El DNU denominado de “desburocratización y simplificación del Estado” y publicado hoy en el Boletín Oficial baja multas y tiempos de permanencia en un registro de infractores.
El Decreto de Necesidad y Urgencia de Reforma del Estado fue presentado originalmente por Macri como una iniciativa para “modernizar” al sector público, pero, sorpresivamente, incluyó entre sus iniciativas tanto la reducción de las multas como la aceleración de los trámites concernientes a las multas a las empresas a las que se les hayan detectado trabajo en negro, las cuales no pueden acceder a beneficios impositivos ni crediticios durante la aplicación de la sanción.
Así, el Ejecutivo reduce la permanencia de los empleadores irregulares en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), creado por la Ley 26.940 sancionada por la administración anterior , donde se publican las sanciones por informalidad laboral y otros conflictos, siendo que durante el plazo que estuvieran publicadas las empresas sancionadas estas no podían acceder a créditos blandos y subsidios otorgados por el estado y la banca pública.
“El DNU obligará al Repsal a dar una respuesta más rápida. Esto permitirá a las empresas sancionadas regularizar su situación con más velocidad”, señaló el Ministerio de Producción a través de un comunicado. Lo cierto es que la demora no era burocrática, sino parte de la penalización, que podía alcanzar hasta los 120 días. Hoy la permanencia en el Repsal no podrá superar los 30 días.
Hoy son 22 mil los empleadores que permanecen en este registro y no pueden acceder a programas, acciones de fomento, subsidios del Estado ni a líneas de crédito de bancos públicos.
Además, quienes reincidan en la misma falta serán excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o se les impedirá deducir del impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal.
Este listado, constituido a partir de la fiscalización laboral del estado nacional y de las jurisdicciones provinciales, identifica públicamente a empresarios que tengan empleados no registrados o que hayan infringido las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas.