Después de tanto “Cristina eterna” y “vamos por todo”, el gobierno que venía tenía la oportunidad de convocar a consensos básicos y si no, al menos, la oportunidad de no pretender ser la Gran Sinécdoque Nacional (i.e., la parte que pretende representar al todo) y aceptar que tener la mayoría de los votos es un hecho coyuntural, expresión obligadamente homogénea de una sociedad cada vez más heterogénea. En lo particular creo bastante difícil la idea del consenso programático, pero tras el 76 debería ser evidente al menos un consenso ético-jurídico: el mantenimiento del Estado de Derecho.
Cambiemos sí tuvo la habilidad de jugar la carta del consenso y republicanismo. Y digo jugó porque los convocó a los gustosos Kovadloff y Campanella a hablar de encontrarse y abrazarse, mientras trataba de meter por la venta de la Corte dos jueces supremos. Claro, no argumentó su intento desde una improbable democratización de la justicia, sino desde tecnicismos de supuesta base constitucional. Como no hubo reacción, ni ciudadana, ni popular, parecía que iban a continuar con su astuta moderación retórica. Que iban a hacer lo suyo y mientras nos seguían hablando de pluralismo y democracia con vidaliano tono. En un país en el que importan más los simulacros mediáticos que las sustancias, era más importante mandar a callar al ex secretario de turismo cultural Hernán Lombardi y su revanchismo del cartel que dar demasiados argumentos sobre lo de Rosenkrantz y Rosatti.
El discurso –cada vez más reforzado en su blablablá– seguía siendo el de los acuerdos y la aceptación junto al se puede y la sonrisa (¡ay, esa omnipresente sonrisa propia del sobreadaptado o el paciente medicado!). Así, todos casilleros siguieron permaneciendo vacíos: acuerdo sobre qué, futuro hacia dónde, valores cuáles, nada se nos dijo de eso. Y a pesar de tanto análisis del Big Data –que no es otra cosa que pedirle a un asesor que tabule “lo que quiere oír la gente” y decirlo independientemente de las propias convicciones– las expresiones no adquirieron si quiera espesor semántico oportunista, se mantuvieron como casilleros vacíos a ser llenadas a gusto de quien ya tenía elegidos los colores con los que completarlos. El mensaje del oficialismo se mantuvo como pura entonación. “Se trata de hablar con parsimonia y tono delicado y no decir demasiado”, recomendaban el Gran Asesor.
Sin embargo la aceptación (“la imagen”, que se dice) del Gobierno comenzaba a declinar. No había dulzura neobonaerense que atenuara un contexto de malos resultados económicos. Pero cuando el segundo semestre se convertía en tercero y el tercero en cuarto, fue de hecho ese tono y la recurrente apuesta al sentimentalismo personal frente a debates públicos el recurso que le permitió al oficialismo ganar disputas clave frente a adversarios que, convengamos, sufrían una importante crisis de legitimidad: Baradel, su pelo largo, su panza, y enfrente María Eugenia Vidal, su gesto de hada y su recordación permanente de su maternidad –una circunstancia del mundo privado– terminaron por permitirle al gobierno arrojar por la borda una discusión sustantiva como el derecho de los docentes a un salario digno (en un contexto en donde además se los responsabiliza de todos los males que sufre el sistema educativo).
Mientras tanto, del otro lado, la ex gran Empoderadora afirma ya haber quedado en el bronce: dice “tuve el honor más grande” y entonces “me excuso”. Sin control de la escena y el relato, decide tomarse unas vacaciones por Europa para no hacer peligrar su fantasía de completud narcisística en un contexto que la demandaría urgentemente: son sus logros y los derechos que dice haber defendido los que peligran, son sus empoderados los que se ven en riesgo. Pero ella prefiere ascender a las Alturas, supuestamente inmaculada, a emprender una acción a partir de la que la fantasía de perfección puede romperse. La historia que ya no puede escribir como épica personal no la convoca. (*)
Pero a no equivocarse, el siniestro fallo que permite aplicar la llamada ley del 2 x 1 bajo un argumento macabramente “garantista” (más macabro aún al llevar un nombre que suena a oferta de supermercado) no puede entenderse como una reacción a pasados personalismos. Ni a cierto revanchismo militante con el que muchos sectores defendían desde la tribuna los juicios a los represores (y que tuvo en el “olvido” del histórico juicio a las Juntas su expresión más patética). Los juicios fueron justos y largamente adeudados tras las leyes de impunidad, pero sobre todo, tras los indultos. No fueron los juicios para un sector de la sociedad, fueron y son los juicios que establecían que nadie tiene derecho a meterse con la vida del otro y que traspasarlo desde el poder es mucho más grave que hacerlo desde la sociedad civil. Que aseguran que hay un límite ético-moral insoslayable para quien gobierna.
Si la izquierda, las izquierdas, debían hacer una autocrítica por su parte en la violencia de los setentas (y lo cierto es que cuando esa discusión se comenzaba a dar, quedó totalmente solapada por el reverdecer de una militancia anclada en viejos significantes) la explicación de los atroces crímenes de la dictadura y su consenso civil no podían ni pueden explicarse, y muchísimo menos justificarse, en términos de reacción: la desmesura homicida y el sadismo torturador no son reacción ante nada, sino genuina expresión de un odio que solo busca excusas para actuar.
Lo mismo podemos decir del eventual nuevo indulto que de hecho puede significar este fallo. No se trata ni de una aséptica revisión de “vicios de procedimiento”, ni de una respuesta al revanchismo “setentista” pasado. Debe repetirse: los juicios a los represores no tienen que ver con reivindicar causa alguna, sino con establecer la única norma esencial para la subsistencia de la vida democrática… y de la vida sin más.
El 2 x 1, garantizado por los jueces del decreto (luego introducidos como la Tradición manda, es decir, previa negociación prebendaria en el senado) y por una jueza cuya permanencia en el cargo dependía de la voluntad gubernamental no son una comprensible reacción conservadora. Demuestran que la astucia electoralista no puede disimular la cara más siniestra de lo que representa. Por eso no se asume que se juzgan delitos que pueden afectar a todos los ciudadanos, sino que se libera a los viejos verdugos del enemigo de entonces.
La reacción timorata de Claudio Avruj y el cinismo de Germán Garavano frente a la resolución de la Corte son peores que el silencio del resto del gobierno. Vacío de palabras que no deja de ser ominoso. Mientras que el secretario de DD.HH afirmó que estaba de acuerdo con el fallo si “se ajustaba a derecho”, como si tal aberración jurídica pudiera justificarse desde los tecnicismo de los que echó mano, el ministro de Justicia sostuvo, ante la pregunta, que el 2×1 le parece aberrante para “cualquier” delito… como si la sistemática represión y desaparición de personas desde el Estado fuera “cualquier delito”.
Y todo se produce en un contexto en el cual los países que se nos proponían como modelos retroceden nuevamente a sus peores etapas. El fin de la historia terminó, y termina con una vuelta. Una vuelta a la muerte.
(*) Mientras edito esta nota la ex jefa de Estado anuncia que adelantará su llegada ante la gravedad de los hechos. No adelanto opinión sobre el tema. Mi perspectiva crítica hacia la permanente autorreferencia de CFK me permite sin embargo expresar mi pesimismo hacia la posibilidad de un posicionamiento a-partidario (en el sentido amplio de la palabra) como el que demanda el tema. Espero equivocarme, se necesitan voces que generen un nuevo acontecimiento ético que trasciendan las diferencias políticas.