PolíticaEl gobierno se mueve para desplazar a Gils Carbó

Tomás Lüders18/10/2016
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El gobierno impulsa un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que establece que se revisarán todas las designaciones y traslados de fiscales ordenados por Alejandra Gils Carbó desde el 2012 a la fecha y fija un límite de cinco años al mandato de la procuración general –el cargo de Gils Carbó–

El proyecto que reforma la ley 27.148 del Ministerio Público apunta a recortar las atribuciones al Procurador General de la Nación, no sólo porque acabaría con el régimen vitalicio del cargo del procurador, sino además porque le quitaría la facultad de la que dispone en la actualidad de intervenir en los procesos de selección y remoción de fiscales, además de armar los concursos.

De esta manera, el Gobierno lograría poner fin a la continuidad de la actual procuradora Gils Carbó, que cumpliría cinco años al frente de ese organismo el 29 de agosto del 2017, fecha en que, de aprobarse el proyecto, el presidente Mauricio Macri estaría facultado para denegarle un segundo mandato.

La iniciativa recibiría dictamen a partir de las 14, en el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, y estaría en condiciones de llegar al recinto el próximo miércoles 26 de octubre, según publicó la agencia NA.

Además, en el predictamen que manejan los diputados se prevé que en el caso que se inicie un trámite para la remoción del cargo del procurador, la solicitud debe partir de la Cámara Baja, y requerirá de la mayoría simple en ese cuerpo para luego ser aprobado por mayoría especial de dos tercios en el Senado.

Hasta ahora, la remoción del procurador exigía mayoría especial en ambas cámaras, con lo cual la reforma facilitará, al menos, la iniciación del procedimiento del jury. Las causas de remoción por mal desempeño detallados en el texto del predictamen incluyen, entre otros, la participación en “actividades partidarias”, con lo cual el oficialismo se valdría de un fundamento para avanzar el el desplazamiento de Gils Carbó por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo.

Toma y Daca
Tal como quedó redactado la iniciativa, la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal presidida por Graciela Camaño (Frente Renovador) cobrará un poder relevante, absorbiendo algunas de las atribuciones que perderá la Procuración General. Esta sería una de las piezas de cambio que tiene el oficialismo para obtener el sí del massismo, sector con el que viene manteniendo una tensa relación en los últimos meses.

Por ejemplo, todas las designaciones de fiscales generales de distritos, de titulares de procuradorías especiales, de unidades fiscales especiales y de direcciones generales -que hasta ahora sólo requerían de la decisión de Gils Carbó- a partir de la entrada en vigencia de la reforma deberán ser remitidas a la comisión bicameral de Camaño para su revisión y aprobación.

Además, la llamada “comisión Camaño” podrá revisar todos los traslados de magistrados fuera de la jurisdicción autorizada originalmente por el Senado. De hecho, la normativa establece que los magistrados que hayan sido trasladados deberán retornar a su cargo original en un plazo no mayor a 48 horas, desconociendo de esa manera todo lo actuado por Gils Carbó en esa materia.

La bicameral también tendrá en sus manos la aprobación final de los fiscales generales de distrito designados, que tendrán un mandato de dos años.

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