Hace pocos días concluyó el Sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, de quien se esperaba que sancionara, como lo hizo, los nuevos “Lineamientos de Política Económica y Social” que incorporarían cambios significativos para el futuro de la Isla. Vayan algunas observaciones.
En primer lugar, tienta recordar que los Lineamientos aprobados no tendrían por qué tener, en principio, ninguna eficacia inmediata: el órgano máximo de gobierno de la República de Cuba no es el Partido Comunista sino la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pero a nadie, ni aquí ni allá, le cabe duda de que lo decidido por el Congreso será aprobado sin más por la Asamblea, por recomendación de aquel. Un primer recordatorio, entonces, que nos deja el Sexto Congreso: la identificación entre Partido, Gobierno y Estado sigue gozando de excelente salud.
Una segunda reflexión es que también goza de una salud sin fallas la verticalidad del célebre centralismo democrático. Nadie, imagino, albergaba mayores expectativas en que los lineamientos enviados desde la cúpula del Partido, discutidos en los órganos de base y debatidos luego en el Congreso, pudieran sufrir grandes modificaciones en ese largo trayecto, o en que el poder de la gerontocracia revolucionaria fuera puesto en cuestión en la constitución de los órganos dirigentes. Así fue: las miles de enmiendas al texto original de los lineamientos no cambiarán en nada su sustancia; Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura serán primer y segundo secretario, replicándose así en el Partido el esquema de mando supremo de los órganos estatales: primero Raúl, segundo Machado. Añadamos que la ausencia de cuadros más jóvenes es atribuída por los ancianos dirigentes a las deficiencias morales de sus eventuales herederos y no a alguna responsabilidad de quienes, en cincuenta años de ejercicio omnímodo de poder, habrían sido incapaces de generar una dirigencia revolucionaria proba, y que la presencia cada vez mayor de los militares dentro del Partido, el gobierno y el Estado parece ser la mejor respuesta que el régimen ha sabido encontrar a esta ausencia de relevo político.
Pero la principal reflexión que nos deja el Congreso refiere a las consecuencias de la puesta en obra de los lineamientos: enrobada en un discurso revolucionario clásico, se pone en evidencia el carácter inviable del régimen actual, y se abre camino la decisión de proceder a una apertura controlada de la economía (cuentapropismo, inversión extranjera) bajo un dominio político lo más férreo posible. Podemos imaginar desordenadamente que esta apertura encontrará ecos favorables en una población ahogada por las restricciones de todo tipo, que la progresiva eliminación del empleo estatal y de la libreta aumentará las dificultades ya enormes de quienes no acceden a otros recursos –contacto con el turismo, remesas-, que la generación de recursos propios hará menos costosa la desafección política de algunos, que la aparición de nuevas desigualdades suscitará crecientes deseos de apropiación en unos, desilusión con el curso de los sucesos en otros. La pregunta más interesante que se abre es la de saber de qué modo o hasta qué punto una generación en retirada, que confía el rol de control crecientemente a las Fuerzas Armadas, podrá contener desde arriba los efectos políticos y sociales diversos y contrarios que, contra su voluntad, la dinámica de la apertura puede disparar.
Por Claudia Hilb (www.politca.com.ar/blog)