El jefe de Gabinete Jorge Capitanich advirtió hoy en su conferencia de prensa matinal que pagarle a los holdouts (“fondos buitre”) implicaría una violación de la cláusula RUFO, que habilita a los bonistas que sí ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 a reclamar si se le paga más a otro acreedor. Capitanich afirmó que esto podría tener consecuencias legales que alcanzarían a la propia Cristina Kirchner. La declaración de Capitanich podría alienarse con lo que parece una decisión tomada, después de muchos idas y vueltas: ir a fondo. ¿Por qué? Porque de pagársele a los fondos buitres, sería judicialmente discutible que Argentina se vea obligada a equiparar el pago con los bonistas que sí entraron al canje, ya que la cláusula RUFO no se aplicaría si el pago que mejoró la oferta que le fue hecha a los bonistas que entraron al canje se terminó realizando por orden judicial (y no fruto de una negociación voluntaria de las partes). El hecho de que la propia Argentina sea la que da por sentado lo que sería el peor escenario para sí misma, implica que se apuesta a no llegar nunca a la instancia de tener que pagarle a los “buitres” el precio completo de sus bonos.
Otra posibilidad, más moderada, es que el gobierno esté “haciendo tiempo” para demorar el pago exigido a través del juez neoyorquino Thomas Griesa, ya que la cláusula RUFO vence en diciembre de este año. Ayer, los abogados de la Argentina solicitaron al juez Griesa que vuelva a poner en suspenso su mandato judicial de pago a los llamados fondos buitre.
Así, Capitanich, renovó esta mañana el pedido de la Casa Rosada al juez de Nueva York, Thomas Griesa, para que reponga la medida cautelar, o stay, y ponga en suspenso el mandato judicial que fuerza al país a pagarles a los holdouts junto al resto de los acreedores.
“Lo que dice la Argentina es que necesitamos un stay. La suspensión de la orden de la ejecución de la sentencias con el objeto de la no aplicación de la cláusula RUFO. ¿Por qué razón? Por las implicancias sistémicas que generarían entre 120 a 500 mil millones de dólares, según el efecto de la aplicación por eventuales juicios que se propugnen contra la Argentina”, afirmó el funcionario, durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Capitanich, además, remarcó que un acuerdo con los fondos buitre que dispare la cláusula RUFO podría llevar a los funcionarios argentinos a enfrentar cargos penales y juicios políticos, tal como ocurrió con quienes participaron del megacanje negociado por Domingo Cavallo en 2001. “A su vez, implicaría perjuicios notorios a los funcionarios responsables, desde la Presidenta a cada uno de sus ministros”, explicó el ex gobernador de Chaco.
Griesa recibirá hoy a los abogados de la Argentina y los fondos buitre y podría decidir sobre el pedido del Gobierno para que se reponga el stay. “Hay múltiples escenarios. Cuando se adopten las decisiones explicaremos mañana las opciones derivadas de la decisión”, comentó Capitanich, sobre la audiencia en el juzgado de Griesa.