La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino “medidas alternativas a la detención preventiva” de la dirigente social Milagro Sala, “como el arresto domiciliario” o bien que “pueda enfrentar los procesos (judiciales) en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”.
Este pedido integra las “medidas inmediatas” contempladas en una cautelar otorgada por la CIDH en favor de Milagro Sala, cuyo alcance se conoció hoy y que habían solicitado ante ese organismo de la OEA el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina y la asociación de abogados del noroeste argentino Andhes.
“La Comisión tomó en cuenta que existen una serie de particularidades que rodean la privación de la libertad de la señora Milagro Sala e identificó múltiples factores de riesgo que incluyen presuntos hostigamientos, una amenaza de muerte y agresiones en su contra”, señaló la CIDH en un comunicado.
Además, “verificó la continuidad de la privación de la libertad de la señora Sala, a pesar del pronunciamiento del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que en su opinión 31/2016, publicada en octubre de 2016, calificó tal detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, llamando a su liberación inmediata”.
“La Comisión determinó que la suma de las fuentes de riesgo identificadas se traduce en una situación de riesgo a la vida e integridad de la señora Sala que requieren medidas inmediatas para salvaguardar sus derechos”, subrayó.
En el comunicado, también indicó “que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables”.
En las numerosas causas penales promovidas en su contra, impulsadas en su mayoría por el gobierno de Jujuy y su fiscal de Estado, Mariano Miranda, Milagro Sala está acusada de fraude en el uso de fondos públicos destinados a viviendas sociales, extorsión y asociación ilícita, entre otros delitos.
A mediados de junio último, una delegación de la CIDH había visitado a Milagro Sala en el penal del barrio Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy.
Previamente, la delegación encabezada por el presidente de la CIDH, Francisco de Eguiguren, se había reunido con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y el fiscal de Estado Mariano Miranda.
En esa ocasión, Eguiguren declaró a la prensa que la comitiva de la CIDH viajó a Jujuy, invitada por el gobierno provincial, para conocer en terreno la situación de Sala y en el marco de la medida cautelar solicitada a la Corte Interamericana, otorgada este jueves.