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La excepción a Corven: la lógica utilitarista y el corrimiento del Estado

Mauro Camillato

Por Mauro Camillato

Si el Estado hubiera avanzado con un proyecto que lleva más de cuatro décadas no estaríamos hoy discutiendo el tema.

Pero como es sabido nada o (casi nada) se hizo a pesar de todas los anuncios realizados al respecto en los últimos años. De hecho el tema aparece en las promesas de campañas previo a las distintas elecciones de todos los candidatos. Por supuesto quienes culminaron llegando a la intendencia rápidamente se olvidaron o no avanzaron demasiado sobre el proyecto.

Mientras tanto la ciudad sigue sin contar con un emblemático espacio recreativo, como tienen la mayoría de las urbes destacadas (y otras no tan destacadas), de todo el país.

Dicho esto, queda claro que estamos hablando de la decisión votada por mayoría en la última sesión del Concejo Municipal de aprobar el pedido de excepción presentado por  Corven S.A para utilizar casi 8 hectáreas afectadas al Área Recreativa Norte (AReN) para a instalar una nueva planta fábril.

Ética utilitarista

Jeremy Bentham (1748-1832, padre del utilitarismo) sostuvo  que tanto las acciones del Estado como de los hombres deben guiarse por el principio de utilidad. Es decir toda acción debe aprobarse o desaprobarse según tienda a aumentar o a disminuir los beneficios  de mayor número de personas afectadas en ese momento por la acción sin importar las consecuencias futuras.

Razonamiento al cual acudieron los concejales que votaron a favor (solo Fabián Vernetti y Liliana Rostom levantaron la mano por la negativa)  y el propio intendente, José Luis Freyre, para impulsar la excepción que permitiría  a Corven construir galpones en esos bajos naturales que son (según ordenanza respectiva) un lugar de uso no conforme que estaba reservado para ser parte del AReN. Es que la justificación de dicho apoyo se basa principalmente en la defensa de las “posibles” (aunque no hay ninguna confirmación de cuantas serían)  fuentes laborales a crearse, sin tener en cuenta los futuros daños ambientales. Y por supuesto tampoco importó las ordenanzas respectivas y menos aún lo sostenido por el Plan de Desarrollo Territorial de la ciudad, ni por el Plan General.

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Ese tipo de razonamiento (salvando las distancias) por ejemplo  es el  que impulsa al macrismo en este momento para intentar derogar la ley de glaciares y de bosques. Ambas leyes impiden el desarrollo de ciertas industrias por ser nocivas para los  recursos naturales y el medio ambiente.

Lo mismo se puede sostener sobre las decisiones tomadas en los últimos años con respecto al paradigma productivo imperante en la Pampa Húmeda, de hecho hasta al hartazgo se escuchó en los últimos tiempos a dirigentes y especialistas de distintos orígenes que indican que los problemas de inundaciones que venimos sufriendo por estos lados tienen que ver con dicho paradigma.

La función del Estado

Una de las claras funciones del Estado (de la política)  en un sistema capitalista es ponerle coto a las empresas que tienen en su génesis la lógica de la maximización de ganancias.

De hecho el Estado tiene la obligación de superar lo inmediato (lo coyuntural) para pensar en las generaciones futuras. Por eso es un despropósito (¿solo un despropósito?) la fundamentación esgrimida por el propio intendente, José Luis Freyre, y por el presidente del Concejo, Carlos Díaz Vélez sobre el tema. Ambos junto con los ediles enriquistas y macristas (hacía tiempo que no se veía semejante consenso en la política venadense) priorizaron las posibles fuentes laborales antes que el impacto ambiental futuro. Y en todo caso aplaudieron la generosidad de la empresa que a cambio de la excepción donará al Municipio  las 6,5 hectáreas y además caños para realizar desagües.

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Pero a la vez sientan un precedente que tendrá su impacto para adelante, ¿con que argumento a partir de ahora se le impedirá a cualquier otra empresa o en todo caso a cualquier vecino a construir en un bajo?

De todos modos, los ediles que votaron a favor y  el mismo Municipio amparan su decisión (tal cual remarca el colega Juan Franco en la edición de El Informe del viernes)  tirándole la pelota a la Provincia, ya que el dictamen de la Secretaría de Asuntos Hídricos será el que culminará dándole el visto bueno final o no al proyecto. A esta altura de la circunstancias habrá que ver hasta dónde, más allá de los argumentos técnicos, dicha repartición tendrá fortaleza política para determinar en contra, cuando el poder Ejecutivo y legislativo de la ciudad se manifestaron en la misma sintonía.

Lo no dicho

En tanto, Franco, también desnudó otro aspecto no mencionado en el debate por el tema. Es que ninguno de los defensores de la excepción, pudo justificar el porqué de la desmedida petición de la empresa para construir en ese lugar, cuando en la ciudad existen otros espacios posibles. Sobre todo por lo complicado que parece tener que elevar un terreno que es un bajo natural dedicado a un reservorio de aguas. Así en principio la excusa pasaba por la logística (la empresa ya tiene otros galpones en terrenos linderos) pero en realidad la principal explicación es porque en dicho lugar  fueron beneficiados con el gobierno nacional anterior con la posibilidad de tener una aduana domiciliaria en su propia fábrica. Un privilegio que tienen muy pocas expresas exportadoras, y que no es fácil trasladar de un punto a otro una vez obtenido.

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El avance empresarial, el repliegue del Estado

El proyecto del AReN tiene su origen en el Plan Regulador de 1976, donde se detalla el proyecto y se determina “la prohibición de su ocupación con construcciones por considerar la zona como área inundable y reservada como área verde de la ciudad”. Así sostienen que el espacio se reservara para “actividades deportivas, recreativas y culturales, incluyendo la formación de un lago que sirva a tal finés y este integrado al sistema hídrico de la laguna El Basural”.  Por supuesto que para lograr tal proyecto era necesario realizar una importante obra de regulación y de saneamiento de la laguna (incluido la desactivación del basural a cielo abierto y el traslado de las pocas viviendas que hay en la zona).

A esta altura no hay dudas que poco o nada se ha realizado y como marcamos al principio de la nota, cuando el Estado no avanza, el que si lo hace es el sector empresarial. En este orden: ¿cómo fue posible que el Municipio no se anticipara a las compras a precios muy convenientes de los terrenos que hizo Corven en el lugar?

Y en todo caso la incógnita final a develar es hasta donde la ineficiencia o el corrimiento del Estado no se termina convirtiendo en complicidad.  

 

 

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