Hay tensión entre el gobierno y la justicia federal. Lo acusa de demorar su ingreso al lugar por aceptar exigencias de los mapuches; los peritajes demostraron que a Nahuel lo mató una bala del grupo Albatros de Prefectura disparada por la espalda. Desde el despacho de Bullrich afirman temer que los mapuches hayan borrado evidencias de que ellos también dispararon.
Por su parte, voceros del al juez federal Gustavo Villanueva rechazaron que se hubiera acordado que los peritajes se realizarían ayer, negaron cualquier concesión a los mapuches para que permitieran el ingreso al predio y expresaron que su prioridad es acceder al área, levantar rastros y esclarecer las circunstancias de la muerte.
Las tensiones entre el Ministerio de Seguridad y la justicia federal en Bariloche a raíz de la muerte del joven mapuche Rafael Nahuel, baleado por efectivos del grupo Albatros en un episodio bajo investigación, estallaron ayer públicamente cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , advirtió que “el Gobierno no va a permitir que las fuerzas de seguridad actúen bajo una orden ilegal”. Se refería a las condiciones que, según el Gobierno, miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi le habrían impuesto al juez Gustavo Villanueva para ingresar al predio ocupado y realizar los peritajes criminalísticos que permitan el esclarecimiento de la muerte. La autopsia reveló ayer que el joven murió por una bala 9 mm, el mismo calibre que utilizó la fuerza. Recordemos que la versión oficial, defendida ayer en conferencia de prensa por Bullrich y su par de Justicia, Germán Garavano , afirmaba que los mapuches poseían armas de fuego, y por eso Prefectura había decidido disparar con balas de plomo. Ayer además Bullrich deslindó cualquier responsabilidad penal de la fuerza en el deceso del joven y apuntó a la inacción judicial.
“Fue una acción legal y legítima, totalmente enmarcada en la ley“, afirmó la ministra, en relación con el supuesto fuego cruzado que habrían intercambiado mapuches y miembros del grupo Albatros el sábado.
La preocupación del Ejecutivo se exacerbó ante el temor de que a tres días del hecho, en un predio cuyo número de ocupantes se habría incrementado, se modifique la escena del crimen, se levanten pruebas y se borren rastros. Más aún con los resultados de la autopsia practicada a Nahuel, que revelaron que el joven murió por una bala 9 mm, el mismo calibre que utilizó la fuerza nacional. El proyectil ingresó por el glúteo izquierdo, comprometió órganos vitales y se alojó en la axila derecha, afirmaron fuentes policiales.
El temor ante una imputación penal a la fuerza mutó también en malestar. La amenaza está latente y apunta a no contar con elementos probatorios que demuestren que la Prefectura reaccionó en legítima defensa ante una agresión con armas de fuego, dijeron cerca de Bullrich.
También a que se reedite parte de lo que sucedió con el caso Maldonado: una fuerza de seguridad estigmatizada, la acusación -infundada para el Gobierno- de una acción represiva cuando mediaba una orden judicial de patrullar el predio y de buscar prófugos, sumado a que uno de los efectivos de Albatros pueda ser imputado de homicidio.
En el gobierno de Mauricio Macri causaron malestar las demoras de los peritajes -que, según fuentes cercanas a Bullrich, el juzgado había acordado que se realizarían ayer bajo ciertas condiciones-, las piedras arrojadas contra la Policía Federal por la mañana desde el predio y la falta de definiciones judiciales.
La réplica de la Justicia
Voceros de la justicia federal rechazaron que se hubiera acordado que los peritajes se realizarían ayer, negaron cualquier concesión a los mapuches para que permitieran el ingreso al predio y expresaron que su prioridad es acceder al área, levantar rastros y esclarecer las circunstancias de la muerte.
“Del jueves a hoy la situación ha cambiado drásticamente y bajo ningún concepto inspeccionaremos el terreno y recogeremos pruebas con el predio ocupado. Hoy [por ayer] se tomaron las indagatorias a los dos detenidos [Fausto Jones Huala y a Lautaro González, cuya abogada es Sonia Ivanoff], se acordó con el Instituto Balseiro que perite las armas secuestradas y realice pruebas de carbón sobre las ropas tanto de Nahuel como las de los miembros de Albatros que intervinieron para detectar restos de pólvora. Además, se avanzó con otra serie de medidas probatorias”, dijo la fuente, que no descartó otro operativo de seguridad de envergadura con fuerzas federales para desalojar a la comunidad mapuche en un clima de ánimos muy caldeados.
Los mismos voceros interpretaron el “enojo” de Bullrich como una suerte de intromisión del Ejecutivo en la independencia y decisiones del proceder judicial.