Mauricio Macri conoce a Hugo Moyano más de lo que le gustaría reconocer. Durante 12 años fueron socios políticos en la Ciudad, donde gobernó el jefe del PRO.
Allí tejieron acuerdos que incluyeron beneficios al gremio en la recolección de basura, la colocación de fondos de Camioneros en el Banco Ciudad y el esponsoreo de la entidad al Club Independiente, que preside el sindicalista.
Esa alianza que forjaron para cimentar su propio poder y erosionar el de Cristina Kirchner en las elecciones pasadas entró ahora en una crisis de alcance indefinido.
A tal punto que en los entornos de ambos advierten que se llegó a una situación sin vuelta atrás, tras la proliferación de denuncias judiciales contra el líder sindical y la convocatoria de CGT a una protesta para el 22 de febrero, en la que esperan movilizar 500.000 personas.
“Se cortaron todos los puentes”, reveló una alta fuente del Gobierno porteño, que conoce al sindicalista.
Cerca del camionero, en tanto, presienten que el Ejecutivo está decidido a “bajar los números” con sus medidas económicas, entre ellas la reforma laboral que obstaculizó Pablo Moyano, una osadía que enfureció a Macri.
“El conflicto no tiene retorno, ya nos ubicaron como opositores”, señalan en el gremio.
Luego de que el Presidente y el líder sindical cruzaran declaraciones picantes en torno a la reforma previsional y la situación judicial del camionero, el martes pasado se dieron a conocer más operaciones millonarias entre OCA y empresas del sindicalista.
La denuncia fue aportada a la Justicia por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y es la tercera que impulsa el organismo dependiente del Ejecutivo en un lapso de dos semanas.
La avanzada trascendió el mismo día en que una mayoría numérica del consejo directivo de la CGT adhirió a la movilización de Camioneros. Pablo Moyano logró, además, que se sumaran las dos CTA y el líder del gremio docente bonaerense, Roberto Baradel.
Pero la movida dejó expuesta la fractura de hecho de la central obrera con el faltazo de “gordos” e “independientes -los de mayor volumen de afiliados- y los colectiveros de la UTA, cuyo poder de fuego es clave para paralizar la actividad.
Esa grieta es leída en el Gobierno como una señal de debilidad política.
“La CGT ya está partida”, pinchan. Pero el hijo de Moyano no se detiene. No es la primera vez que los gordos, como el mercantil Armando Cavallieri, lo dejan solo.
“Yo me preocuparía si no va La Bancaria”, explican fuentes del moyanismo. En el caso de la UTA, los camioneros esperan que se plieguen las seccionales díscolas de Córdoba y Santa Fe, donde el gremio estaría dividido.
En los papeles, la protesta es en reclamo de un bono de fin de año para Camioneros, un ítem que el gremio obtuvo en los últimos años, y para rechazar cambios en su convenio colectivo.
En las últimas dos reuniones, la Federación de Empresas de Autotransporte de Carga (Feadeaac) condicionó la entrega de ese bono a que el sindicato revise el convenio y reduzca el plus por antigüedad de 1% a 0,5%, lo que implica la pérdida de $1.500 en un salario promedio de $30.000.
Pero los camioneros buscan sumar, además, a los movimientos sociales y al PJ bonaerense. Por ello, en el Gobierno asegura que es una “maniobra política” para frenar las causas en contra de Moyano.
“Es insólito que adhiera la CGT a una marcha de camioneros. Debería ser al revés”, despotricaron. Y lo desafiaron a “que haga un partido”, una frase clásica que le gustaba repetir a Cristina Kirchner cuando se enfrentó hacia el final de su mandato con el sindicalista.Es más, los funcionarios esperan que, con el fin de la feria judicial, avancen las investigaciones contra los Moyano. Una de ellas está a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien investiga al sindicalista por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de fondos del sindicato a empresas por una denuncia del 2011 de Graciela Ocaña.
“Está claro que el Gobierno no va a frenar ninguna causa, si es eso lo que piensa lograr Moyano con su protesta”, aseguraron fuentes del Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, en la cartera laboral que encabeza Jorge Triaca no ven motivos para una manifestación sindical. Su diagnóstico es que hay salarios altos, paritarias en funcionamiento y empleo creciendo a niveles “récord”.
El último dato de trabajo registrado mostró una suba del 2,1% interanual en noviembre, impulsada por monotributistas, personal doméstico y empleados públicos. Los asalariados privados, en tanto, sumaron 11.000, superando por primera vez el nivel de hace dos años.
La foto contrasta con la que miran los camioneros -que empezaron a sufrir despidos en el Partido de la Costa y Almirante Brown- e incluso los dialoguistas de CGT.
Pablo Moyano trató de reflejarlo la semana pasada al recibir en su secretaría gremial de Azopardo a una comitiva de ATE por el despido de 250 empleados del INTI.
El conflicto estalló en el marco del ajuste en organismos y empresas estatales donde se registraron cerca de 5.000 cesantías en los últimos dos meses.
Teléfono abierto
Detrás de las líneas de fuego, quienes conocen de cerca la relación entre Macri y Moyano aclaran que los puentes están cortados “por ahora”, pero todavía no fueron dinamitados.
Aunque el Presidente ni su Gabinete volvieron a conversar con el camionero tras escalar la tensión, el oficialismo mantiene funcionarios “satélites”, de menor rango, con el teléfono abierto.
Esa precaución revela el interés del macrismo por evitar un incremento de la conflictividad. Sobre todo, en momentos en que enfrenta dificultades para avanzar en su misión de que las paritarias cierren en torno a una pauta del 15% y sin cláusula gatillo.
Los bancarios lanzaron tres días de paro general a partir del viernes próximo, en rechazo a la oferta de un 9% de suba, mientras que los docentes también preparan medidas, tras el decreto que anuló la paritaria nacional.
En vistas de las complicaciones, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se metió de lleno en las negociaciones salariales en medio de la crisis desatada por el escándalo de la empleada de Triaca.
Con el funcionario de vacaciones, Quintana contactó al ala dialoguista de la central obrera para intentar destrabar la discusión salarial, pero también para acercar a ese sector al Gobierno y aislar a Moyano, tal como ocurrió la semana pasada en el consejo directivo de la CGT.
En el Gobierno no le perdonan al camionero el boicot de su hijo a la reforma laboral. Tampoco creen en la respuesta reiterada del líder: “A Pablo no lo puedo controlar”.
Pero quienes conocen la relación familiar saben que lo que podría ser una táctica pendular tiene algo de verdad. Los empresarios que visitan el sindicato para negociar paritarias vieron con sus propios ojos en más de una ocasión cómo el padre frenó a su hijo en seco o revió sus decisiones. “Pablo es explosivo, dinamita todos los puentes”, confiesan.
Hugo Moyano, en cambio, es frío, diplomático. Los dirigentes gremiales que lo frecuentan aseguran que manejó esa sutileza cuando le dijo a Macri en su carta reciente que “se metió con todos los jubilados”.
“En ningún momento lo agravió”, dicen quienes lo conocen. Previamente el Presidente criticó al camionero por meterse con su padre, Franco, “una persona de 86 años retirada en su casa” y le recomendó que “tiene que estar tranquilo e ir a la Justicia”.
Cerca del dirigente admiten que “Hugo Moyano tiene siempre todos los canales abiertos”. Esa flexibilidad le redituó en la campaña de 2015 elogios de Macri, quien reconoció tener una “relación de confianza” en la que “sigue aprendiendo de Hugo”.
Pero lo que prometía ser una alianza duradera se convirtió en dos años de gestión en un conflicto abierto.
La cuestión es si Macri quiere conservarlo como aliado o, por el contrario, está decidido a dinamitar el puente que construyeron desde la Ciudad.
Fuente: Iprofesional