PoliticaMás complicaciones para la autopista de la 33. Ahora ponen en duda la realización del segundo tramo

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Según una nota publicada en la edición impresa del diario La Nación está semana será clave para el futuro de las obras públicas que se planifican bajo el sistema de  participación público-privada (PPP), ya que los concesionarios que obtuvieron en la licitación los distintos corredores viales deben firmar los respectivos contratos. Así sostienen que la mayoría de las empresas estarían pronto a rubricar dichos contrato pero aclaran que el único que despierta mayores interrogantes es el consorcio que lidera Eduardo Eurnekian y su constructora Helport, que se adjudicó el último 18 de junio los corredores E y F.  Dentro del corredor F está la autopista la segunda etapa de la 33 que va desde San Eduardo a Rosario.

Cabe recordar que sobre el cierre de la semana anterior un informe del Centro de Estudios Socio Económicos Scalabrini Ortiz (CESO) que analiza los recortes del gobierno nacional en el presupuesto 2018 de obra pública para la provincia de Santa Fe, destacó que la obra de la primer etapa de los 72 kilómetros (de Rufino a San Eduardo) que fue adjudicada el último  22 de diciembre  y que se realizaría con recursos del tesoro nacional (no dentro del sistema del PPP) , no sólo está demorada sino también está en duda.

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Nosotros estamos convencidos de seguir adelante“, dijo una fuente de la Corporación integrado por Helport (Eurnekian) Panedile, Copasa (España) y Eleprint adjudicataria de la construcción de los 161 km que van desde San Eduardo a Rosario. Sin embargo, admitió que el financiamiento de estos proyectos de rutas por peaje estaba relacionado con la construcción de Chihuidos, represa que se planea construir en Neuquén. Pero aquel proyecto, que iba a ser financiado por bancos alemanes, está totalmente frenado por estos días.

Lo cierto que La Nación informa que esta semana empezarán a correr 14 días claves para el desarrollo de la obra pública argentina. Ya que  se conocerá si los consorcios ganadores de los proyectos viales que serán concesionados bajo el sistema de participación público-privada (PPP) firmarán los contratos para hacerse cargo de los corredores.

En principio, desde hoy y hasta el 30 de julio, los consorcios que presentaron la mejor oferta por cada uno de los corredores de rutas deberán pasar por Vialidad Nacional y el Ministerio de Transporte a firmar los contratos.

Desde entonces, tendrán cinco días para hacerse cargo del corredor y empezar a explotar la ruta nacional respectiva por el sistema de peaje. Además, empezará a correr el reloj que cuenta los tiempos pactados para la realización de las obras de mejoras en esas rutas. Todo está puntillosamente establecido en los pliegos que formaron parte de la licitación. El viernes pasado venció el plazo para presentar las impugnaciones, y ese mismo día los consorcios recibieron una comunicación oficial: en 10 días deberán pasar por los despachos oficiales a suscribir el contrato. Se terminaron los tiempos para dudar.

De los seis corredores puestos a concurso, en el sector creen que la empresa José Cartellone Construcciones Civiles será la primera en firmar. De ser así, el grupo mendocino empezará a operar la ruta 7, cuyo último tramo termina en esa provincia.

Otro de los que están cerca de iniciar el proceso es Rovella Carranza, la empresa que ganó la autopista Buenos Aires-Cañuelas, que estaba en manos de una firma del grupo Indalo, del empresario Cristóbal López, hoy detenido.

El corredor A, que une Las Flores con Coronel Dorrego mediante la ruta nacional 3, e incluye un ramal de la 226 que va de Olavarría (en el cruce con la 3) a Mar del Plata, y cuyos ganadores fueron Paolini Hermanos y Vial Agro, también tiene chances de firmar en el corto plazo.

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Los que están en duda

De ahí en más empiezan las dudas. Varios especulan con que algunos de aquellos ganadores se arrepintieron de sus números y no firmarían la adjudicación. Ahora bien, ¿qué pasará con las que prefieran dejar pasar el plazo y el negocio? “El Gobierno va a ejecutar la garantía de oferta: el que se baje tendrá que pagar 15 millones de dólares”, dijo a La Nación una fuente del Ministerio de Transporte.

Esta es la segunda parte de lo que sería un cambio en el régimen de obra pública. Los constructores estaban acostumbrados a ganar la licitación y, una vez adentro, negociar los cambios de precios. Pero cerca de la oficina del ministro Guillermo Dietrich y en Vialidad Nacional están dispuestos a romper aquella regla.

Históricamente, en la obra pública no importaba demasiado el precio de entrada. Servía para ganar y ni siquiera había sorpresas. Gran parte de los proyectos que se construían en el país tenían el candidato a ganar grabado con sello de agua incluso antes de que se abrieran los sobres con los pliegos.

Luego, los procesos de adecuación de precios, esmerilados muchas veces por la inflación, y las renegociaciones constantes eran lo que marcaba la relación entre el licitante y el ganador del concurso. El último capítulo de esta novela de la infraestructura argentina terminaba con las obras detenidas o ralentizadas.

Así afirman que uno de los que, por estos días, despiertan más interrogantes es el consorcio que lidera Eduardo Eurnekian y su constructora Helport, que se adjudicó los corredores E y F.

Si alguno se cae, vamos a ejecutar la garantía y después relicitaremos. Habremos perdido dos o tres meses. Será una pena, pero es preferible a que entren y después queden a mitad de camino“, dijo una alta fuente del Ministerio de Transporte.

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