El gobierno busca reabrir el canje a los bonistas y pagarles en la Argentina, escapando del acuerdo realizado para pagar bajo jurisdicción estadounidense. Cristina Fernández hizo el anuncio por cadena nacional, en un mensaje grabado. Hay gran desconfianza en el sector financiero, que sostiene que la medida elimina cualquier acuerdo con los holdouts. El proyecto implicaría un cambio en los bonos. No se le cierra la puerta a los Fondos Buitre.
Nuevo proyecto
La Presidenta enviará al Congreso un proyecto de ley que impulsa el cambio de jurisdicción y la reapertura del canje para los holdouts, con las mismas condiciones de los bonistas reestructurados; así eludiría los alcances del fallo del juez Griesa.
En un último intento para salir del default selectivo en el que entró el país ante la imposibilidad de pagar la deuda reestructurada por decisión del juez Thomas Griesa , la presidenta Cristina Kirchner anunció anoche por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para cambiar la jurisdicción bajo la cual se efectúan los pagos y efectivizarlos en la Argentina.
Como gesto para conseguir adhesión de los tenedores de los títulos reestructurados, la iniciativa contempla el depósito de los fondos para el 7,6 por ciento de los bonistas que no aceptaron los canjes anteriores, incluidos allí los fondos buitre que litigan contra la Argentina. Se hará bajo las mismas condiciones de los canjes anteriores, es decir, con la quita que aceptaron quienes ingresaron a las reestructuraciones de 2005 y de 2010.
De aprobarse el proyecto, el Ministerio de Economía quedará habilitado para dar de baja el contrato con el Banco de Nueva York, organismo financiero a cargo de parte del pago de los bonos reestructurados. Además se crea un fideicomiso en el Banco Central que será el agente que hará efectivo el cobro.
Es la tercera vez que el Gobierno anuncia el cambio de jurisdicción para el pago de la deuda después de que la justicia norteamericana ratificó la decisión de Griesa de exigirle al Gobierno el pago a los fondos buitre y bloqueó la posibilidad de que el resto de los acreedores pudiera cobrar. Son 539 millones de dólares que la Casa Rosada depositó en el último vencimiento de deuda y quedaron en un limbo a la espera de una decisión judicial. Esta situación podría profundizarse en septiembre, cuando hay un nuevo vencimiento.
La jugada política, que ya había sido anticipada por el Gobierno y la propia Presidenta, busca conseguir el respaldo del Congreso y obligar a los bloques de la oposición a pronunciarse.
El proyecto de ley, de 15 artículos, especifica que los fondos correspondientes a los pagos serán “distribuidos por las entidades que designe el Ministerio de Economía o los tenedores” de deuda, que podrán optar de manera voluntaria. Según el anuncio de la Presidenta, el Gobierno deja libertad a los bonistas para poder cambiar el agente de pago. El artículo tercero destaca el “derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario que garantice el canal de cobro”.
La iniciativa habilita, además, a la cartera económica a lanzar un canje por nuevos títulos para hacer efectivo el pago en caso de “ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro” como manera de salvaguardar la nueva medida de los posibles litigios que se abran a partir del cambio de jurisdicción. Además, establece un nuevo canje para ese 7,6 por ciento que no aceptó la reestructuración anterior.
La norma que impulsa la Casa Rosada considera la deuda soberana de “interés público” y declara que la sentencia de Griesa es de “imposible cumplimiento” y “violatoria tanto de la soberanía como de las inmunidades [del país] y los derechos de terceros”.
Hoy, el ministro Axel Kicillof junto con el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, darán una conferencia de prensa para precisar la normativa que Cristina Kirchner anunció en un extenso discurso de 43 minutos. El mensaje presidencial fue grabado por la tarde y emitido por cadena nacional en el horario central de la televisión, a las 21.
La Presidenta hizo una larga explicación del origen de la deuda y defendió las negociaciones que había llevado adelante el Gobierno en los últimos dos meses. Volvió a acusar a Griesa de promover los intereses de los litigantes y sostuvo que el magistrado “inventó al servicio de los fondos buitre una novedosa forma de coacción”. Calificó de “extravagante interpretación” su fallo respecto de la cláusula pari passu para evitar que el resto de los acreedores cobraran, y recordó que hasta hubo intentos de embargo de dinosaurios, en referencia a una muestra de restos fósiles que la Argentina había llevado a Alemania, así como satélites, embajadas, reservas del Banco Central o la ya famosa Fragata Libertad.
Incluso sobre el final, Cristina lagrimeó al recordar a Néstor Kirchner y ratificó que no firmaría cualquier acuerdo. “Estoy un poco nerviosa, discúlpenme. Suelo tener más aplomo, pero siento que estamos viviendo una injusticia contra la Argentina”, sostuvo con la voz cortada, sentada en el sillón presidencial de su despacho de la Casa Rosada.
“La Argentina se niega a ser extorsionada”, abundó, y llamando a los argentinos como “compatriotas” reiteró que su compromiso “excede lo meramente coyuntural”.
Jugada audaz y riesgosa
El proyecto ratifica la voluntad de pago; remueve como agente de pago al Bank of New York y lo reemplaza por Nación Fideicomisos (NF)
Propone a los bonistas canjear sus títulos por otros emitidos y pagaderos en el país, pero deja abierta la opción de que elijan otro agente de pago
Ofrece a los holdouts pagarles lo mismo que a los otros bonistas desde el próximo vencimiento si aceptan canjear ahora. Y hacer desde ahora los depósitos correspondientes en la misma cuenta de NF
Al cambiar la sede de pago confirma el default y voltea las especulaciones sobre un posible arreglo una vez que venza la cláusula RUFO