La Casa Rosada apuesta a reposicionarse con un paquete de medidas ambiciosas dealto impacto. Además de la amnistía fiscal y del régimen de promoción a las Pymes, entre otras, prepara una suba del haber jubilatorio, que pasará de un promedio de algo menos de $9.000 a alrededor de $14.000.
Se trata de una medida que en principio se oficializará el día viernes y que beneficiará a casi un millón de personas.
Además, el pedido del presidente al titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, fue ponerse al día con los juicios de los jubilados por reclamo en la actualización de haberes entre 2003 y 2006.
Por eso se enviará al Congreso una ley que pretende ponerle punto final a los 300.000 juiciosde jubilados contra la ANSeS, que exigen el pago de un reajuste de los haberes.
El proyecto tiene la intención de no solo resolver los litigios en curso, sino también abordar lospotenciales reclamos a futuro de 700.000 jubilados que no recurrieron a los tribunales, pero que están en la misma situación de los que sí demandaron al Estado.
A los jubilados se les ofrecería un acuerdo o “transacción” voluntaria con un pago equivalente a un porcentaje del reclamo. De esa cancelación, una parte se abonaría al contado y el resto en 2 o 3 cuotas, actualizada por el índice de movilidad del sistema.
Con esta opción, los jubilados podrán optar entre abandonar el juicio o continuarlos. Por su lado, los que aún no hicieron ninguna demanda tendrían que desistir de recurrir a esta instancia judicial. En base a ese potencial entendimiento, los haberes corrientes serían actualizados por los índices fijados por la Justicia.
En lo que respecta a las sentencias firmes, el Gobierno pagará unos 50.000 fallos este año, que ya fueron proyectados en el Presupuesto 2016. El monto asciende a $12.500 millones.
En promedio, el organismo previsional paga $250.000 por sentencia y calculan que, sumando todos los juicios, el Estado tendrá que pagar $250.000 millones. A ello hay que restarle las eventuales quitas que puedan surgir en los acuerdos voluntarios entre los afectados y la ANSeS.
La estrategia que adoptó el kirchnerismo en estos años con la “clase pasiva” fue aplazar lomáximo las demandas, apelando cada una de las sentencias y postergando la liquidación final.
Los juicios pueden superar los 10 años. Finalmente, el desenlace siempre es el mismo: el Gobierno tiene que abonar lo adeudado con retroactividad más intereses, lo que amplía el volumen de la deuda.
Hace meses, el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, había dado indicios sobre esta ley: “Tenemos un stock grande de juicios que hemos recibido como herencia y queremos hacer alguna propuesta al respecto. Creemos que la estrategia de seguir postergando la resolución de estos juicios no es adecuada, considerando que hay adultos mayores, de edad avanzada que siguen litigando con el Estado hace muchos años”.
El objetivo es que el flujo de este fondo se empiece a usar para financiar cosas que tienen que ver con los jubilados, como es este caso, y no para otros fines, como en el Gobierno anterior.
En la ANSES no descartan vender alguna acción, pero no este año ni el próximo, sino en 2018. La estrategia sería desarmar en cuotas respetando el orden del Merval.