La grave crisis hídrica que atraviesa el sur de Santa Fe es un tema que preocupa a productores agropecuarios y autoridades de distintos estamentos, sobre todo por la proximidad de la siembra de soja y recolección de trigo en diciembre. Uno de los temas preocupantes es la proliferación de canales clandestinos y por ello desde ayer la provincia comenzó con los operativos de cierre de cursos de agua no autorizados.
“El gobernador Miguel Lifschitz se comprometió con una agenda hídrica en la que estamos avanzando rápidamente; hemos creado el Consejo Hídrico, Productivo y Ambiental, estamos haciendo obras de infraestructura hídrica, entregando aportes a comités de cuenca para compra de maquinaria y además comenzamos con estas detecciones que van a contribuir con la reducción de aportes no autorizados a cuencas que no corresponden”, dijo el ministro de Infraestructura y Transporte, José Garibay.
El operativo de detección de obras no autorizadas se llevó a cabo ayer por la mañana en el distrito de Rufino con personal de los ministerios de Infraestructura y Transporte y Ambiente de la provincia.
En la ocasión se procedió a la detección de obras de canalización efectuadas sin gestiones de autorización ante las autoridades provinciales. Los cursos irregulares pertenecen a la cuenca de la laguna La Picasa.
Por otra parte, Garibay agregó: “Este es un trabajo que se lleva a cabo entre dos ministerios, desde Infraestructura por el manejo de los recursos hídricos y desde Ambiente por el cuidado del mismo”, y consideró que “tenemos la tarea de cambiar el paradigma del manejo de los excedentes hídricos y por eso estamos realizando estas intervenciones”.
En la cuenca
El canal que se intervino drenaba los excedentes hídricos hacia la laguna La Salada Norte de la cuenca La Picasa, que a su vez drena estos hacia el reservorio Nº 7.
Estas medidas se encuentran dentro de la agenda hídrica propuesta por el gobernador Miguel Lifschitz ante senadores, diputados, intendentes y presidentes comunales.
“Las acciones se realizan para evitar daños materiales y/o económicos en lugares que se ven afectados por recibir este volumen extra de agua, que vuelve a su estado natural”, consignaron las autoridades provinciales.
La detección de las irregularidades se llevó adelante con personal de la Secretaría de Recursos Hídricos y autoridades del Comité de Cuenca de La Picasa, que también intervinieron.
Respuesta
Las acciones buscan también dar una respuesta a los reclamos realizados por los mismos productores rurales del sur de Santa Fe, que vienen reuniéndose con frecuencia para elaborar estrategias en función de la gravedad de la situación. Sin ir más lejos, el lunes emitieron un comunicado en donde alertaron sobre el desborde de La Picasa.
El documento firmado por los productores sostiene que “la laguna La Picasa sigue desbordando. Esto hizo que los flotantes taparan las bocas de salida de la Estación Alternativa Norte y ahora el agua sale del canal, toma campos y va por superficie al canal de 109 kilómetros, Diego de Alvear-Laguna El Chañar-Teodelina. En Aarón Castellanos mientras tanto, por el reservorio Nº 6, de Buenos Aires y Córdoba, siguen ingresando 30 metros cúbicos por segundo”.
En tono dramático el presidente comunal de Aarón Castellanos, Walter Ramanzín, dijo que “Santa Fe decidió aumentar el piso de contención del reservorio en 20 centímetros haciendo un pilote para ese flujo de agua. Tenemos una bomba de tiempo que si llueve 200 milímetros los pueblos se van a inundar”.
En el documento de los productores, que lleva las firmas del presidente, Armando Rey, y el secretario, Federico Furno, sostiene que la responsabilidad por la grave situación hídrica es, justamente, por los canales clandestinos que aceleran el escurrimiento de las aguas provocando cada vez más inundaciones.
Además, los firmantes sostienen que hay un canal por gravedad, próximo a terminarse, pero sin poder funcionar.
El cuadro se completa con un panorama desolador, ya que, según denuncian, “hay pueblos que comienzan a inundarse, como Aarón Castellanos. Además, la laguna La Salada está haciendo peligrar los distritos Lazarino y Amenábar”, afirman en el mismo documento.
tapado. El canal intervenido drenaba los excedentes hídricos hacia la laguna La Salada Norte de la cuenca de La Picasa.
Sanciones
En cuanto al daño ambiental y a las sanciones, el Ministerio de Infraestructura elevó un informe a la cartera de Ambiente donde consigna que las obras irregulares estarían violando la ley 11.717. Se les imputa el cargo de acciones y omisiones pasibles de causar daño al ambiente. Esta infracción inicia un proceso sancionatorio que comienza con notificaciones, cierre de canal y pedido de declaración.
Fuente: La Capital/ Carlos Barbarich