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El peronismo se unificaría contra el proyecto de flexibilización laboral

Política

 

El round 2 del gobierno por la reducción de los costos del trabajo tiene como irónica semana a la del primero de mayo, la del día internacional en el que se concentran los reclamos por los derechos que, justamente, intentaría “flexibilizar” el actual gobierno. La medida peligraría sin embargo, dado que los votos del PJ se unificarían en contra -el Gobierno no generó además buen clima entre los gobernadores, que manejan gran cantidad de legisladores, luego de “proponerles” públicamente que recorten las cargas impositivas sobre las boletas-.

Tres proyectos para un objetivo

Los tres proyectos de ley enviados al Senado apuntan a la regularización de trabajadores no registrados (blanqueo laboral), a la creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología de la salud y a la conformación de un sistema de “prácticas formativas de los estudiantes” –i.e. la vuelta de las famosas “pasantías” a partir de las que las empresas se ahorran cualquier tipo de aporte sobre su empleador–, respectivamente.

El principal proyecto es el que propone una gran amnistía para los empresarios que hayan tenido a sus empleados en negro y deseen “blanquear” personal, obligando a los trabajadores a renunciar a futuras acciones legales. La medida no suena del todo desacertada para algunas pymes que no pueden afrontar las llamadas cargas patronales –de hecho en 2009, pleno kirchnerismo, se ideó una medida similar, con el famoso spot “Vamos, Don Carlos”– aunque no diferenciará por tamaño de empresa y, además, no prevé mayores multas para quienes sean descubiertos con personal en negro después del blanqueo.

Además, en el proyecto sobre blanqueo, el Gobierno incluyó una modificación del cálculo de las indemnizaciones por la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni el sueldo anual complementario (SAC), como ocurre hoy. El Gobierno propone la creación de un fondo de cese laboral, el cual sería constituido mediante un convenio colectivo suscripto por las cámaras y el gremio principal de cada sector.

Así, el empleador aportaría cada mes un porcentaje del sueldo más adicionales remunerativos y no remunerativos. Se trata de una modalidad ya usada en la construcción, apuntan en el Gobierno. Desde la CGT, Héctor Daer criticó ayer la propuesta oficialista: “En estos días nos desayunamos con un proyecto que quiere volver a bajar las indemnizaciones y otro que quiere hacer desaparecer las indemnizaciones, como si eso fuera el problema de la inversión en la Argentina”.

Quienes las blanqueen en los primeros seis meses de vigencia gozarán de un descuento del 100% de las multas que les correspondieren, y los que lo hagan entre los seis meses y el año, tendrán un descuento del 70%. Al trabajador se le reconocerán cinco años de aportes y pasará a tener un empleo registrado.

Otro de los proyectos enviados al Congreso propone la instrumentación del Sistema de Prácticas Formativas (pasantías) para los estudiantes y graduados de la educación superior a realizarse en empresas o en instituciones públicas o privadas. La medida, ya instrumentada en los 90s, les permite a los empleadores contratar personal por fuera de los marcos salariales establecidos en los convenios y ahorrarse el pago de todas las cargas patronales, es decir, se trata de una nueva legalización del trabajo en negro, aunque por plazos acotados –siempre fáciles de vulnerar- y con supuestos “objetivos formativos”

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Rechazo del PJ

Desde el peronismo las aguas no vienen bajando calmas, máxime considerando que el Gobierno se ganó la animosidad de los gobernadores luego de “correrlos” en público para que eliminen las cargas impositivas que depositan sobre las boletas de los servicios. Hoy, los legisladores que responde a las provincias podrían votar con el resto contra los proyectos del gobierno.

El voto del peronismo es clave; sin su apoyo, el oficialismo, en minoría en ambas cámaras, difícilmente pueda imponer sin cambios su iniciativa. Tanto el Frente Renovador como el bloque de legisladores de Argentina Federal (que responde a los gobernadores del PJ) y el kirchnerismo actuarán en consonancia con lo que decidan los gremios.

“Nosotros actuaremos conforme sea la decisión unívoca de la CGT. No vamos a desmarcarnos”, anticiparon voces muy cercanas al jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto. Igualmente, supeditaron cualquier decisión a lo que resuelva la nueva cúpula de la CGT, cuya renovación se postergó (por diferencias internas) hasta después de julio.

Otro de los jefes de la CGT, Juan Carlos Schmid, anticipó que rechazará la iniciativa oficial si esta incluye un cambio en el cálculo de las indemnizaciones. “No hay confianza en las propuestas del Gobierno porque primero dice una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar”, adelantó a Radio La Red.

En el oficialismo esperaban esta reacción sindical. “Es una cláusula que el Gobierno incluyó para negociar con los gremios otros temas”, aventuró un encumbrado legislador de Cambiemos.

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