La muerte de David Moreira, fallecido el martes a la tarde por la golpiza sufrida el sábado a manos de un grupo de vecinos luego de que asaltara a una joven madre en barrio Azcuénaga, puso en debate la mal llamada “justicia por mano propia” en un contexto en el que estos casos son cada vez más frecuente en una población que alega la ausencia del Estado a la hora de garantizar la seguridad en las calles.
El sábado, alrededor de las 18, una chica de 21 años caminaba con su hija de 2 por Marcos Paz al 5400 cuando fue abordada por dos hombres en moto que le arrebataron un bolso en el que, al parecer, sólo llevaba pañales. Mientras los ladrones emprendían su huida, un grupo de vecinos logró detener el rodado. Uno de los dos maleantes logró escapar con el botín y el otro quedó a merced de la ira de los habitantes del barrio que comenzaron a pegarle.
David Moreira, de 18 años, fue internado en el Hospital de Emergencias con graves traumatismos y pérdida de masa encefálica, heridas que el martes a la tarde terminaron con su vida. En este marco, fuentes de la investigación judicial señalaron que hasta el momento no se recibieron declaraciones de testigos y sólo se cuenta con el relato realizado en sede policial por los efectivos del Comando Radioeléctrico que acudieron al lugar de los hechos.
Una de las voces que se escucharon ayer fue la de Alberto Moreira, el padre de David. “Se confundieron de persona, mi hijo era inocente”, dijo a LT3. Y agregó: “Queremos justicia porque mi hijo no era un delincuente, somos una familia de trabajo. David salía de mi casa a la cinco de la mañana para ir trabajar. Los vecinos se equivocaron y por eso queremos justicia. Estoy desesperado y hablo con el corazón”. Al respecto, anoche una alta fuente de Jefatura confió a este diario que el joven “no tenía antecedentes penales, aunque podría haber estado iniciándose en el delito”.
Turba. “Es un homicidio como cualquier otro, hay que decirlo así: una turba que linchó a una persona. La ausencia del Estado frente a determinadas situaciones no nos habilita a los civiles a actuar de esta manera”, sostuvo ayer el diputado provincial Eduardo Toniolli. Y agregó: “Los civiles no somos jueces como para condenar a alguien. Además, la pena que se impuso en este episodio no tuvo nada que ver con el delito que cometió esa persona. No estamos habilitados para llevar a cabo acciones de estas características”.
Toniolli se mostró preocupado ante los “planteos masivos de hacer justicia por mano propia”. Y dijo: “Más me preocupa cuando termina en boca de algún comunicador o de alguien con responsabilidad social más grande. Esto no implica defender a alquien que ha cometido un delito. Esa persona tendrá que afrontar su responsabilidad y el Estado debe hacerse cargo de esa situación. Cuando un delito de estas características se produce en Rosario, tiene que ver con un contexto social y un montón de factores. También tenemos un sistema de justicia que tenemos que mejorar, y fuerzas de seguridad a las que hay que reformar para que podamos llegar a una solución. Sino terminamos en las soluciones fáciles de estas características. En el sálvese quien pueda se generan estos enfrentamientos donde alguien que robó muere bajo una turba o donde un vecino muere por intentar meterse a policía. Así entraremos en una espiral ascendente que no parará más”.
Para el legislador, “el fiscal del caso tiene que investigar esto como un homicidio e ir hasta las últimas consecuencias. Tiene que haber señales claras por parte del Estado para que se empiece a brindar seguridad a la población y así se desarmen estas situaciones. Lo ocurrido no se justifica de ninguna manera y debe ser tomado como lo que es: un delito”.
Nunca visto. Por su parte, el juez de la Cámara Penal Ernesto Pangia dijo ayer no conocer, “con más de 40 años en el Poder Judicial”, antecedentes en la ciudad sobre un caso como el ocurrido en Marcos Paz al 5400. En declaraciones a LT3 el camarista calificó como “una reacción extrema” lo ocurrido.
“Cuando el Estado no da respuestas adecuadas, no porque no quiere sino porque no puede o lo que sea, alguien trata de ocupar ese lugar y son las reacciones que se ven hoy día con bastante asiduidad. Esto que ahora ocurrió es un extremo, no hay antecedentes de una reacción que haya provocado la muerte, pero es muy común hoy día que la gente reaccione ante un delito o una injusticia”, señaló Pangia. Y admitió que estas reacciones son cada vez más frecuentes. “No con esta vehemencia, pero palizas se están dando muy seguidas, eso lo advertimos. Es la reacción de la gente que ante la impotencia responde de esta manera”.
Culpa. El psicólogo forense Jorge Degano, por su parte, enmarcó el problema en los ribetes que está alcanzando la situación de inseguridad. “Visto en abstracto, se está rompiendo cierta ligazón a los parámetros de convivencia social. El efecto de esta violencia es consecuencia directa de la inseguridad que se vive. El punto es que esta situación expone a la gente a llevar adelante acciones que en otro contexto no se autorizaría a realizar”, señaló, para agregar: “Es posible que quienes participaron de la golpiza, una vez enterados de la muerte, entren en una situación culposa que perturbará sus vidas de alguna manera”.
“La inseguridad —añadió el forense— generó que la gente quede expuesta subjetivamente y eso hace que se vean llevadas a realizar actos de los cuales tal vez no puedan dar sentido. Y esa falta de sentido retorna en malestar, en culpa y en desequilibrios vivenciales”.
Fuente: La Capital