Luego del golpe blando contra su sucesora Dilma Rousseff, la segunda instancia judicial inhabilitó a Luiz Inácio Lula da Silva para presentarse a elecciones.
Es por una causa por supuesta corrupción contra el ex presidente y líder del PT brasileño. La causa se gestiona en un tribunal de Porto Alegre, comprometiendo seriamente las aspiraciones del ex referente obrero para presentarse a elecciones por un nuevo mandato en los comicios presidenciales del próximo octubre.
En una sesión de ocho horas, el recurso de Lula contra la condena que emitió el pasado julio el juez Sérgio Moro, cabeza visible de las investigaciones sobre la corrupción en Brasil, los tres miembros del tribunal han votado por ratificar el fallo, lo cual supone el peor resultado posible para quien fuera un bastión de la izquierda latinoamericana. Es más, los tres han votado por endurecer la pena, de nueve años y medio a doce. Sin embargo no son todo son malas noticias para Lula. El tribunal ha avisado de que no va a dar la orden de prisión hasta que el expresidente agote sus últimos recursos. Y aún puede evitar su inhabilitación política, al menos de manera inmediata.
La sentencia implica que Lula queda declarado inelegible, aunque el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) puede recurrir para aplazar su ejecución y ganar tiempo en un intento de llegar a unas elecciones en las que todas las encuestas le sitúan como el gran favorito. La única esperanza que tenía de mantener ese margen era que el último de los magistrados que se decantase por absolver a Lula e impedir una condena unánime. A las seis menos cuarto de la tarde, hora local de Brasilia (nueve menos cuarto, hora peninsular española, tres menos cuarto, hora en México), esa esperanza se desvaneció.
Los magistrados han avalado los argumentos del juez Moro para concluir que Lula recibió un apartamento triplex en una playa del litoral de São Paulo como un soborno de la constuctora OAS, beneficiaria de contratos de la petrolera pública Petrobras. También han rechazado las alegaciones de la defensa de que ni Lula ni su familia llegaron nunca a ocupar la vivienda y que de hecho no existe ningún documento que pruebe que el expresidente es su propietario. “La OAS fue el testaferro del verdadero titular del inmueble [Lula]”, ha sentenciado el magistrado João Pedro Gebran Neto, quien también consideró que existen “pruebas más allá de lo razonable de que el presidente fue uno de los principales artífices, sino el principal” del sistema de corrupción creado a través de los contratos de la Petrobras. Ese sistema, según los jueces, implicaba el pago de sobornos para financiar al PT y hacer favores personales a algunos de sus dirigentes.
Tanto los magistrados como la fiscalía insistieron en negar que el proceso tenga un carácter político, como vienen denunciando Lula y sus seguidores. “No juzgamos al hombre o al personaje, reconocido estadista, si no a quien cometió delito”, señaló Gebran Neto, quien, no obstante, insistió en que los crímenes son más graves por el hecho de que fuesen cometidos por una persona que fue presidente de la República, ya que eso supone una “desestabilización del orden democrático”.
El fiscal, Mauricio Gotardo, criticó también duramente la campaña del PT para denunciar el juicio contra Lula, con protestas públicas que se han repetido en los dos últimos días en Porto Alegre. El representante del ministerio público denunció que el PT creó una “tropa de choque” que usó prácticas “próximas al delito de coacción” con el único propósito de “perpetuar un proyecto político personal”.