El país solo cuenta hasta el miércoles para no entrar en cesación de pagos
A la república Argentina solo le queda hasta el miércoles para arreglar con los fondos buitre o caer en una nueva cesación de pagos, la segunda en 12 años. El mayor conflicto es que, al no prorrogarse el stay (cautelar) que emitió el propio juez Thomas Griesa para que las partes negocien, el país podría verse atrapado por la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers). Ese es el nombre de la cláusula que firmaron los acreedores que sí aceptaron la quita del 65,6% y que les permite (hasta septiembre de este año) recibir cualquier mejora que se haga en pagos hechos por fuera de dicha negociación. . En resumen: Argentina se encuentra entre los buitres y la RUFO. La discusión es si la cláusula RUFO puede aplicarse como fruto de una orden jurídica y no una negociación voluntaria entre las partes.
Algunos especialistas independientes vaticinan que esta vez el default podría ser “mucho más corto”, aunque nadie arriesga proyecciones muy seguras. Los economistas del Gobierno argentino consideran también que hay pocas posibilidades de que la cláusula se dispare. Pero creen que el riesgo existe.
Por otra parte El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , anunció que Argentina enviará a Nueva York un nueva comitiva estará integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López; el de Legal y Administrativa, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
“La delegación argentina participará del diálogo que mantiene el país en virtud del fallo del juez Griesa para que se establezcan condiciones de negociación justas y equitativas para el 100 por ciento de los bonistas”, afirmó Capitanich esta mañana durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
El default de 2002
Debe recordarse que nuestro Gobierno de Argentina incurrió 2002 en la mayor cesación de pagos de la historia: 82.000 millones de dólares (61.000 millones de euros). No había forma posible de pagar esa monstruosidad salvo que los acreedores aceptaran una quita considerable en el cobro de su deuda. Así que el 92,3% de ellos aceptaron canjear su deuda por unos bonos que contemplaban la reducción del 65,6% en el cobro –oferta posteriormente mejorada a través de sucesivos anexos hechos a los nuevos bonos, supeditados al crecimiento del país–. Esos son los que Cristina Fernández llama “bonistas de buena fe”. Para convencerlos de que aceptaran esa rebaja, se les dijo que nadie obtendría mejores condiciones que ellos. Y se les ofreció la cláusula RUFO, mediante la cual el Gobierno se comprometía a que si hasta diciembre de 2014 llegase a conceder mejores condiciones de pago a otros bonistas, ellos tendrían derecho a las mismas condiciones. O sea: si el Gobierno pagase voluntariamente a los “buitres” la deuda en su totalidad, sin quita alguna, los acreedores “de buena fe” podrían exigir también ante los tribunales el pago total de sus deudas.
Así que el Gobierno de Fernández se encuentra ahora entre la espada de tres “fondos buitre” litigantes que reclaman el pago de 1.500 millones de dólares (1.300 más intereses)… Y la pared de la cláusula RUFO, que en caso de activarse podría provocar que los “bonistas de buena fe” reclamen compensaciones superiores a los 120.000 millones de dólares, cantidad cuatro veces superior a las reservas de divisas del Banco Central argentino. Esa es la versión del Gobierno. Sin embargo, los holdouts o fondos buitre aseguran que no existe posibilidad de que la cláusula RUFO se dispare, ya que el Gobierno no está realizando una oferta voluntaria a los buitres, sino que se ve obligado a pagarles porque así lo exige una sentencia del juez federal del distrito sur de Nueva York, Thomas Griesa, de 83 años.
Los economistas del Gobierno argentino consideran también que hay pocas posibilidades de que la cláusula se dispare. Pero creen que el riesgo existe. Y para eliminar ese riesgo por completo han pedido tiempo a Griesa, una extensión de la moratoria en el cumplimiento de la sentencia (stay). Si el Gobierno pagase dentro de seis meses, en enero de 2015, no habría ningún peligro de que se activara la cláusula RUFO. Pero el juez Griesa ha denegado las moratorias. Y ha conminado a las partes a negociar a través del abogado Daniel Pollack, un mediador designado por el propio juez.
Hasta el momento la negociación ha sido una historia de no-negociaciones. Los fondos y el Gobierno cruzaron acusaciones y descalificaciones a través de anuncios en la prensa argentina y estadounidense. Y el pasado jueves, la presidenta Fernández tensó un poco más la cuerda al declarar en un discurso televisado: “Yo quiero decirles a todos los argentinos, quiero decirles que la Argentina no va a estar en default [impago]. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla, esencial, elemental, tan obvia que no tendría que decirla. ¿Pero saben por qué no vamos a estar en default? Porque en default entran los que no pagan y Argentina pagó. (…) Van a tener que encontrar un nuevo término que refleje que un deudor pagó y alguien bloqueó y no deja llegar ese dinero que es de terceros, a esos terceros que son los tenedores del canje del 2005 y del 2010 que entraron de buena fe”.
Fernández se refería a que su Gobierno depositó el mes pasado 539 millones de dólares (401 millones de euros) en el Bank of New York Mellon (BoNY) para que lo cobrasen varios acreedores de los que aceptaron las ofertas de quita en 2005 y 2010. Pero Griesa, ese “alguien” que “bloqueó”, no permite que se pague los 539 millones a los bonistas de buena fe sin antes pagarles a los tres fondos litigantes sus 1.500 millones de dólares. Y el 30 de julio expira el plazo para pagar a los de “buena fe”, para los “buitres” y para el Gobierno argentino.
En ese contexto, el juez Griesa recibió el pasado jueves críticas desde un blog económico del New York Times. En el artículo, que apareció en la versión impresa del viernes y está firmado por el corresponsal económico del diario, Floyd Norris, cuestiona que Griesa entiende la complejidad del tema sobre el que se está pronunciando.