Le atribuyó a la imprenta Donnelley intentar alterar el orden económico al declarar su quiebra; también la vinculó con el fondo buitre de Paul Singer. Durante lo que fue un mismo discurso, también se defendió de las críticas de los empresarios por la ley de abastecimiento.
“Nos quieren ver de rodillas”
La presidente Cristina Kirchner anunció ayer que promovió la aplicación por primera vez de la llamada ley antiterrorista, sancionada a instancias de su gobierno en 2011, contra la imprenta de capitales estadounidenses Donnelley por “alteración del orden económico y financiero”.
La denuncia ya fue presentada por la AFIP después de que la compañía que cerró la semana pasada consiguió que la Justicia le declarara la quiebra. La Jefa de Estado dijo que esa quiebra es “falsa” y vinculó a esa empresa gráfica con el fondo buitre NML, de Paul Singer, al que responsabilizó de tejer un “entramado mafioso” para perjudicar al país y querer “verlo de rodillas”. “Es un intento de atemorizar a la sociedad”, definió Cristina Kirchner, que convocó durante toda su aloución a la sociedad argentina en su conjunto a defender los intereses nacionales.
Durante un encendido discurso, la Presidenta cargó contra los empresarios que criticaron al Gobierno por el nuevo proyecto para modificar la ley de abastecimiento y los convocó a debatir la iniciativa en el Congreso.
“Los problemas no se discuten desde los diarios”, les advirtió a los empresarios tras las críticas que hicieron las distintas cámaras del sector económica, entre ellas las industriaesl y de los sectores financieros nacionales y extranjeros, quienes en distintas declaraciones y comunicados oficiales consideraron que había “un exceso de intervención del Estado en las compañías” (UIA, dixit). Sin dar nombres, la Jefa del Gobierno le respondió de manera directa a las declaraciones del titular de la UIA, Héctor Méndez , pero generalizó su amenza a al resto de la dirigencia empresarial, al considerar que pretendía “minar las expectativas” económicas para perjudicarla. En la primera fila la escuchaba el vicepresidente de la UIA, José Urtubey. “Vamos a ir a discutir la ley al Congreso. Me parece bien, siempre dentro del ejercicio democrático respetuoso”, dijo al diario La Nación cuando dejaba la Casa Rosada.
En 45 minutos, ninguno de los actores políticos y económicos del país quedó fuera de los cuestionamientos presidenciales. Uno de los blancos fueron los gobernadores de provincias petroleras que resisten la nueva ley de hidrocarburos que impulsa la Casa Rosada (ver página 15). También dedicó advertencias a los sindicatos, a quienes les pidió responsabilidad para cuidar el empleo, y dejó un mensaje para los mandatarios del resto del país, que recibieron nuevos fondos para la construcción de viviendas y a quienes les exigió mayor gestión bajo la amenaza de quitarles los recursos si no cumplían con lo acordado. Buena parte de los protagonistas apuntados estaba sentada en las primeras filas del Salón Mujeres de la Casa Rosada.
El acto había sido convocado para anunciar el relanzamiento de un plan de viviendas sociales que implicará para el Estado duplicar los recursos que les enviará a las provincias, por un total de 16.285 millones de pesos. Pero el principal anuncio de la Presidenta estuvo relacionado con la denuncia contra Donnelley en el fuero federal por el delito de alteración del orden económico y financiero. Según detectó el Gobierno, la empresa multinacional presentó ante el Juzgado Comercial N° 19, a cargo de Gerardo Santicchi, el pedido de quiebra sin antes demostrar una situación económica crítica. Lo hizo el viernes 8 de agosto y el lunes siguiente el magistrado le dio la razón. “Decretó una quiebra exprés. Ni [Thomas] Griesa hizo eso”, se quejó, con relación al juez de Nueva York a cargo del juicio contra los fondos buitre por la deuda no reestructurada.
La denominada ley antiterrorista fue sancionada a instancias del Gobierno para los casos en los que se busque “aterrorizar a la sociedad”. Fue invocada por primera vez a fin del año pasado contra el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, porque un fiscal federal consideró -a instancias del entonces gobernador Zamora- que con sus reportes buscó generar inestabilidad social. Sin embargo, después ese cargo fue desechado.
Cristina Kirchner hilvanó ayer el caso Donnelley con los fondos buitre, al sostener que NML, de Singer, había tenido participación accionaria en Donnelley y que la había transferido al fondo de inversión Blackrock. Detalló, además, que el Gobierno había iniciado una investigación interna para determinar qué empresas radicadas en el país pueden estar relacionadas con alguno de los fondos buitre. Y allí saltó la vinculación con Singer, que comparte sociedades con fondos inversores dueños de Donnelley. En forma paralela, la AFIP pidió al juez de la quiebra que revoque la sentencia. Además hará una presentación ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos.
Cristina Kirchner defendió la sanción de la ley antiterrorista que en los partidos de izquierda e incluso dentro del propio oficialismo generó un fuerte debate ante la sospecha de que el Gobierno la aplicaría para reprimir la protesta social. “Éste es un gobierno que jamás sancionó una ley para perseguir al pueblo”, agregó.
“Quieren ver al país de rodillas. Pues conmigo de presidenta, de rodillas nunca”, lanzó para recibir los aplausos desde los dos patios repletos de militantes. Esta vez incluyó a trabajadores de la Uocra, el gremio de la construcción, que se hicieron espacio con sus banderas verdes para disputar su lugar con los ya habitués de Unidos y Organizados..