Por Mauro Camillato
Los delitos de guante blanco no son la principal preocupación de los ciudadanos de a pie, que tan propenso están a reclamar por mayor seguridad ante la denominada criminalidad callejera (arrebatos o robos comunes). La criticada Justicia y hasta la misma Ley es mucho más benévola con este tipo de delincuentes. De hecho se los denomina de “guante blanco” erróneamente ya que supone que lo “blanco” tiene que ver con una especie de pureza, de inexistencia de contacto con la víctima y por ende de menor perjuicio y en todo caso de sufrimiento para éste. Habría que preguntarle a los damnificados por las estafas inmobiliarias en Venado al respecto.
Sobre el cierre de la semana mediante un procedimiento abreviado condenaron a Norberto “Piti” Payrú, ex empleado Municipal, a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional por considerarlo coautor del delito de estafa y autor del delito de uso de documento falso por la apropiación ilegítima de 25 hectáreas de campo perteneciente a un vecino de Venado Tuerto. Aunque esta causa no tiene que ver con la megaestafa inmobiliaria que se encuentra ahora en proceso, algunos actores se repiten. El abogado defensor de Payrú es Antonio Di Benedetto, quien es sindicado por la Justicia como el jefe de la banda que se apropió ilegalmente de inmuebles rurales y urbanos en Venado Tuerto y pueblos aledaños por una cifra cercana a los $1000 millones. Y además el fiscal que realizó la investigación y la acusación, también fue Matías Merlo (el mismo de la megacausa).
Payrú también está imputado por las maniobras ilegales que se realizaron en el Corralón Municipal, dicho sea de paso esta causa sigue en veremos a pesar que la audiencia imputativa se realizó en febrero del 2017.
Esperemos que ambos casos no culminen siendo el espejo en donde se refleje el final de la megasestafa.
Párrafo aparte, si la comparación la hacemos con lo acontecido en Rosario donde una estafa inmobiliaria similar parece que quedó en la nada, sobre todo porque un par de los acusados tienen nombres de peso, uno es un directivo del diario La Capital y el otro el propietario de una importante agencia de Bolsa. Por supuesto que lejos están los implicados de por acá de tener un peso semejante, y es de esperar que de todos modos deberán ser juzgados como cualquier vecino (lo mismo corría para los empresarios rosarinos)
A esta altura vale recordar, lo obvio: “Los ladrones son ladrones, no importa la ideología (el famoso: robo pero hace, tan de moda para justificar la corrupción estatal), ni la condición social”.
Raid mediático de Di Benedetto
En los últimos días, el abogado, Antonio Di Benedetto, sindicado por el fiscal, Matías Merlo, como el cabecilla de la Asociación ilícita que se apropió de 32 inmuebles (podrían aparecer más en el futuro) realizó un “petit raid mediático”. Entre otras cosas el profesional acusó al “gobierno socialista” de armarle la causa para “obtener rentabilidad política” y de ser una especie de chivo expiatorio. Argumento que suena por lo menos descabellado teniendo en cuenta que lejos está el implicado (lo mismo corre para los otros 15 imputados) de ser un personaje de trascendencia a nivel provincial. Sólo tuvo su minuto de fama cuando asumió la defensa del ex juez Carlos Fraticelli acusado en ese momento de asesinar a su hija Natalia.
Para darle algo de verosimilitud a lo que dijo se autodescribió como un simpatizante peronista (como si dicha condición habilitaría la posibilidad de convertirlo en víctima política), aunque a la vez en una de las tantas grabaciones telefónicas que aparecen en la causa un contacto político de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernado por el macrismo, le había ofrecido participar de la compra de un Registro de Propiedad Automotor.
Escuchas
En las más de 600 páginas de desgrabaciones telefónicas existen diálogos que podrían comprobar largamente la existencia de los ilícitos, aunque una de las líneas argumentales de su defensa la transparentó Di Benedetto, expresando que las conversaciones fueron sacadas de contexto. Pero además iría por la anulación de las grabaciones por considerar que la fiscalía no puede ordenar la intervención del teléfono de un abogado defensor (otra de sus argumentaciones que explayará en el proceso).
Un dato extra de las escuchas es la cantidad de profesionales (sobre todos abogados) que andan por los pasillos de los Tribunales, desesperados tratando de acceder a las transcripciones, más de uno tiene temor de aparecer en las misma. De hecho hay varios que por ahora “se salvaron”, porque el fiscal no consideró que había pruebas suficientes para imputarlos.
Las críticas de los políticos y los fundamentos de Révori
Los dirigentes políticos de todos los colores se apuraron en salir a criticar la decisión del juez, Benjamín Révori, de otorgarle la excarcelación a los imputados. La mayoría de ellos sin haber participado de las audiencias (que son públicas y abiertas) y ni siquiera se ocuparon de leer o escuchar los fundamentos del magistrado (también son públicos) ni el alegato del fiscal Matías Merlo. En los casos puntuales de los ministros provinciales de: Justicia y de Seguridad, Ricardo Silverstein y Maximiliano Pullaro, no se los escuchó con el mismo énfasis criticar lo sucedido con la megaestafa de Rosario.
De todos modos, más allá de las razones detalladamente fundamentadas por Révori donde adujo que no existe peligrosidad procesal de los imputados y que por ese motivo les otorgó las excarcelaciones, quedan interrogantes al respecto.
Para ser más precisos, el primero de los 16 imputados en “zafar” fue el contador oriundo de Buenos Aires (partido 3 de Febrero) Walter Díaz Franco, quien pidió acogerse a la figura del arrepentido y se lo benefició con la prisión preventiva domiciliaria. A la vez el magistrado le otorgó la libertad a Milena Fischer (empleada del estudio de Di Benedetto) y le dio por cuestiones de salud, la prisión domiciliaria a Juan Carlos Rullo. Luego fue Di Benedetto el que fue beneficiado, con la libertad condicional bajó una caución de un inmueble por el valor de 170.000 dólares. Cómo éste último es el sindicado por el fiscal Matías Merlo como el jefe de la asociación ilícita, los demás (el escribano Eugenio Casadei; el gestor, Raúl Jaime, Luis Alberto Bentati, Alberto Long, Ángel Emilio Moreale, Fernando Astigarraga, Luis Restovich, Alejandro Dall’Armellina, Roberto Miguel Sainz, Danisa Elisabet Pintos y María de los Ángeles Sarría) lógicamente también fueron liberados.
De este modo el interrogante principal pasa por lo que sucederá de aquí en más con el avance del proceso. Quizás entre otras cosas Révori interpretó que existen ya evidencias suficientes para poder continuar la investigación en pos de comprobar la figura de la Asociación ilícita (algo de eso dijo en su alocución en la audiencia cautelar de Di Benedetto).
En tanto, el que quedó en “off side” fue Díaz Franco (titular de un estudio contable), ya que pidió acogerse como arrepentido para lograr su libertad, pero ahora que lo demás la obtuvieron sin necesidad de recurrir a esa figura legal, habrá que ver si estará tan dispuesto a hablar. Es decir, Merlo puede perderse la posibilidad de recabar datos importantes.
El futuro de la causa y el antecedente de Rosario
El caso de Rosario tiene muchas similitudes con el de Venado, ambos se tratan de presuntas estafas inmobiliarias, aunque en el primero los fiscales pretendieron como máximo acordar juicios abreviados con condenas con prisión condicional, mientras que por aquí Merlo pretende comprobar la existencia de Asociación Ilícita (figura que llevaría a los involucrados bajo las rejas, ya que dicho delito no es excarcelable).
Lo cierto es que en la ciudad a la vera del Paraná, posterior a movida política de por medio, cerraron con los empresarios vinculados una salida llamada criterio de oportunidad. Esta es una salida que implica que la reparación económica acordada por las víctimas absorbe la sanción que podría caber por los delitos imputados, estafa y lavado de dinero simple en este caso, por lo que con el acuerdo civil por las multas los implicados terminaban formalmente como inocentes.
La consecuencia fue que el gerente de La Capital y el dueño de una agencia de Bolsa, que estuvieron tres años imputados por una estafa que significó apoderarse del campo de una viuda y lavar el dinero procedente de esa transacción, quedaban desvinculados del caso, como si nunca hubiera pasado nada.
En nuestra ciudad el tema parece un poco más complicado, principalmente ya que como marcamos líneas atrás, la imputación es por asociación ilícita (misma figura que se utilizó para encarcelar a la banda de Los Monos) pero como vienen las cosas habrá que esperar un tiempo prudencial para poder saber cómo terminará esta historia.