Que la Justicia en Argentina es una palabra por demás de holgada para llamar a quienes ocupan los distintas Magistraturas y ministerios públicos del país es algo que no necesita aclararse. Deberíamos empezar por las excepciones, que las hay (en esa materia, esta Santa Fe es un ejemplo), pero son eso, excepciones.
No es necesario si quiera ser un periodista con contactos en algún tribunal del país para conocer la “fina sensibilidad” de jueces y fiscales a presiones, negociaciones y recompensas. Así por caso, todos sabemos que un “buen abogado” defensor no es quien mejor conoce la ley sino quien mejor sabe tocar esas “fibras sensibles”.
En este sentido, la Justicia Federal dista mucho de escapar a la media. Al contrario, da el ejemplo. Para el gran público lo conocido son las aristas más bufonescas y mediatizadas del inexplicablemente todavía juez federal porteño Norberto Oyarbide, pero hay entre sus colegas tipos tanto o más siniestros y oscuros que el rabeliano magistrado de las fiestas VIPs y los anillos de 300 mil dólares.
Conociendo cómo son las cosas, un querido amigo de moderadas simpatías k trataba de justificar bajo el tan argentino argumento de naturalizar lo que está mal (“esto pasa en todo el mundo”, “Con Menem y los milicos era igual o peor”, etc.) las recientes manipulaciones y presiones del Gobierno Nacional sobre la Justicia Federal. Entonces, “como ya todo estaba podrido desde antes”, para mi amigo no tendría nada de malo que un “gobierno progresista” (sic) apruebe una ley de subrogancias al taglio del Ejecutivo, meta una “trampita” en el nuevo Código Procesal Penal que le permite a la militante Procuradora Nacional acomodar a su gusto los fiscales según la cara, “amiga o enemiga”, del acusado y otras nuevas perlitas que comenzaron con la ampliación a favor del oficialismo del número de miembros del Colegio de la Magistratura allá por el gobierno de Néstor.
Pero más allá de las reformas inconstitucionales o filo-inconstitucionales, el Kirchnerismo es innovador en un sentido que está resultando mucho más radical y que está dejando una dolorosa marca en la cultura política argentina: la particular forma en que genera consenso en torno a las mencionadas medidas manipulatorias. Hoy se ha logrado superar la naturalización de los abusos de poder y el tradicional desprecio criollo por la cultura republicana. Se está yendo mucho más lejos de lo que fue Menem en su tiempo, cuando solo apostaba a la resignación o la indiferencia cómplice. Ahora se trata de darle forma institucional y perenne al “tradicional” abuso del Ejecutivo sobre la Justicia. Bajo el efectivo argumento de que todo se hace en nombre de la Sagrada Mayoría contra una Minoría corporativa, la avanzada iniciada a mediados de la década ganada parece no tener frontera. Si creemos que esta modalidad quedó atrás cuando caducó el proyecto de “democratizar la justicia” estamos equivocados. Lo que se quiso hacer de un solo saque en 2013 hoy el gobierno lo está haciendo y legitimando en veloces tandas. Todo en nombre del Pueblo.
No es que antes los argentinos podíamos esperar demasiado del fuero federal así como estaban las cosas… después de todo, están los de entonces y los nuevos parecen dispuestos a repetir los hábitos de siempre. Pero antes de que cobrara forma esta nueva justicia-por-indirecto-plebiscito existía al menos la posibilidad de que el reclamo desde la calle o la indignación de las encuestas generara algún tipo de presión difícil de esquivar, al menos cuando las cámaras le daban rebote. Hoy, hoy salir a pedir que se condene la corrupción y los negociados es cosa de Privilegiados de Barrio Norte influenciados por la Corpo. Así que si a usted le enoja la situación… ¡reflexione!, posiblemente esté enfermo de mero gorilismo.