Pide a la misión de observadores de la OEA que aumente la vigilancia para evitar el fraude.
La oposición ecuatoriana ha pedido hoy un exhaustivo recuento de los votos del referéndum del sábado tras saberse que los primeros datos oficiales distan mucho de los sondeos a pie de urna difundidos poco después del cierre de las mesas electorales y que dieron una holgada victoria al Gobierno. Los opositores al presidente Rafael Correa albergan la esperanza de que los ecuatorianos le hayan dado la espalda al Ejecutivo en su intención de reformar el sistema judicial y controlar la prensa, analizó el País de España.
Aunque se confirmara la victoria del Gobierno en esas dos cuestiones polémicas, los críticos de Correa creen que el triunfo será muy ajustado, lo suficiente como para que el Ejecutivo reciba el mensaje de que no puede hacer lo que quiera todo el tiempo.
Correa insiste en el triunfo de su propuesta. Asegura que en todas las provincias el ‘sí’ vencerá por un margen de 200.000 a un millón de votos frente al ‘no’. Pero los últimos datos oficiales señalan que la diferencia oscila entre 8,5 y 0,04 puntos porcentuales, dependiendo de la pregunta.
La reforma
El presidente ecuatoriano Rafael Correa pretende darle una vuelta de tuerca a la Constitución aprobada en 2008 para afianzar su poder y tener el control del único sistema que aún funciona con independencia: el judicial. Para ello ha recurrido a su arma favorita: el referéndum. Correa aún cuenta con más del 50% de popularidad tras poco más de cuatro años de gobierno y sabe que será muy difícil que pierda la consulta popular que se celebra hoy y con la que busca legitimar su deseo de poner a la justicia y a la prensa a su merced.
Respecto de la reforma judicial, el referéndum plantea la sustitución del actual Consejo Judicial, máximo órgano del sistema y quien nombra a los más altos magistrados, por una comisión técnica integrada por tres delegados designados por el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y por la Función de Transparencia y Control Social -los tres responden al presidente- para que en un plazo de 18 meses reformen el sistema a la medida de Correa. Acabado el periodo, la comisión elegirá un Consejo Judicial con cinco miembros por un periodo de seis años.
El otro tema polémico de la consulta popular es el planteamiento explícito de la conformación de un comité de vigilancia para controlar la difusión de contenidos en los medios de comunicación, ya que según Correa, "en todo el mundo" existen instancias similares.
La pregunta de la consulta es la siguiente: "Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo con que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?".
Con esta consulta el Gobierno pretende evitar, además, que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan acciones en empresas que no correspondan al ámbito para el que trabajan.
Los periodistas se lanzaron el pasado martes -día mundial de la libertad de prensa- en protesta contra la consulta con pancartas y camisetas con mensajes como "Ni miedo ni silencio" o "Periodismo sin ataduras". Durante la manifestación se recordaron hechos históricos y casos de corrupción que fueron desvelados por investigaciones periodísticas. El presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordóñez, reivindicó el valor de la libertad de prensa y ratificó que no se puede hablar de gobiernos democráticos cuando se ponen trabas a ese derecho.
Fuentes: El País/ AP