La Justicia investiga a un concejal de Rufino, al propietario de un galpón en esta ciudad y personal policial por el traslado irregular de autos y motos chocados desde la comisaría local hasta la localidad de Santa Emilia, cerca de Hughes y a unos 160 kilómetros de Rufino. Se trata de determinar si los vehículos fueron desguazados antes de llegar a destino, si los repuestos hallados luego en un depósito corresponden a los decomisos y si hubo connivencia entre las partes intervinientes.
El caso tiene su origen en el reclamo de vecinos que viven en las inmediaciones de la comisaría tercera de Rufino por una decena de automóviles y una veintena de motocicletas secuestrados que se acumularon y permanecían desde hace tiempo en la vía pública, sobre las calles adyacentes a la céntrica dependencia. La jueza Lorena Garini había dado la orden de trasladarlos a un depósito judicial en Santa Emilia, pero la ejecución se demoraba al parecer por falta de presupuesto.
Haciéndose eco de la queja, el concejal rufinense del PRO Abel Lattanzi decidió disponer de sus propios recursos para desalojar la chatarra. Contrató entonces un camión y una autoelevadora y el 10 de octubre pasado retiró la carga, pero no llegó a destino. Ocurre que, según explicó el edil, ese día había una veda para el tránsito pesado por tratarse de un fin de semana largo, por lo que depositó los decomisos provisoriamente en el galpón de Federico Arlía, en Rufino.
Finalizada la restricción, el material rodante fue finalmente trasladado, pero cuando llegó a destino, el personal de destacamento de Santa Emilia detectó que de la carga faltaban autopartes, especialmente de una Toyota Hilux perteneciente a la familia de un joven puntano que perdió la vida en un accidente vial. La camioneta habría quedado casi desguazada en su totalidad y es sabido que sus repuestos son de alto valor en el mercado.
Tomó intervención entonces la Fiscalía de Rufino, a cargo del fiscal de esa ciudad, Mauricio Clavero, quien ordenó el jueves pasado un allanamiento en el galpón de Arlía, donde se encontraron partes de distintos vehículos, principalmente de una camioneta como la mencionada. También ayer la Justicia ordenó realizar un operativo en un taller mecánico ubicado en la calle Garay a la altura del 400, pero no se detectaron anomalías y los repuestos hallados en el lugar serían propiedad del titular del local.
Arlía, dueño no sólo del galpón sino del camión y el carretón con que se trasladó la chatarra, es ahora investigado por el presunto delito de robo, aunque hasta el momento no se lo puede imputar ya que hay que peritar las piezas halladas en su depósito. Para ello la Justicia requirió información de numeración a la propia empresa Toyota y los repuestos van a ser analizados en la Unidad Regional II de Rosario.
“Me quieren ensuciar”
En declaraciones radiales Lattanzi afirmó que “volvería a hacer lo que hice ya que lo hice de buena fe. Me quieren ensuciar políticamente. Esa es la verdad y tengo lomo para bancármela. Yo mismo estuve cargando autos hasta las 4 de la tarde y lo que sucedió después no es responsabilidad mía. Espero que la Justicia investigue y que caigan los culpables”.
Más allá de la intención de Lattanzi de hacerse cargo de su propio bolsillo del costo por sacar la chatarra de la vía pública, lo concreto es que desde que el camión salió cargado de la comisaría tercera, nunca tuvo custodia policial y tampoco la tuvo en su estadía en el galpón privado de Rufino. “Allí es donde la habrían desmantelado casi íntegramente a la Toyota”, confió una fuente investigativa a La Capital.
Por otra parte, fuentes de la pesquisa sostienen que no había forma de que Lattanzi desconociera que ese 10 de octubre, cuando se trasladaron los vehículos al galpón privado, regía una restricción para la circulación del tránsito pesado en las rutas, dado que “tiene una empresa de transporte de cargas y sabe que los camiones en los fines de semana largo no pueden circular por las rutas. Y justo ese día fueron a cargar los autos”, deslizaron.
“No somos amigos”
En Rufino sostienen que Arlía y Lattanzi mantienen una buena relación desde hace años. Muchos recuerdan en este sentido que ambos fueron activos participantes del piquete agrario que se desarrolló en 2008 en la intersección de las rutas 7 y 33.
Sin embargo, el concejal desmintió categóricamente ser amigo del dueño del galpón donde se depositaron provisoriamente los vehículos en cuestión. Para dar cuenta de ello, utilizó una lapidaria frase: “No soy amigo ni de mi hermano hasta hoy”, declaró a FM Uno de la localidad de Sancti Spíritu. De todas maneras, el edil reconoció que conoce a Arlía por algunas actividades que desarrolla en el Parque Industrial.
Lo cierto es que por el momento la Justicia no llamará a declarar a Arlía hasta tanto estén los resultados de las pericias. Tampoco ha citado a Lattanzi, aunque no se descarta que a medida que avance la investigación, deba prestar declaración testimonial o indagatoria, según se considere.
Fuente: La Capital- nota de Carlos Barbarich