Sociedad y PolíticaHotesur: la justicia federal rechaza darle la causa Hotesur a un “tribunal amigo” en Santa Cruz

Tomás Lüders07/10/2015
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Fuentes judiciales informaron a DyN que la Sala I de la Cámara rechazó los pedidos de las defensas de Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de la Presidenta; de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos, y de Antonio Ramos, presidente de Credisol, para que el expediente pase a la Justicia federal de Santa Cruz, sobre la que el kirchnerismo tiene más control aún que sobre la capitalina. La sala I de la Cámara está compuesta por jueces cercanos al oficialismo, y aunque rechazaron el pedido de las defensas, realizaron algunas advertencias sobre la causa que ya le habían quitado al Juez Claudio Bonadío para dársela al más complaciente Daniel Rafecas.

Pero a la vez en el fallo se advirtió sobre la “incertidumbre reinante” acerca de los “límites del objeto procesal” y la “ausencia de una hipótesis delictiva concreta”, por lo que puede haber riesgo de una ‘excursión de pesca’ en los tribunales. Esta expresión se vincula a los intentos azarosos para promover una investigación, lo que es “inaceptable en un Estado de Derecho”.

Expresiones similares sobre la “excursión de pesca” usó la Cámara cuando desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la Presidenta por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y al anular una investigación del juez Norberto Oyarbide en una causa por presunto lavado de dinero en el fútbol local.

Este es el tercer fallo que rechaza que la causa Hotesur sea derivada a la provincia de los Kirchner: lo había resuelto el juez Claudio Bonadio antes que lo apartaran del expediente y, a mediados de agosto, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que no hizo lugar a un planteo del empresario Lázaro Báez.

Los voceros señalaron que la resolución no podría ser apelada a la Cámara Federal de Casación Penal, pero en el caso de que las defensas lo intenten intervendrá la Sala I del tribunal, que tiene una composición afín al Gobierno.

En la causa Hotesur se investiga si en los emprendimientos hoteleros de la familia presidencial hubo lavado de dinero al recibir millones de pesos de las empresas de Báez, el histórico contratista de la obra pública de Santa Cruz, por el alquiler de habitaciones que nunca fueron ocupadas.

El juez Bonadio realizó a mediados de julio pasado cerca de 40 procedimientos judiciales en varios sitios de esa provincia en busca de documentación, entre ellos la inmobiliaria de Máximo Kirchner y en los hoteles “Alto Calafate” y “Los Sauces”, y tres días después fue apartado por la Sala I de la Cámara Federal por supuestamente violar la garantía de defensa de los acusados, y en su lugar quedó Rafecas.

Las defensas pidieron que la causa se tramite en la Justicia de Santa Cruz por entender que los hoteles y las empresas investigados están en el sur del país y allí se habrían realizado los contratos que dieron lugar a la causa penal.

El juez Eduardo Farah señaló que por los “interrogantes” de la causa -la real o ficticia ocupación o utilización de los servicios hoteleros, los pagos realizados y el modo en que fueron contabilizados, qué obra pública nacional le fue adjudicada a Báez o a sus empresas a él vinculadas, la relación entre las adjudicaciones y los contratos de hotelería y qué funcionarios públicos habrían intervenido- “no puede desarrollarse en otro lugar más que en esta ciudad”.

El juez señaló que en Capital Federal “sería donde -en la hipótesis promovida por el Fiscal- los supuestos acuerdos espurios habrían tenido lugar, y en donde, en definitiva, habría comenzado el circuito dinerario que recién se clausuraría en Santa Cruz”.

Ausencia de hipótesis delictiva

Por su parte, los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Freiler señalaron que la causa debe continuar a cargo de Rafecas que se determine cuál es el objeto que se investiga, ya que entendieron que el fiscal Carlos Stornelli no lo precisó cuando inició el expediente.

“¿Es posible establecer a quien corresponderá el desarrollo de una investigación cuando a este tiempo aún no se comprende con claridad qué es lo que debe investigarse?”, se preguntó Ballestero, y dijo que Rafecas debe “superar las deficiencias” de la investigación “a fin de contar con una plataforma fáctica lo suficientemente sólida que permita inaugurar, con expectativa de éxito, una discusión como la aquí propuesta”.

En tanto, para Freiler hay una “incertidumbre reinante en este sumario en relación con los límites del objeto procesal” y una “ausencia de una hipótesis delictiva concreta”. Alertó que “lo expuesto hasta aquí genera el riesgo de que la pesquisa se transforme en lo que se ha denominado ‘una excursión de pesca’, inaceptable en un Estado de Derecho”.

 

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