La totalidad de los 12 miembros del Tribunal Constitucional (Corte suprema española) declaró por unanimidad admitir el recurso presentado por el gobierno nacional encabezado por Mariano Rajoy para declarar inconstitucional la consulta convocada por el Parlamento catalán el pasado 19 a instancias del presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas (en la foto promulgando la convocatoria). La resolución de la Corte se produce solo 6 horas después de presentado el recurso por el Gobierno Nacional.
En caso que la Generalitat catalana no se avenga a aceptar la resolución, los magistrados advirtieron que se adoptarán “cuantas medidas sean necesarias para preservar su jurisdicción”.
La admisión supone por sí sola la suspensión de la vigencia del referéndum independentista impulsado por Mas para el próximo 9 de octubre.
El tribunal supremo español dejó en claro en su fallo que con la admisión de los recursos quedan suspendidos tanto la ley como el decreto de la consulta y sus anexos, “así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella”.
Los efectos de la suspensión para la Generalitat comenzarán cuando reciba la notificación del tribunal. Para terceros —es decir, los Ayuntamientos (municipios) que puedan participar en la campaña soberanista— son efectivos cuando la decisión se publique en el Boletín oficial. En su resolución, el tribunal otorga a las partes 20 días para apelar.
“La suspensión se extiende durante un plazo máximo de cinco meses. En ese tiempo, el tribunal deberá decidir si mantiene la paralización sin fecha límite o si revoca su decisión. Esta resolución ha de estar motivada”, informó hoy el diario El País de España.
Pese a que el pleno ha sido “ordinario”, la inmediatez en su convocatoria apenas seis horas después de la presentación de los recursos ha sido el único punto que mereció la justificación del tribunal ante las críticas que estaba recibiendo del propio Mas, quien ha reprochado esa “velocidad supersónica”. En un comunicado hecho público tras la resolución del Tribunal, que tardó poco más de una hora en emitirse, los magistrados alegaron que su decisión obedece a que “es consciente de la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana”.
En el caso de que la Generalitat no acate la resolución, se produciría un hecho insólito en la historia del Tribunal de Garantías, que tendría que evaluar cómo exige el cumplimiento de su resolución. Según la ley que regula el propio tribunal, este puede disponer quién ha de ejecutar su resolución y, en su caso, resolver las incidencias.
La norma señala además que el Tribunal Constitucional podría “declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de estas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó”. En, al menos, dos ocasiones el tribunal se ha declarado competente para “adoptar cuantas medidas sean necesarias para preservar su jurisdicción”. Sin embargo, otras fuentes afirman que el Constitucional no dispone de los instrumentos para hacerlo con lo que el Gobierno debería acudir al juzgado de lo contencioso-administrativo para reclamar la ejecución de su decisión.
El pleno ha durado poco más de una hora y el tribunal ha dado un plazo de 20 días para presentar alegaciones
El Ejecutivo confiaba, y así lo había trasladado en privado, en que el Constitucional dejase muy claro qué significa la suspensión, sobre todo para los actos de los preparativos de la consulta de estos días. El Gobierno cree que es el propio tribunal el que debe asumir el protagonismo para hacer cumplir la resolución dictada este lunes.
El Gabinete confía en no tener que tomar medidas drásticas para impedir la consulta y todos los preparativos que la rodean. En el Ejecutivo están convencidos, tal como este lunes ha trasladado Rajoy, de que la Generalitat no se declarará en rebeldía ante el Constitucional y, sobre todo, no forzará a funcionarios públicos, incluidos los Mossos d’Esquadra o directores de colegios, a arriesgar su empleo al desobedecer una decisión clara de esa institución. En cualquier caso, por si hiciera falta tomar medidas, el Gobierno confía en que sea el propio tribunal el que pida a la policía judicial en Cataluña, en este caso los mossos, que ejercen como tales en esa comunidad, que las adopte. Y, de nuevo, nadie se plantea que se nieguen.