que demanda el encierro de cada uno de ellos. La Constitución Nacional prohíbe que las cárceles sean para castigo de los reos.
—Cococcioni, ¿cuál es su opinión sobre el fallo judicial que reconoce derechos laborales a los internos que trabajan?
—Nosotros nos atenemos a un marco normativo distinto porque la provincia de Santa Fe, en su momento, no adhirió al capítulo de la Ley 24.660 que regula el trabajo de los condenados. Por ende, acá un fallo como ese sería directamente ilegal, aunque reconocemos que en el orden federal la cuestión es discutible.
“El Gobierno Nacional –continuó– encuadra el trabajo del preso como una situación laboral, cosa que no es del todo correcta en principio, entonces ahora deberán asumir las consecuencias de este encuadre laboral. El trabajo del preso no reúne los caracteres del derecho laboral, es decir, se trataría de una situación atípica porque las rutinas carcelarias y el hecho de que haya una obligación de contratarlos (y en cierto modo una prohibición de despido) hace que sea algo distinto”.
“Nosotros lo encuadramos como una actividad de capacitación en oficios. Trabajan menos horas, en otras condiciones y se trata de dar esta posibilidad a la mayoría, estén o no calificados para el trabajo, porque de eso se trata, de crearle hábitos de trabajo y de uso del tiempo. Normativamente no existe para nosotros obligación de pagar un salario”, evaluó el funcionario penitenciario.
A su vez, recordó que “las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos solo aclaran que cuando el Estado cede a particulares, el trabajo de presos, en este caso el particular debe pagar un sueldo, pero no al detenido, sino al Estado. Porque se supone que a su vez hay gastos que el Estado realiza para la manutención del penado”. También, dijo que (políticamente) desde la gestión consideran que no corresponde pagar sueldos a los detenidos.
Asimismo, planteó que “inclusive a nivel federal deberían pensar en reestructurar los salarios y jubilaciones para no generar una desventaja comparativa” con el haber de un detenido. “Esto que se dice de que un preso ganaría más que un jubilado, aunque es un argumento utilizado en el marco de discursos demagógicos, en el fondo toca un punto que es correcto”, expresó.
Y para ejemplificar su punto de vista, el funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia señaló: “Un becario del Conicet cobra menos de 4.000 pesos por mes. Las distintas figuras de pasantías y becas de formación, en la gran mayoría de las instituciones, cobran mucho menos de 4.000 pesos”.
—Y en la provincia de Santa Fe, ¿se paga algún tipo de remuneración a aquellos presos que cumplen alguna tarea laboral?
—Se paga un peculio estímulo, cuyo monto varía según la tarea que se desarrolla. Va desde 100 pesos para el que aún no está trabajando, hasta casi 700. Además, los que desarrollan tareas en Industrias Penitenciarias (Iapip) reciben algunos suplementos si hacen mayor jornada. Pero eso se paga con parte del producido de las ventas, no lo aporta el Estado de su presupuesto.
—Teniendo en cuenta lo que encontró, ¿cuántos son los internos santafesinos que hoy tienen capacitación en oficios?
—Arrancamos la gestión con poco más de 150 internos en los talleres, y hoy tenemos cerca de 700. Indudablemente esto tiene que ver con que se activaron talleres que estaban parados o eran deficitarios. Había dos talleres funcionando con producción real y hoy hay 37. La inversión en maquinarias y equipos se multiplicó por 20, y esto nos permitió incluir a más internos, pensando en que el día de mañana tengan una oportunidad de ganarse la vida con un oficio.
“Además, de alguna manera se trata de inculcar valores como la solidaridad. Por ejemplo, en la cárcel de Piñero los presos del taller de sastrería plantearon donar guardapolvos a escuelas carenciadas, y se terminó haciendo. En la panadería Furman se vende el pan social, más barato incluso que el pan subsidiado. En Coronda, permanentemente se está colaborando con instituciones que lo requieren”, manifestó Cococcioni.
—¿Hay una estimación de cuánto le cuesta al Estado la manutención de cada interno en el Servicio Penitenciario?
—Esto se calcula periódicamente, especialmente cuando se plantea el pago de la manutención de internos federales por parte del Gobierno Nacional. El último cálculo daba cerca de 9.000 pesos, aunque en la próxima actualización yo creo que vamos a estar cerca de 13.000 pesos por mes, especialmente por el aumento de los salarios.
En tal sentido, el titular de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de la provincia indicó que en la ecuación del cálculo “se toman todos los gastos realizados, desde el sueldo de los agentes hasta la amortización de los inmuebles”. En definitiva, “todo lo que constituye el presupuesto anual, más los bienes propiedad del Estado invertidos en esta función”.
Fuente: diario UNO