Al no tener como las eléctricas una compañía administradora del sistema como Cammesa a quien solicitar ayudas financieras extraordinarias, las gasíferas piensan reclamarle al Gobierno que las asista vía el Banco Nación para afrontar sueldos, gastos operativos y pago a proveedores.
La variante del Banco Nación comenzó a perfilarse después de que Aranguren le cerrara el paso a las “ayudas económicas transitorias” que se habían implementado el año pasado por orden de Kicillof
Sin cobranza
Con la cobranza parada, las empresas afirman que tienen los pagos a proveedores cortados y de correr el riesgo de no poder afrontar la totalidad de los sueldos a sus empleados. En caso de que la Corte no se expidea en los próximos días (o lo haga en forma contraria al aumento), las distribuidoras de gas comenzaron a barajar un “Plan B” en caso de que la Corte no se expida en los próximos días sobre la aplicación del ajuste tarifario que está frenado desde principios de julio.
Al no tener como sus colegas eléctricas una compañía administradora del sistema como la Cammesa para solicitarle asistencias financieras extraordinarias, las distribuidoras de gas piensan orientar sus pedidos de ayuda económica hacia el Banco Nación que preside Carlos Melconián.
Cinco de las nuevas gasíferas privadas que prestan el servicio de distribución a nivel nacional les anticiparon a los funcionarios de Enargas que si la Corte no resuelve antes del próximo viernes el futuro del tarifazo, procederán a solicitar formalmente una línea de crédito especial al Banco Nación para poder hacer frente a sus compromisos operativos y laborales más urgentes.
La idea de las distribuidoras del interior es que el Estado salga en su auxilio por medio del Banco Nación con un préstamo de corto plazo cuyo repago estaría atado al cobro pleno de los incrementos tarifarios que actualmente están frenados por la Justicia.
Plan B
La alternativa de acudir al Banco Nación comenzó a barajarse en la última reunión de Adigas, la entidad que nuclea a las distribuidoras y transportadoras de gas que surgieron tras la privatización de la ex Gas del Estado a principios de la década del 90.
Si bien las dos distribuidoras más grandes del país –Metrogas y Gas Natural Fenosa—se manifestaron en contra, la mayoría de las gasíferas del interior advirtieron que están dispuestas a llevar adelante la movida ante los traspiés que viene acumulando el Gobierno y la falta de respuestas de los funcionarios del sector.
Si bien aún no hay números precisos, los cálculos preliminares que barajan los directivos de las gasíferas indican que la hipotética ayuda global que le pedirían a Melconián podría llegar a oscilar entre los 1.200 y 1.500 millones de pesos.
La variante del Banco Nación comenzó a perfilarse después que el ministro de Energía, Juan José Aranguren le cerrara el paso al planteo que habían elevado las gasíferas para que el Gobierno replicara el esquema de las “ayudas económicas transitorias” que había implementado el año pasado el ex ministro de Economía, Axel Kicillof.
En junio de 2015, la administración kirchnerista salió en auxilio de las distribuidoras de gas con un subsidio directo de 2.590 millones de pesos anuales. Esa ayuda económica fue otorgada a las siguientes empresas: Metrogas, Gas Natural Fenosa, Litoral Gas, Gasnor, Camuzzi Gas Pampeana, Gas Cuyana. Gas del Centro, Gasnea y Camuzzi Gas del Sur.
Esos recursos debían ser usados por las gasíferas para cancelar las deudas vencidas con las productoras de gas y para solventar los gastos operativos vinculados con la prestación del servicio.
Del total de subsidios comprometidos, Kicillof pagó solo 1.800 millones de pesos y dejó pendientes de cancelación alrededor de 800 millones de pesos.
Desde principios de año, el gobierno macrista fue liquidando de manera parcial la deuda heredada por los subsidios a las gasíferas.
Los últimos desembolsos se concretaron el jueves pasado con un giro de 25,3 millones de pesos a Camuzzi Gas Pampeana y otro de 42,6 millones de pesos a Metrogas que autorizó Aranguren por medio de dos resoluciones.
Fuente: LPO